Más allá de los actos ilegales que el gobierno federal le imputa a Gabriel Hernández, socio fundador de la firma BDO Puerto Rico, el caso debe servir para examinar los controles gubernamentales que se supone prevengan el fraude asociado a los decretos por las leyes 20 y 22 que proveen beneficios contributivos los inversionistas acaudalados que se relocalizan en la isla y a los que exportan sus servicios.