La jueza de distrito federal Laura Taylor Swain instó a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), a los bonistas y otras partes involucradas en la reestructuración financiera de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a que “aprovechen el momento” y pongan fin al proceso de quiebra de la corporación pública.

Swain hizo la exhortación al organismo que controla las finanzas públicas de Puerto Rico tras escuchar de la boca del principal asesor legal externo de la JSF, Martin Bienenstock, que -a pesar de múltiples reuniones de mediación y de la paralización del proceso judicial tras el fallo favorable a los bonistas de la AEE, así como la desarticulación del cuerpo rector por parte del presidente Donald Trump- las partes no han conseguido un acuerdo.

Su expectativa es que haya una ruta clara para resolver el caso de la AEE en mayo próximo.

Minutos después de preguntar a Bienenstock si ha habido algún progreso que permita confirmar un Plan de Ajuste para la AEE (PDA-AEE), la jueza que ha dedicado casi 10 años de su carrera en el foro judicial federal a resolver los entuertos fiscales de Puerto Rico se confesó preocupada.

Planteó que tiene la sensación de que después de tantos años, las partes en el proceso de quiebra no se han comprometido “genuinamente” con el proceso de mediación ordenado por ella y que la constante entre las partes involucradas ha sido continuar con los litigios.

Auguró que, a menos que se produzca un entendido en el corto plazo, el proceso de quiebra de la AEE podría extenderse por otro año para detrimento de los residentes de Puerto Rico. Esto, en especial, si los bonistas de la corporación pública acuden nuevamente al Primer Circuito de Apelaciones para apelar su más reciente fallo.

Swain agregó que le preocupa “mucho” la posibilidad de que, en ausencia de “un movimiento real” pase el tiempo y los integrantes de la (JSF) “se vayan el año que viene, sea voluntaria o involuntariamente, y que el pueblo de Puerto Rico se quede con una AEE sin resolverse, vulnerable a otro comienzo” en el que la prioridad no sea un servicio eléctrico confiable al menor costo posible.

“Esto no es bueno para la isla”, insistió Swain al tiempo que dijo que se le hacía “difícil” identificar un camino para confirmar un PDA-AEE que no sea combatido fuertemente por los bonistas.

“Hay que aprovechar el momento”, reiteró la jueza al señalar que su reciente fallo en favor de la JSF debe ayudar a agilizar las negociaciones, al menos, por el momento.

Swain, quien dijo que daba por sentado que los bonistas de la AEE volverán al apelativo federal, hizo sus comentarios durante la audiencia general de los Casos de Título III de Puerto Rico del mes de marzo.

Durante la sesión, la jueza denegó una moción de un grupo ciudadano que interesa incoar un pleito de clase contra la AEE para revocar el cargo especial para el pago de las pensiones. Pero centró la agenda en conseguir algún compromiso de las partes para completar la reestructuración financiera de la AEE.

La jueza advirtió a las partes: “Se los digo claramente, necesito ver progreso hacia un plan consensuado en el futuro cercano”.

Acto seguido, dijo que la ley federal Promesa no se aprobó “para que haya litigios sin fin, incertidumbre y servicios gubernamentales deficientes a perpetuidad” y señaló que las partes deben presentar el camino a seguir en o antes del próximo 30 de marzo y que luego de ese ejercicio, esperaba respuestas claras para la audiencia general del mes de mayo.

Horas antes de que Swain ocupara su banca en el Distrito Sur de Nueva York para presidir la audiencia que se transmite en circuito cerrado y por vía telefónica a Puerto Rico, la jueza denegó el pedido de los bonistas organizados de la AEE, quienes buscaban que su acreencia de $8,300 millones, más intereses, se convirtiera en una reclamación administrativa dentro del proceso de quiebra y por ende, en un pago que merece prioridad sobre otros acreedores.

Se trata de una controversia que los bonistas presentaron al tribunal hace casi cuatro años, cuando los principales acreedores de la AEE también solicitaron desestimar el proceso de Título III.

Swain concluyó que la acreencia de los bonistas descansa en la Escritura de Deuda de la AEE de 1974, es decir, previo al proceso de quiebra de la corporación pública, y por ende, luego de la declaración de bancarrota, los bonistas no habrían incurrido en ningún gasto o contribución a la AEE que amerite prioridad sobre otros acreedores.

El fallo de Swain resultó en que la magistrada Judith Dein también denegara la petición que los bonistas de la AEE radicaron más temprano este año y que procuraba que la JSF les entregara más información acerca de las finanzas de la corporación pública.

“Quiero resultados”, reiteró la jueza.

Aunque dijo que interesaba una resolución consensuada, en un intento por avanzar la causa de sus clientes, el abogado de GoldenTree Asset Management y socio de White Case LLP, Glenn M. Kurtz recordó a la jueza que tiene ante sí la moción para desestimar el caso de Título III de la AEE.

Bienenstock, por su parte, buscó convencer a Swain de que no es necesario poner fin al proceso de Título III cuando puede confirmarse un PDA para la empresa estatal.

No fue la primera vez que Swain pidió a la JSF y los bonistas ponerse de acuerdo, pero sí fue la primera ocasión en que en que la jueza preguntó específicamente por uno de los componentes del PDA-AEE y que se cree podría convencer a los bonistas para llegar a un acuerdo: el Instrumento de Valor Contingente (CVI).

En su reporte de situación, la JSF indicó a Swain que continuará adelante con la presentación del PDA-AEE, pero este no contendría el instrumento que podría traer los bonistas a la mesa. El CVI es un instrumento que haría pagos adicionales a los bonistas si las finanzas de la corporación pública mejoran.

Bienenstock explicó que la JSF eliminó el CVI porque una vez los bonistas obtuvieron una reclamación asegurada, la AEE tendrá que pagar esta una vez se determine su valoración. “Sabemos que habrá que pagarles cierta cantidad”, agregó.

Acto seguido, el abogado socio de Proskauer Rose reveló que en las próximas semanas, habrá más reuniones de mediación entre las partes y si el CVI fuera necesario para suscribir el acuerdo, la JSF recurrirá al mecanismo. Empero, el abogado reconoció que será difícil prometer pagos adicionales, hasta que no se determine cuánto finalmente se pagará a los bonistas.