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Miopes y delirantes: así la jueza Laura Taylor Swain catalogó las posturas de la Junta Fiscal y los bonistas de la AEE

Al ordenar a las partes entrar en un proceso de negociación de manera inmediata, la jueza advirtió que si no hay resultados en los próximos 60 días, ponderará desestimar el proceso de quiebra de la corporación pública

10 de julio de 2024 - 5:15 PM

En la foto, una vista de la Central Aguirre, parte de la flota generatriz de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). (xavier.araujo@gfrmedia.com)

En una de las audiencias, probablemente, más intensas desde que el gobierno de Puerto Rico se acogió a la bancarrota, la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain decretó este miércoles una moratoria en todos los procedimientos judiciales en torno al Título III de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y ordenó a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), a los bonistas de la corporación pública y a otros grupos de interés a entrar, de inmediato, en un proceso de negociación asistido por el Equipo de Mediación.

La determinación se produjo aproximadamente una hora y media después de que Swain escuchara los comentarios de los abogados en torno a cómo continuar adelante con el proceso de quiebra de la AEE. Ello, luego de la decisión del Primer Circuito de Apelaciones del pasado 12 de junio y que favoreció principalmente a los bonistas de la corporación pública.

Sobre todo, la moratoria de 60 días y la instrucción expresa a las partes para sentarse en la mesa de negociación fue el cierre de una sesión de conferencia en la que, por primera vez en siete años, la jueza arremetió contra la JSF y también contra los bonistas objetores de la AEE, al punto de emplear términos como “miope” y “delirante” para referirse a las posturas de estos y aseverar que sería “un fracaso y un acto de falta de decencia y compasión” hacia la población de Puerto Rico, no llegar a un acuerdo.

En especial, porque es el pueblo de Puerto Rico, el que abrumado en estos tiempos por el calor, ya paga altas tarifas eléctricas a cambio de un servicio poco confiable, un cuadro que la jueza describió como inaceptable.

“El fracaso no es una alternativa”, dijo Swain haciendo referencia a la oración con la que abrió los Casos de Título III de Puerto Rico el 17 de mayo de 2017.

“Esa premisa sigue siendo verdad ahora”, prosiguió la jueza al agregar que sería un fracaso, que por “falta de imaginación y de valentía” no se reconozcan las realidades económicas que encara Puerto Rico y que por ende, no pueda resolverse la situación financiera de la AEE.

Concluida la audiencia, la JSF indicó por escrito a El Nuevo Día que regresará a la mesa de negociación y que “como siempre, negociará de buena fe y en el interés del pueblo de Puerto Rico”.

Swain presidió la sesión de conferencia en torno al futuro de la quiebra de la AEE desde la sala 17C en el Distrito Sur de Nueva York del Tribunal federal. La audiencia se transmitió vía telefónica y al menos unas 200 personas estaban conectadas, además del número no precisado de abogados y otras personas que pudieron darse cita presencial en la corte neoyorquina o en el Tribunal federal en Hato Rey.

Tengan al pueblo de Puerto Rico presente

La voz de Swain -por momentos, pausada y en otros, firme- se escuchó a través del teléfono a eso de las 2:19 de la tarde.

La molestia de la jueza, o la gravedad de la coyuntura en el caso de quiebra de la AEE a raíz de la decisión de Boston, quedó más que evidenciada, cuando luego de su acostumbrado saludo, Swain comenzó su alocución sin ni siquiera permitir que la secretaria del tribunal en Puerto Rico, Carmen Tacoronte, llamara el caso.

Miopes y delirantes

En su alocución, Swain planteó abiertamente tener dudas acerca de la capacidad de la JSF para presentar un Plan de Ajuste para la AEE (PDA-AEE) que sirva para llegar a un entendido definitivo y llegó a indicar que el organismo ha adoptado una postura “miope” en torno a que sus números y análisis acerca de la capacidad de pago de la corporación pública no encontrarán nuevos ataques judiciales, una dinámica que solo prolongará un proceso altamente contencioso que ya marca siete años.

“Y los bonistas objetores, por su parte, son igualmente agresivos en sus líneas de ataque y también parece que deliran intentando avanzar algunos de esos frentes”, dijo Swain, al agregar que la moratoria se extendería hasta septiembre próximo.

La jueza exhortó a los abogados de Assured Guaranty y GoldenTree Asset Management, quienes encabezan la oposición, a considerar cómo obtener un recobro de su acreencia que también permita a la AEE ofrecer el servicio eléctrico que necesita Puerto Rico.

