El impuesto al combustible es responsable de que el costo de la gasolina en Puerto Rico sea uno de los más altos, al compararlo con otras jurisdicciones similares. Esto, a su vez, se suma al elevado costo de vivir en la isla.

El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR) compareció este miércoles ante la Comisión senatorial de Hacienda para explicar el impacto de este impuesto en el bolsillo de los consumidores.

Ronald Hernández Maldonado, gerente de proyectos estadísticos del IEPR explicó que, al mirar el índice de costo de vida de la isla y compararlo con otras jurisdicciones, encontraron que el alto precio del combustible en la isla contribuye a que sea una de las jurisdicciones más caras.

Según dijo, el índice de costo de vida compara jurisdicciones en Estados Unidos a base del precio de varios bienes, incluyendo el combustible en la bomba.

“Lo que nos dice el (análisis) es que Puerto Rico es de las ciudades participantes, la que menor cantidad de ingreso mediano por hogar tiene”, dijo Hernández Maldonado. “Pero el costo por galón de combustible está en los más altos”.

En Puerto Rico, dijo, por el gasto que representan todos los demás renglones, queda menos dinero en el bolsillo de los individuos, mientras más fondos hay que destinarlos a gastos esenciales, como en el caso de esta isla es el combustible.

El experto en estadísticas afirmó que no se puede precisar si la eliminación de este impuesto implicaría un alivio directo al costo de vida en Puerto Rico pues, dijo, hay otros factores afectados por esa ecuación.

“Hay otros análisis logísticos de la industria, pero sí es uno de los principales componentes, tanto del índice de costo de vida, como del índice de precios al consumidor”, aseveró durante la vista en la que el Senado evalúa una resolución de investigación sobre el impacto del impuesto al combustible.

Ya en una vista el martes, varios componentes del gobierno dejaron saber su rechazo a eliminar este impuesto pues, según explicaron, aunque fue creado en un principio para abonar a las arcas de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), desde 2015 es ya parte del fondo general y está atado al Plan Fiscal y a la Junta de Supervisión Fiscal.

En una ponencia escrita, el IEPR indicó que para el año fiscal 2026, el ingreso por arbitrios al petróleo crudo y derivados fue de $371 millones al fondo general.

A la vista del miércoles también comparecieron el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y la ACT. En ponencia escrita, la ACT reiteró que ya no reciben directamente fondos de este arbitrio.

“Conforme a cálculos internos de esta agencia, la pérdida (del arbitrio) representó cerca de $490 millones por el arbitrio al petróleo y unos $150 millones adicionales por las demás fuentes retenidas para un total aproximado de $640 millones. Consignamos con toda claridad que se trata de estimados propios de la Autoridad”, reza la ponencia presentada por Edwin González Montalvo, secretario del DTOP y director ejecutivo de la ACT.

Aclaró que desde el 30 de noviembre de 2015, la ACT “no recibe los recaudos del arbitrio del petróleo”.

La ACT también dejó de recibir otras porciones, como el arbitrio al cigarrillo, y los arbitrios que se pagan por las licencias de vehículos, tablillas y marbetes.

“La pérdida de ingresos no fue, por tanto, de una sola partida, sino de un conjunto de fuentes que en su momento constituían la base de los fondos recurrentes de la Autoridad”, dijo el director.