La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) recordó este martes que antes de avalar la contratación de Power Expectations, el organismo abogó por múltiples cambios para proteger los intereses de Puerto Rico y una vez determinó revocar su respaldo al pacto, fue el gobierno, quien se opuso a su terminación.

El organismo que controla las finanzas públicas de la isla aseguró que fue la JSF, quien desde el inicio de la licitación del polémico contrato, tuvo “serias inquietudes” con el contrato que prometía allegar unos 400 megavatios de energía temporal. Agregó que el alegado fraude en el proceso de contratación se produjo luego de que el organismo evaluó el acuerdo.

Con tales argumentos, la JSF rebatió este martes las críticas de ciertos bonistas organizados de la AEE, quienes catalogaron la debacle en torno al contrato de Power Expectations como otro ejemplo de la mala gestión del organismo como “supervisor” de la empresa eléctrica estatal.

Según la JSF, el organismo aprobó el pacto “luego de solicitarle al gobierno que añadiera significativas salvaguardas para proteger al pueblo de Puerto Rico”.

“Entonces, advinimos en conocimiento de que se habían hecho cambios al contrato y revocamos nuestra autorización”, reza la declaración del organismo en la que se agrega que la JSF “no es parte del contrato ni dirige el proceso de contratación”.

Este martes, al aseverar que la JSF ha sido un escollo a la reestructuración de la deuda de la AEE, los bonistas organizados de la empresa estatal eléctrica aseguraron que es “hora de un cambio” en la composición del organismo o incluso, su disolución a fin de que pueda completarse la reestructuración financiera de la corporación pública.

De acuerdo con el ente fiscal, su proceso de revisión de contratos ha ahorrado millones de dólares al gobierno.

Aseveró, de igual forma, que la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico de 2016 (ley federal Promesa) “confiere a la (JSF) el mandato de supervisar”.

“(Promesa) no creó una agencia de contratación. La ley es clara: los contratos públicos deben “fomentar la competencia en el mercado” y “no deben ser inconsistentes con el plan fiscal aprobado”. Ese es el estándar aplicado en nuestra revisión de contratos, y es el motivo por el cual nuestra revisión parte de la premisa de que las partes gubernamentales que suscriben el acuerdo son responsables de evaluar a las contrapartes”.

Acto seguido, la JSF arremetió contra los bonistas organizados de la AEE, en especial contra los fondos de cobertura de riesgo, o “hedge funds de Nueva York”, quienes poseen la mayor parte de la deuda pública de la corporación pública.

Aunque no señaló nombres, la JSF libra una batalla contra sobre una decena de fondos de cobertura de riesgo, encabezados por GoldenTree Asset Management.

El organismo aseguró que el grupo de bonistas “intenta aprovechar esta licitación para obtener lo que realmente buscan: $12,000 millones de la AEE”.

“Este grupo de bonistas continúa interponiéndose entre la salida de la AEE del proceso similar a la quiebra bajo el Título III de Promesa y la necesidad del pueblo de Puerto Rico de contar con una empresa de servicios públicos que opere adecuadamente y tenga estabilidad financiera”, reza la declaración.

“El intento de algunos bonistas de aprovechar este asunto (de Power Expectations) para favorecer sus propios intereses no cambia la realidad financiera a la que se enfrenta la AEE”, sostuvo el organismo.