Acto seguido, a pesar de indicar -en repetidas ocasiones- que albergaba la esperanza de que habrá un acuerdo, Swain advirtió que si las partes seguían arrastrando los pies y eran incapaces de aprobar un plan de pagos para la AEE basado en su realidad financiera, estaría en la disyuntiva de dar curso a otra ronda de litigios limitada bajo el Título III o abrir la puerta a una ola de demandas “fuera de este foro”, es decir, desestimando el proceso de quiebra, con consecuencias múltiples para los acreedores, pero también para Puerto Rico.

“Tiene que haber movimiento para que haya un acuerdo”, dijo Swain haciéndose eco de las palabras del abogado de GoldenTree, Thomas E. Lauria, quien argumentó que sin compromiso no puede llegarse a un entendido.

“Tengan al pueblo de Puerto Rico presente”, dijo la jueza convidando a las partes a negociar.

Diferencias muy grandes

Pero la referencia de Lauria en torno a la necesidad de que las partes se comprometan a llegar a un entendido, estaba condicionada a las exigencias de su cliente, una postura bastante similar a la que expresó Martin Bienenstock, abogado de la JSF.

Vista de varias pancartas en repudio al Plan de Ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica que se desplegaban el 4 de marzo de 2024 frente al Tribunal federal en Hato Rey, donde se dirimía cómo se pagará a los bonistas.
Vista de varias pancartas en repudio al Plan de Ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica que se desplegaban el 4 de marzo de 2024 frente al Tribunal federal en Hato Rey, donde se dirimía cómo se pagará a los bonistas. (Carlos Rivera Giusti)

“Mejor preferimos ver un nuevo plan (de ajuste), que gastar tiempo y dinero para litigar de nuevo”, dijo Lauria al indicar que se oponían al intento de la JSF de limitar los cambios al PDA-AEE a una revisión de la cantidad que podrían cobrar sus clientes.

“El compromiso es la base para que haya un acuerdo”, dijo Lauria.

Argumentó que el pueblo de Puerto Rico “necesita energía confiable” y que para que eso suceda, la AEE necesitará de inversiones millonarias. La única forma en que, a futuro, la corporación pública accederá al capital que necesita su sistema eléctrico, dijo Lauria, es llegando a entendidos con quienes le prestaron dinero antes.

Lauria buscó derribar la postura de la JSF al señalar que si el PDA-AEE vigente todavía cuenta con el respaldo de algunos acreedores como los bonistas encabezados por la firma de inversiones Blackrock es porque el organismo les ha prometido honrar los términos de sus acuerdos pese al fallo del foro apelativo.

“Agarrar la bola donde se quedó, como pretende Bienenstock, no es el camino para conseguir una resolución”, dijo Lauria al señalar que no solo su cliente, sino todas las partes tendrían que llegar a la mesa de negociación dispuestas a ceder.

En contraste, Bienenstock expresó que los bonistas reclaman un proceso de descubrimiento de prueba que no se justifica a pesar del fallo vertido por el Primer Circuito de Apelaciones.

Desde la perspectiva de la JSF, todavía hay espacio para llegar a un acuerdo partiendo del PDA-AEE que se ventiló en marzo pasado.

Por su parte, Bienenstock subrayó que el 44% de todas las clases de acreedores de la AEE favorecen el PDA-AEE. Mientras, los únicos acreedores opuestos, explicó el abogado de la JSF, son los tenedores del 56% de la deuda de la AEE por concepto de bonos. Entre los grupos de acreedores que favorecen el plan de pagos en la mesa figuran los prestamistas de líneas de combustible o fuel lenders y el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés).

Asimismo, el abogado dijo a Swain que si bien la JSF solicitó al foro apelativo reconsiderar el fallo del pasado 12 de junio, el organismo enmendaría el PDA-AEE -ahora en su cuarta versión- para definir cuánto se adeuda a los bonistas.

Bienenstock aseguró que la JSF está dispuesta a ajustar el lenguaje final del plan de pagos de la AEE una vez el Primer Circuito de Apelaciones se exprese en definitiva. Agregó que el Primer Circuito suele atender con prontitud las controversias en torno a la ley federal Promesa, por lo que un tiempo aproximado de tres meses serviría para salir del impasse.

