El director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Robert F. Mujica, advirtió este martes que Puerto Rico todavía tiene rezagos importantes en su proceso de contratación pública y planteó la necesidad de aprobar legislación que establezca controles permanentes.

Al momento, mencionó Mujica, el ente que supervisa las finanzas públicas del país realiza una revisión independiente de los principales contratos antes de que sean firmados, pero no existe un mecanismo creado por ley que asuma esa función una vez salga la Junta Fiscal.

“En materia de contratación pública, es un área en la que el trabajo más importante aún está por delante”, indicó Mujica durante su alocución inicial en el Primer Congreso Económico de la Asociación Puertorriqueña de Analistas Financieros (APAF).

El ejecutivo insistió en que Puerto Rico no cuenta con una ley integral que obligue a divulgar quiénes reciben pagos para influir en decisiones relacionadas con el uso de fondos públicos, es decir, acciones de cabildeo.

“Los 50 estados (de Estados Unidos) y el Distrito de Columbia tienen regímenes de divulgación o transparencia. La mayoría de ellos están establecidos por ley. La mayoría también cuenta con bases de datos públicas específicas y accesibles. Se trata de transparencia. Si usted recibe pago por influir en la manera en que se gasta el dinero público, el público debería poder saber quién es usted, sin excepción”, añadió el director de la JSF.

Sus expresiones se producen horas después de haber enviado una carta a la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, en la que estableció una cronología de presuntas irregularidades en la firma del contrato para la generación de hasta 800 megavatios de energía temporera por la suma de $5,887 millones a 10 años.

El acuerdo fue finiquitado originalmente por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y el consorcio liderado por Power Expectations, Reyes Contractor Group y Enchanted Rock, pero la matriz de esta última, ERock, alertó que no había autorizado la firma del contrato. Ello desembocó en referidos a las autoridades, la revocación de la aprobación de la JSF y la suspensión del acuerdo multimillonario.

“Han visto todos los titulares de las últimas dos semanas, y no voy a debatir ni juzgar desde este podio ningún proceso de contratación en particular. Esas cuestiones ahora están en manos de las entidades investigadoras correspondientes”, expresó Mujica ante un salón lleno de líderes del sector privado.

“Lo que sí diré es que titulares como esos son precisamente la razón por la que se necesitan estas reformas. No son una distracción del proceso de reforma; son una demostración de por qué esas reformas son necesarias”, continuó.

Sobre los cambios en el proceso de contratación por parte del gobierno, Mujica destacó que, en 2020, la Junta Fiscal y la Administración de Servicios Generales (ASG) consolidaron 188 reglamentos de contratación en uno solo. Expuso que antes de ese cambio menos de 1% de los aproximadamente $70,000 millones en contratos pasaba por algún proceso centralizado.

Asimismo, añadió que en febrero de este año la JSF aprobó nuevas reglas dirigidas a fortalecer la transparencia, el monitoreo, la fiscalización y la integridad de los procesos de contratación. Sin embargo, según Mujica, esas medidas son insuficientes porque se trata de reglamentos y no de leyes.

“Mantengan una vigilancia constante sobre los contratos gubernamentales. Hagan las preguntas correctas y exijan la documentación correspondiente. Pero no vean estas deficiencias como un problema ajeno, sino como la próxima reforma que aún está pendiente de incorporarse a la ley”, dijo Mujica.

“Debemos aprovechar esta coyuntura de crisis para impulsar los cambios necesarios ahora”, exhortó.

El funcionario federal cuestionó que todavía se permita el cabildeo contingente, mediante el cual la compensación del cabildero depende de que se concrete la acción gubernamental que busca, incluido el otorgamiento de un contrato.

Según Mujica, la mayoría de los estados prohíben esta práctica porque crea un incentivo económico directamente vinculado al resultado de una decisión gubernamental.

Tras destaparse las alegadas irregularidades en el controversial contrato entre la AEE y Power Expectations, la JSF solicitó ayer, lunes, identificar a los cabilderos, consultores, representantes de relaciones gubernamentales, abogados y otros intermediarios contratados por las partes del consorcio en relación con el proyecto.

En tanto, Mujica también señaló como una deficiencia la falta de límites claros a la duración de algunos contratos.

El funcionario planteó que el principal problema es qué ocurrirá cuando la Junta Fiscal deje de existir. Actualmente, dijo, el ente fiscal realiza una revisión independiente de los principales contratos antes de que sean firmados, pero no existe en ley un mecanismo que asuma esa función una vez salga la JSF.

“¿Quién va a hacer eso? Tal como están las cosas ahora mismo, la respuesta es nadie”, señaló Mujica.

No obstante, Mujica distinguió esa revisión de las auditorías que realiza la Oficina del Contralor después de que se ejecutan los contratos.

“Sin embargo, eso no sustituye, y es muy diferente de detectar un contrato defectuoso antes de que el dinero sea desembolsado. Y esto no es algo teórico ni pequeño”, continuó Mujica.