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El Plan de Ajuste (PDA) que impulsa la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) busca cancelar sobre $1,300 millones en deudas a suplidores, contratistas y otros acreedores del gobierno pagando a estos a lo sumo unos $525 millones en efectivo. Arriba, algunos de los manifestantes que se presenciaron ayer en el Tribunal federal durante el primer día de la audiencia de confirmación del PDA.
El Plan de Ajuste (PDA) que impulsa la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) busca cancelar sobre $1,300 millones en deudas a suplidores, contratistas y otros acreedores del gobierno pagando a estos a lo sumo unos $525 millones en efectivo. Arriba, algunos de los manifestantes que se presenciaron ayer en el Tribunal federal durante el primer día de la audiencia de confirmación del PDA. (Ramón "Tonito" Zayas)

La incertidumbre en torno a los efectos que tendría la confirmación del Plan de Ajuste de la Deuda (PDA) es compartida por todos los grupos que se verían impactados por los recortes y acuerdos pactados, incluyendo a los bonistas puertorriqueños que invirtieron sus ahorros en deuda pública, buscando asegurar su retiro, así como a los suplidores y empresarios locales que prestaron sus servicios al gobierno y cuyas deudas quedaron atrapadas en la quiebra gubernamental sin poder cobrarlas.

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