El bufete Reichard & Escalera se distanció hoy, jueves, de la controversia entre el exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón Reichard y el actual secretario de la Gobernación, Francisco Domenech.

En declaraciones escritas, el reconocido bufete procuró aclarar el alcance del trabajo que realizan con clientes que representan ante el DDEC y dirigieron una petición a la prensa del país.

“Como abogados de estas empresas, con esta y previas administraciones, nuestro rol es estructurar los términos operativos para hacer viable la inversión y el incentivo que la ley concede”, dijo la firma en declaraciones escritas.

La firma indicó, además, que “a través de los años (hemos) representado a importantes empresas en temas de litigio comercial, temas regulatorios y asuntos laborales. Además, (el) departamento de asuntos contributivos representa a participantes del programa de incentivos de Puerto Rico”.

“Nuestros abogados han asesorado a empresas acogidas a estos programas desde la década de 1990, contribuyendo a iniciativas vinculadas con miles de millones de dólares en inversión local y la creación de miles de empleos”, indicó el bufete. “Muchos de nuestros clientes han tenido decretos por años, bajo diversas administraciones”, agregó.

En respuesta a una querella presentada por Negrón Reichard contra Domenech ante la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (Opfei), el secretario de la Gobernación hizo lo propio con declaraciones juradas presentadas ante la Oficina de Ética Gubernamental y el Departamento de Justicia, en las que, y según publicó este rotativo, sostiene que las presuntas actuaciones del exsecretario beneficiaron con más de $74 millones a por lo menos cinco clientes del bufete de su abuelo, Héctor Reichard de Cardona, socio principal y accionista del bufete.

Según Domenech, el exsecretario no se inhibió de trámites relacionados con Reichard & Escalera, sus clientes, ni con asuntos que alegadamente podían crear dudas sobre su imparcialidad.

Mientras, Negrón Reichard expresó que la querella en su contra está fundamentada en “alegaciones falsas”, al tiempo que recordó que los señalamientos se producen luego de que se querelló contra el exsecretario auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE), Norberto Almodóvar, por una supuesta intervención relacionada a un proceso competitivo con fondos federales.

“Apenas días después de promover los referidos ante las autoridades competentes, el secretario de la Gobernación responde con una querella contra quien tuvo la responsabilidad de levantar bandera y actuar. Mi familia no es ajena a este tipo de consecuencias, pues no es la primera generación que paga el precio de un compás moral que no permite guardar silencio. Tampoco para mi era una opción guardar silencio”, apuntó Negrón Reichard en declaraciones escritas.

“Las alegaciones de hoy no pueden analizarse de forma aislada. Es parte de una secuencia de acontecimientos que comenzaron desde el momento en que solicité la remoción de funcionarios involucrados en las denuncias que posteriormente fueron referidas a las autoridades. Desde entonces surgieron obstáculos, presiones, intentos de desacreditar las denuncias, amenazas relacionadas con mi reputación y la de mi familia, y ahora una querella construida sobre alegaciones que guardan una llamativa similitud con esas mismas campañas de intimidación”, agregó.

Hoy, según informaciones publicadas en la prensa, el secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, dijo que estos presuntos contratos serán revisados con miras a ver si deben ser cancelados.

La firma de abogados dijo que los decretos y contratos de incentivos que han gestionado para sus clientes “no constituyen contratación pública de servicios. Tampoco representan trabajo realizado por las empresas o sus representantes para el gobierno”.

“Estos contratos de incentivos son los mecanismos que regularmente utiliza el gobierno para adelantar su política económica a cambio de que compañías generen empleos, realicen inversiones de capital y sostengan sectores importantes de la economía de Puerto Rico. Estos sectores incluyen farmacéuticas, dispositivos médicos, servicios de exportación, turismo y energía”, reza el comunicado.

“Nuestra participación profesional se limita a la representación legal y contributiva de clientes privados conforme al marco legal aplicable. Nuestra representación legal siempre se ha llevado a cabo cumpliendo con la ley, los reglamentos aplicables y los cánones éticos que rigen nuestra profesión. Las alegaciones entre funcionarios y exfuncionarios de la actual administración no caracterizan adecuadamente la naturaleza de nuestra labor profesional. Como abogados de estas empresas, con esta y previas administraciones, nuestro rol es estructurar los términos operativos para hacer viable la inversión y el incentivo que la ley concede”, expresó la firma.

La firma reiteró que a través de los años ha representado a importantes empresas en temas de litigio comercial, temas regulatorios y asuntos laborales. Además, su departamento de asuntos contributivos representa a participantes del programa de incentivos de Puerto Rico.

“Nuestros abogados han asesorado a empresas acogidas a estos programas desde la década de 1990, contribuyendo a iniciativas vinculadas con miles de millones de dólares en inversión local y la creación de miles de empleos”, indicó el bufete de abogados. “Muchos de nuestros clientes han tenido decretos por años, bajo diversas administraciones”, dijo además el bufete.

Aunque la controversia surgió luego de la renuncia de Negrón Reichard y a raíz de la querella que presentó ante la Opfei, el bufete hizo un llamado a la prensa al indicar que “confiamos en el profesionalismo e imparcialidad de la prensa del país y esperamos que las controversias públicas que han dado lugar a alegaciones por personas que no forman parte de nuestra firma, se atenderán en los foros correspondientes sin afectar la estabilidad, continuidad y credibilidad de los esfuerzos de desarrollo económico en la isla”.

En su página, la firma identifica cuatro áreas principales de atención: derecho corporativo, asuntos laborales, litigación y derecho contributivo.

Detallaron en declaraciones escritas que el bufete fue “fundado en 1983″.

“Reichard & Escalera es un bufete de abogados de servicio completo con práctica estatal, nacional e internacional en diversas áreas del derecho”, indicaron en expresiones escritas. “El despacho se centra en la representación de intereses empresariales en áreas del derecho mercantil y cuenta entre otros, con profesionales altamente experimentados en asesoría contributiva y legal a clientes de los principales sectores comerciales de Puerto Rico”.