Seis asociaciones del sector privado han levantado su voz para solicitarle al gobierno que aplace la puesta en vigor de la Ley 51 de 2022 -que prohibe la venta y utilización de plásticos de un solo uso-, ya que aseguran que podría impactar la estabilidad económica de las familias y los comercios.

La ley, aprobada hace dos años, debe entrar en vigor en junio próximo. El grupo de entidades empresariales opina que el borrador del reglamento tiene serias deficiencias. El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) es la agencia encargada por ley de preparar el documento, y todavía no tiene listo la versión final.

Carlos Budet, presidente de la Asociación de Restaurantes (ASORE), enfatizó que “la falta de precisión y de directrices operativas dentro del reglamento propuesto plantea un reto insostenible para nuestros socios. No podemos apoyar una medida que, aunque bien intencionada, podría resultar en consecuencias negativas sin una guía adecuada”.

“Es vital que se postergue la entrada en vigor hasta que se establezca un reglamento comprensivo, que no solo defina claramente lo que constituye un plástico de un solo uso, sino que también provea un marco de acción claro para todos los involucrados”, agregó Budet.

Esa opinión es compartida por los líderes de otras asociaciones, quienes también han señalado la falta de un programa educativo para los comercios y la ciudadanía, así como la ausencia de infraestructura para manejar adecuadamente los materiales compostables resultantes de esta prohibición.

Por su parte, José González, presidente de la Asociación de Comercio al Detal (ACDET) señaló que además de no haber un reglamento todavía, la ley tampoco es clara respecto a las prohibiciones y a los materiales permitidos. Indicó que deben establecerse excepciones a la Ley 51, basadas en salud, seguridad y comercio interestatal.

González abogó para que se apruebe el Proyecto del Senado 1374 en la Cámara de Representantes, que pospondría la puesta en vigor de la ley hasta el 1ro de julio de 2026. “De no ser así, el comercio no puede estar listo con el inventario correcto y se generaría una escasez, por lo que se verá afectado el consumidor puertorriqueño y poblaciones vulnerables, servicios de salud, el sistema público de enseñanza y la población correccional por mencionar algunos”, sostuvo el líder de ACDET.

Lourdes Aponte, presidenta del Centro Unido de Detallistas (CUD) opinó que sin definiciones específicas y directrices prácticas, esta ley representa más un obstáculo que un paso adelante para los detallistas.

Mientras, Ramón Pérez Blanco, presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico puntualizó que la entidad defiende las prácticas ambientalmente responsables, pero indicó que la Ley 51 necesita ser revisada para reflejar un entendimiento más profundo de las realidades de los negocios locales y el impacto económico que podría tener.

El presidente de Hecho en Puerto Rico, Jorge Ramírez explicó que su asociación tiene como prioridad apoyar la producción y el consumo de productos locales de forma sostenible. No obstante, la Ley 51 de 2022 debería atemperarse, según él, a las necesidades y capacidades de los productores. “Necesitamos reglamentaciones que no solamente sean sostenibles desde un punto de vista ambiental, sino también económicamente factibles para nuestras empresas.”

Asimismo, Manuel Reyes, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), abogó por la posposición de la puesta en vigor del estatuto. “Pedimos que se aplace la implementación hasta que se pueda garantizar un reglamento que detalle con precisión cómo proceder sin perjudicar la operatividad y sostenibilidad de nuestros empresarios”, expresó Reyes.