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Junta Fiscal exige respuestas inmediatas a la AAPP sobre contrataciones energéticas

La agencia no ha entregado la información requerida por el ente fisca sobre varios proyectos de generación eléctrica

20 de agosto de 2026 - 7:30 PM

Josué Colón es el jefe de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico (AAPP, en inglés). (Pablo Martínez Rodríguez)

Ha pasado más de un mes desde que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) solicitó información relacionada con los procesos de adquisición que lleva a cabo la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico (AAPP, en inglés), pero la agencia continúa sin entregar la información requerida.

De acuerdo con una carta firmada por Jaime A. El Koury, asesor legal general de la Junta Fiscal, la AAPP, dirigida por Josué Colón, sigue sin contestar preguntas relacionadas con el proyecto de nueva capacidad flexible de generación, que contempla hasta 3,000 megavatios (MV) de nueva capacidad, y otro proyecto de aproximadamente 600 MV de capacidad firme de generación en la central Costa Sur.

“Mientras estas preguntas continúen sin respuesta, la Junta de Supervisión no puede ejercer adecuadamente su responsabilidad de garantizar el cumplimiento con la Sección 204 de (la Ley) Promesa, que requiere que la Junta Fiscal asegure que los contratos sean consistentes con los Planes Fiscales, promuevan la competencia en el mercado y fortalezcan la confianza pública en los procesos de contratación gubernamental”, lee la carta publicada este jueves.

El 17 de julio de 2026, la Junta Fiscal emitió una solicitud de información relacionada con asuntos significativos aún pendientes sobre estos procesos de adquisición, y solicitó que la AAPP proporcionara respuestas completas antes de emitir cualquier selección o adjudicación final.

Entre las cosas que solicitó figuran detalles sobre los criterios utilizados para determinar si los proponentes tenían la capacidad financiera y técnica para desarrollar los proyectos, incluyendo evidencia de financiamiento, estados financieros auditados, garantías de las matrices y cartas de crédito.

“A pesar de múltiples solicitudes de seguimiento y de varios compromisos por parte de la AAPP para entregar las respuestas, han transcurrido ya 33 días desde la emisión de la solicitud de información del 17 de julio y la Junta Fiscal aún no ha recibido las respuestas requeridas”, insistió el asesor legal del organismo.

La JSF insistió en que permanecen pendientes importantes asuntos estructurales y procesales, incluyendo acceso portuario, infraestructura y logística de combustible, requisitos de permisos e interconexión, criterios de cualificación técnica y financiera, costos de los proyectos, viabilidad de entrega y asequibilidad para los consumidores.

También existen cuestiones más amplias de gobernanza relacionadas con los roles y responsabilidades de las entidades encargadas de supervisar procesos de contratación de esta importancia.

En consecuencia, la Junta Fiscal ordenó a la AAPP someter “de inmediato” respuestas completas a la solicitud de información.

La JSF pide más información sobre los proyectos de energía luego de revocar esta semana su endoso al contrato de $5,887 millones al consorcio liderado por Power Expectations. La AEE canceló el contrato este martes.

“Como se ilustró en la carta de la Junta de Supervisión del 17 de agosto de 2026 relacionada con el contrato de generación temporera de emergencia de Power Expectations, existen serias preocupaciones sobre la suficiencia de los procesos de debida diligencia realizados y sobre la verificación de las credenciales de los proponentes seleccionados, lo que socava la transparencia y la confianza en el proceso de contratación”, se detalla en la carta.

Las supuestas irregularidades fueron referidas al Departamento de Justicia y las autoridades federales.

Aunque la Junta Fiscal reconoce la urgencia de asegurar una capacidad de generación adecuada y confiable para Puerto Rico, insistió en que los procesos de adquisición se deben llevar a cabo de manera competitiva y transparente.

“Dada su magnitud y sus implicaciones a largo plazo para el sistema energético de Puerto Rico, estos procesos deben proteger a los abonados, atraer participantes cualificados y resultar en proyectos viables que puedan ejecutarse a las tarifas más competitivas y asequibles para el pueblo de Puerto Rico”, subrayó el asesor legal.

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