Sebastián Negrón Reichard catalogó de “falsas” y “desafortunadas” las alegaciones que presentó en su contra este jueves el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, por supuestos actos de conflicto de interés en la emisión de incentivos contributivos cuando fungía como secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).

“No estoy intimidado; mi familia tampoco. Quienes conocen mi trayectoria saben que nunca utilicé una posición pública para beneficio propio ni para favorecer intereses particulares. Por el contrario, tomé decisiones difíciles, muchas veces incómodas, precisamente porque entendía que el deber principal de un servidor público es proteger la integridad de las instituciones que dirige”, apuntó Negrón Reichard en respuesta a las alegaciones del jefe de gabinete.

Domenech alegó en declaraciones juradas presentadas ante la Oficina de Ética Gubernamental y el Departamento de Justicia que presuntamente el exsecretario benefició con más de $74 millones a por lo menos cinco clientes del bufete de su abuelo, Héctor Reichard de Cardona, socio principal y accionista del bufete.

Las alegaciones de Domenech se dan tres días después de que Negrón Reichard radicó una querella en su ontra ante la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (Opfei) por presuntas presiones indebidas en la emisión de contratos e incentivos contributivos.

“Apenas días después de promover los referidos ante las autoridades competentes, el secretario de la Gobernación responde con una querella contra quien tuvo la responsabilidad de levantar bandera y actuar. Mi familia no es ajena a este tipo de consecuencias, pues no es la primera generación que paga el precio de un compás moral que no permite guardar silencio. Tampoco para mí era una opción guardar silencio”, expresó Negrón Reichard.

Negrón Reichard sostuvo que las alegaciones presentadas en su contra no deben verse de manera separada de los eventos que, afirmó, comenzaron luego de que solicitara la salida de Norberto Almodóvar, exsecretario auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y la jefa de personal de la misma oficina, Charlene Neuman, quienes supuestamente presionaron para beneficiar a una empresa en un proceso competitivo.

Esas denuncias son ahora objeto de investigación ante la Opfei.

“Desde entonces surgieron obstáculos, presiones, intentos de desacreditar las denuncias, amenazas relacionadas con mi reputación y la de mi familia, y ahora una querella construida sobre alegaciones que guardan una llamativa similitud con esas mismas campañas de intimidación”, expresó Negrón Reichard.

Negrón Reichard planteó que el asunto trasciende las alegaciones en su contra y que el impacto mayor está en el mensaje que se envía a otros funcionarios públicos que deciden denunciar posibles irregularidades. Afirmó que desviar la atención hacia la persona que presenta los señalamientos, en lugar de los hechos denunciados, representa un precedente preocupante.

“El aluvión de alegaciones mendaces tampoco son lo más lamentable de los hechos de hoy. Lo profundamente desafortunado y lamentable es que, en el intento de desacreditarme -para que eso a su vez sirva de cortina de humo ante verdadera corrupción-, se haya optado por arrastrar al debate público a empresas, inversionistas y organizaciones que durante décadas han apostado por Puerto Rico, han creado empleos y han participado legítimamente de los programas e instrumentos de desarrollo económico establecidos por ley”, dijo el exsecretario.

“La verdad tiene una ventaja insustituible porque no depende de narrativas, campañas ni acusaciones, sino de evidencia.”, apuntó.

El exfuncionario sostuvo que Puerto Rico necesita fortalecer la confianza de quienes invierten y generan actividad económica, y no convertirlos en parte de disputas personales o políticas. Añadió que los procesos deben evaluarse a base de evidencia y no de narrativas o acusaciones.

Negrón Reichard culminó indicando que no emitirá comentarios adicionales sobre los méritos de las alegaciones mientras los asuntos continúen bajo evaluación de las autoridades correspondientes.

El secretario de la Gobernación señaló que Negrón Reichard benefició a empresas como Stryker Puerto Rico Inc., Suiza Caribe LLC, CooperVision Manufacturing Puerto Rico Inc., Jansen Ortho LLC y Ethicon LLC, las cuales son a su vez clientes del bufete Reichard & Escalera. Además que presuntamente otorgó un incentivo contributivo a una empresa de su esposa.

Según reportes periodísticos, el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jean Peña Payano, informó que estos presuntos contratos serán revisados con miras a ver si deben ser cancelados.

Sin embargo, en su defensa, el bufete Reichard & Escalera aclaró el alcance del trabajo que realizan con clientes que representan ante el DDEC y dirigieron una petición a la prensa del país.

“Como abogados de estas empresas, con esta y previas administraciones, nuestro rol es estructurar los términos operativos para hacer viable la inversión y el incentivo que la ley concede”, expresó la firma en declaraciones escritas.

Además, la firma sostuvo que los decretos y contratos de incentivos que han gestionado para sus clientes “no constituyen contratación pública de servicios. Tampoco representan trabajo realizado por las empresas o sus representantes para el gobierno”.