Apegándose a evidencia documental con el objetivo de demostrar que Fahad Ghaffar sí es miembro de dos de las entidades del empresario John Paulson en Puerto Rico, el abogado José Andreu Fuentes inició el jueves la continuación del interrogatorio a su cliente durante el segundo día de la vista evidenciaria que busca establecer que el ejecutivo de origen paquistaní es socio del multimillonario en la isla.

Ante el juez Alfonso Martínez Piovanetti, Andreu Fuentes llevó al testigo por varios documentos en los que aparecía su firma bajo su nombre, pero también como representante autorizado de las empresas de Paulson, particularmente de Duo Condado JV Holdings LLC.

Ghaffar demandó a Paulson reclamando un interdicto estatutario para tener acceso a información de Duo Condado, ya que presuntamente Paulson se niega a reconocer los derechos de la entidad Condado Hotel Owners LLC, una compañía de responsabilidad limitada propiedad del inversionista.

Entre los documentos que desfilaron en corte figuró un acuerdo de operación de Duo Condado para 2014 cuando sus únicos miembros eran Paulson PRV Holdings LLC y Condado Hotel Investors S.E., según la demanda.

Esta última entidad, a tenor con el recurso, vendió a Condado Hotel Owners, una entidad a nombre de Ghaffar, el 100% de sus acciones en Duo Condado a través de un acuerdo de compra de intereses de membresía, mejor conocido como MIPA, por sus siglas en inglés, documento que el abogado también mostró en la vista.

En una de las referencias a los documentos, Andreu Fuentes preguntó al testigo sobre quién le instruyó firmar como representante autorizado de Duo Condado, al tiempo que firmaba por su propia persona, Ghaffar señaló a un bufete de abogados que daba asesoría legal a las empresas de Paulson.

Mientras, en otro momento, al ser cuestionado nuevamente por tales firmas, el inversionista dijo que “para ese momento, llevaba seis años administrando los negocios (de Paulson) y entendía que estaba autorizado”.

Durante la mañana, también inició la primera parte del contrainterrogatorio de Ghaffar, a cargo de la exfiscal federal, María Domínguez, quien forma parte del equipo legal de Paulson.

La abogada también presentó varias piezas de evidencia para impugnar los alegatos de Ghaffar, quien reclama ser dueño del 44% de Earle HC, la entidad que desarrolla el condohotel Vanderbilt Residences, en Condado.

El contrainterrogarorio dejó uno de los momentos más intensos de la vista, cuando Domínguez, parte del equipo legal de Paulson, presentó en sala una conversación de Whatsapp en la que Ghaffar supuestamente dio instrucciones a un empleado de las empresas de Paulson sobre el lenguaje que debía tener un correo electrónico -dirigido a su persona- sobre su inversión de sobre $3 millones en la mencionada entidad.

El correo electrónico figura entre las piezas de evidencia sometidas al tribunal para demostrar la participación de Ghaffar en la compañía, destacó Domínguez.

Pese a las objeciones de Andreu Fuentes, quien aseguró que la conversación estaba descontextualizada, el juez permitió que la abogada preguntar al respecto.

Ghaffar aceptó que “en varias ocasiones”, había dado instrucciones sobre el lenguaje de ciertos correos electrónicos, al tiempo que rechazó que fuera deshonesto presentar el documento como evidencia ante el tribunal. “Absolutamente no”, reclamó.

De otra parte, Ghaffar reconoció, a preguntas de Domínguez, que, al día de hoy, no hay ningún documento firmado sobre su participación en Earle HC.

Domínguez, entretanto, cuestionó a Ghaffar sobre Innoveo, una compañía de software que habría sido otra de las empresas que -según Paulson- Ghaffar y su hermano Amir utilizaron para estafarle.

Paulson habría invertido $11 millones en Innoveo, pero según sus abogados, no ha recibido un centavo por tal inversión.

Las preguntas levantaron múltiples objeciones por parte de Andreu Fuentes, quien aseguró que “este asunto de Innoveo es objeto de otro caso que hay en la corte federal”

“La única pertinencia que tuvo este issue es la razón por la cual (Paulson) no firmó el ‘membership agreement’ de (Earle HC)”, expresó Andreu Funtes.

“John Paulson entiende que le tienen que devolver $11 millones y mi cliente (Ghaffar) entiende que no hay que hacer nada, porque eso es una inversión que él (Paulson) hizo”, agregó. “Ese issue no es pertinente a este asunto, lo que es pertinente es por qué, él (Paulson) no firmó el ‘agreement’”

Domínguez, de inmediato, ripostó.

“Andreu abrió la puerta de Innoveo hasta hacer alegaciones a través del testimonio (de Ghaffar) de que Paulson le quería robar los $11 millones que había invertido. Nosotros (los abogados de Paulson) tenemos el derecho de poner eso en contexto, porque fue una de las condiciones del membership agreement, porque había una base de hecho para ello y no era porque Paulson no quería (firmarlo)“, expresó.

Frente a la controversia, el juez decidió admitir la línea de preguntas sobre Innoveo y defendió que el tribunal ha sido flexible desde el inicio de la vista respecto a las objeciones.

Agregó que, a su juicio, ambas demandas se pudieron haber resuelto por la vía documental, pero destacó que las partes acordaron celebrar una vista evidenciaria para presentar sus argumentos.

“Estamos escuchando el contexto y la teoría legal de ambas partes”, acotó Martínez Piovanetti.

En un aparte con este diario, Domínguez dijo que se sentía cómoda con cómo van los casos en esta etapa de los procedimientos y explicó su estrategia.

“La evidencia de impugnación siempre va dirigida a impugnar la credibilidad del testigo que está en el estrado”, dijo.

Mientras, Juan Casillas, otro de los abogados de Paulson, expresó que “el caso está subjudice y respetamos el proceso del tribunal, pero los documentos hablan por sí solos. Había un tema de quién instruyó a quién sobre el contenido de unas comunicaciones”.