La jueza de distrito federal a cargo del proceso de bancarrota de Puerto Rico, Laura Taylor Swain, en una ilustración de Miguel Bayón.
La jueza de distrito federal a cargo del proceso de bancarrota de Puerto Rico, Laura Taylor Swain, en una ilustración de Miguel Bayón. (Miguel Bayón)

Posibles soluciones

Fue, precisamente, el abogado del UCC, Luc A. Despins, quien sugirió a la jueza que una posible vía para llegar a un acuerdo sin poner mayor presión a los abonados de la AEE era entender exactamente cuánto dinero recuperarían los bonistas a través del Instrumento de Valor Contingente (CVI, en inglés), uno de los métodos de pago incluidos en el PDA-AEE.

Despins sugirió a Swain, de igual forma, que otra vía para ganar tiempo en el litigio era identificar si, en efecto, la AEE utilizó sus ingresos netos para asegurar la continuidad de sus operaciones. Ello en el contexto de la Regla 928 del Código de Quiebras. Si en efecto, se comprueba que la AEE utilizó el colateral que debió dirigirse a los bonistas para sus cubrir sus gastos necesarios, entonces no habría necesidad de entrar en una investigación contable forense que abarque siete años -como han solicitado los bonistas objetores- para determinar cuánto dinero podrían recuperar.

Pero Eric Brunstad, abogado del grupo organizado de bonistas de la AEE (Ad Hoc AEE), indicó que el asunto no es tan sencillo.

Según Brunstad, conocer qué ha hecho la AEE con sobre $3,000 millones en ingresos netos entre los años 2017 al 2021 es fundamental porque si la corporación pública utilizó tal dinero para otros fines, ello significaría una confiscación del dinero de sus clientes a la luz de la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

Mark C. Ellenberg, abogado de la aseguradora municipal Assured Guaranty, dijo a Swain que nunca ha sido la intención de su cliente provocar el colapso de Puerto Rico o de la AEE y que era conciente del sufrimiento de los puertorriqueños, “pero eso no significa que no tenemos derechos”.

Ellenberg recordó que Assured llegó a dos acuerdos previos en el proceso de quiebra de la AEE y que no dudaba que podría llegarse a otro pacto, pero sostuvo que “la conducta de la JSF” ha sido “un obstáculo” para conseguir tal derrotero.

“Ahora que el Primer Circuito se ha expresado, es momento de llegar a un acuerdo”, dijo Ellenberg.

Desmentidos

Ellenberg y sus contrapartes, al igual que Bienenstock aseguraron a la jueza Swain, una y otra vez, que habían hecho lo indecible para resolver el impasse y que si no había acuerdos era porque había asuntos legales irreconciliables que dirimir.

Pero al instante, sin ambajes, la líder del Equipo de Mediación Shelley C. Chapman, desmintió a los abogados de las partes.

“Lo que escucho aquí son palabras, pero no hay acción”, dijo Chapman cuando la jueza Swain le instó a expresarse acerca de las negociaciones en curso.

“Es díficil la inmensa frustración y decepción hacia nosotros mismos”, prosiguió la exjueza al señalar que luego de la decisión del Primer Circuito y la exhortación de Swain a retomar el diálogo no se ha producido ninguna propuesta, solución o estructura financiera que sirva de punto de partida en las negociaciones.

Chapman indicó que el Equipo de Mediación está plenamente conciente de cómo el pueblo de Puerto Rico sufre mientras la AEE languidece. En cambio, la exjueza dijo que las partes no se han movido un ápice desde sus respectivas posiciones.

“El Equipo (de Mediación) está disponible 24-7″, subrayó Chapman.

Swain indicó a Chapman que esperará un reporte de su parte que detalle el progreso de las negociaciones en el plazo de 60 días establecido. En ese período, explicó Swain, las partes no podrán radicar ningún documento dirigido a litigios o la continuación de procedimientos bajo el Título III.

Mientras las partes negocian, el tribunal también podría tener un mandato final del Primer Circuito de Apelaciones, foro que tiene ante su consideración un pedido de reconsideración de la JSF y del UCC.

Una vez se produzcan las negociaciones y haya una decisión final en torno a los derechos de los bonistas, Swain indicó que estaría en posición de trazar los siguientes pasos en el caso de quiebra de la AEE.

Correcciones y Aclaraciones

10 de julio de 2024; 11:40 p.m. Esta nota fue actualizada ofrecer detalles adicionales acerca de lo ocurrido durante la sesión de conferencia del proceso de quiebra de la AEE. También se corrigieron errores ortográficos.



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