La controversia que rodea el proceso de contratación del consorcio de Power Expectations parece subir de tono, pues la comunicación más reciente de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) al gobierno ha sido enviada y firmada por su asesor legal externo Proskauer Rose LLP.

Proskauer, una de las firmas legales más grandes y prestigiosas de Estados Unidos, cuya sede principal está en la ciudad de Nueva York, es el asesor legal externo de la JSF desde hace una década y junto a los directivos del organismo ha liderado el proceso de quiebra del gobierno puertorriqueño.

En una comunicación enviada este jueves, 20 de agosto, los asesores legales de la JSF contestaron a Osvaldo Carlo Linares, presidente de la Oficina Independiente de Adquisiciones (3PPO, en inglés) de la Autoridad para las Alianzas Público Privada, quien comunicó a la JSF su preocupación en torno a que el contrato haya sido cancelado sin que Power Expectations tuviera oportunidad de responder a las alegaciones en su contra.

Además, Carlo Linares cuestionó el potencial conflicto de interés de O’Neill & Borges, el asesor legal externo de la JSF en Puerto Rico, pues el bufete también representa a Enchanted Rock.

Asimismo, la 3PPO insistió en su comunicación al organismo federal que las alegaciones de fraude por parte de Enchanted Rock fueron referidas tanto a las autoridades locales como federales.

La JSF revocó el pasado viernes su aprobación al contrato de $5,887 millones al consorcio compuesto por Power Expectations, Enchanted Rock y Reyes Contractor Group. Entre otras razones, la JSF señaló alegadas irregularidades en la firma del acuerdo y que a más de dos meses desde que se firmó el pacto, los contratistas no habían iniciado los trabajos.

En la más reciente comunicación de la JSF, firmada por la abogada de Proskauer, Margaret A. Dale, indica que las preocupaciones planteadas por el ex fiscal federal son infundadas y no modifican la decisión del organismo de revocar su aprobación ni su instrucción a la AEE para cancelar el contrato.

La directora ejecutiva de la AEE, Mary Carmen Zapata Acosta, canceló formalmente el contrato el pasado 18 de agosto.

“Su decisión (la de JSF) no depende de resolver las alegaciones de fraude ni de determinar cuál de las partes tiene razón en la disputa entre Power Expectations y Enchanted Rock/ERock. De hecho, la (JSF) expresamente no adopta posición alguna respecto a esa controversia. Su preocupación radica en determinar si los hechos que sirvieron de base para su aprobación siguen siendo los mismos que le fueron presentados y si las condiciones bajo las cuales se otorgó dicha aprobación continúan cumpliéndose”, lee la carta enviada ayer, jueves, 20 de agosto.

La controversia cobró mayor notoriedad luego de que ERock, matriz de Enchanted Rock, informara que no había autorizado el uso de su imagen ni firma para el ahora cancelado contrato con la AEE.

“Ese hecho es determinante porque la participación de Enchanted Rock/ERock constituyó una base fundamental tanto para la adjudicación del proceso de contratación como para la aprobación otorgada por la Junta de Supervisión”, subrayó la abogada.

La comunicación de Carlo Linares incluyó una comunicación que el mismo 18 de agosto, envió Eddie Echevarría, principal oficial ejecutivo de Power Expectations. En la misiva, Echevarría cuestionó la decisión de la Junta Fiscal de revocar su aprobación al contrato y alegó que el organismo actuó sin garantizar el debido proceso a su empresa.

Echevarría también insistió conocer el expediente, la evidencia y las disposiciones legales o contractuales en las que se basó la decisión, además de una oportunidad para presentar su defensa.

La empresa también solicitó información sobre posibles conflictos de interés e intervenciones de abogados o cabilderos vinculados al proceso y advirtió que se reserva el derecho de acudir a los tribunales si la JSF mantiene la revocación.

“Las preocupaciones sobre el debido proceso planteadas en su carta no vienen al caso. Su carta caracteriza la actuación de la Junta de Supervisión como una cancelación del contrato ‘a raíz de las alegaciones de una de las partes’ y pregunta si la (JSF) se considera exenta de los requisitos constitucionales del debido proceso. Eso no fue lo que ocurrió”, contestó Dale a Carlo Linares.

“La Junta de Supervisión no adjudicó las alegaciones de Enchanted Rock/ERock ni determinó que Power Expectations hubiera cometido fraude. Más bien, revaluó y revocó su propia aprobación tras conocer que una premisa fáctica material que sustentaba dicha aprobación, es decir, la participación de Enchanted Rock/ERock como parte cualificada del Vendedor, ya no existía”, subrayó la abogada.