Mientras calienta la disputa judicial entre el inversionista Fahad Ghaffar y el empresario John Paulson en el tribunal estatal de Bayamón, varios pleitos entre ambos exsocios de negocios a nivel federal han registrado desarrollos en el intercambio de reclamos civiles por millones de dólares.

Ante una demanda enmendada de Paulson, alegando violaciones a la Ley federal de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión Criminal (RICO Act, en inglés), Ghaffar contestó este mes solicitando que sea desestimada y que se ordene un arbitraje entre las partes.

A través de sus abogados, Ghaffar señaló que la demanda es un acto “vengativo” de parte de Paulson por haber comenzado un procedimiento de arbitraje en Nueva York buscando “hacer valer su derecho contractual a su parte de los cientos de millones de dólares en ganancias generadas por su exitosa recuperación de la cartera de hoteles y bienes raíces propiedad de Paulson en Puerto Rico”.

“Es muy evidente que esta acción se inició por su efecto in terrorem y como parte de una campaña de desprestigio concertada. Al tratar de evadir sus obligaciones de pago, Paulson ha inventado una serie de empresas criminales, inventadas a través de una mezcolanza de acusaciones confusas”, agregó.

Destacó que Paulson enmendó la demanda porque la primera versión sufría de “varias fallas terminales” y que en la nueva versión “cambian su teoría por completo”.

Aunque los abogados añadieron más compañías co-demandantes para atender una alegada falta de legitimación en el recurso original, Ghaffar considera que los nuevos demandantes buscan “evitar su obligación contractual amplia y vinculante de arbitrar disputas”.

Para pedir la desestimación, sostuvo que la demanda por RICO falla en el “requisito fundamental” de poder alegar la existencia de una “empresa” más allá del mismo Ghaffar, su esposa, hermanos y asistentes clericales.

Entre otros argumentos, Ghaffar planteó que “el reclamo por fraude de valores también es deficiente por múltiples razones, incluida la falta de alegar legitimación legal, la falta de alegar tergiversaciones procesables y la falta de alegar la causalidad de la pérdida”.

En esa demanda enmendada en el Tribunal Federal, Paulson alega $165.6 millones en daños. La primera versión fue radicada en octubre del año pasado.

Los abogados del empresario alegaron que el reclamo responde a la “culminación de años de criminalidad, maquinaciones engañosas y tratos solapados por parte del demandado Fahad Ghaffar, para enriquecerse injustamente a sí mismo y a su familia en flagrante desprecio de los deberes legales que le debía a John Paulson y sus emprendimientos comerciales en Puerto Rico”.

“Aunque Fahad se promocionaba como un miembro leal del equipo de Paulson y un filántropo, nada podría estar más lejos de la verdad. Durante años, él y sus cómplices desviaron valor de las entidades Paulson en todo momento, traicionando la confianza de Paulson y mordiendo la mano que los había alimentado”, agrega la demanda.

Alegó que, aunque los detalles todavía estaban siendo investigados internamente, pudieron conocer lo que había estado ocurriendo “por años debajo del radar” cuando Gaffar se fue “en una vacación de dos meses en el Mediterráneo en su yate recién comprado”.

“La actividad de extorsión de Fahad incluye, entre otras: malversación de activos corporativos para financiar un estilo de vida extravagante para él y su esposa, desviar negocios hacia él y los miembros de su familia para su enriquecimiento y en detrimento de Paulson, inflar fraudulentamente el costo de los bienes y servicios prestados por miembros de la familia para aumentar las comisiones relacionadas con ese negocio, desviando sistemáticamente dinero y otros beneficios a sus cómplices y entidades fantasma sin contraprestación o con base en falsos pretextos, fraude de seguros, fraude fiscal, fraude electrónico, lavado de dinero, creación de una fundación caritativa falsa, extorsión y colocación de pruebas falsas”, denunciaron los abogados de Paulson.

Un mes antes, en septiembre de 2023, Ghaffar había presentado la primera de dos demandas federales que siguen activas contra Paulson.

En ese caso, las partes se encuentran en la etapa de estipular la producción de documentos, según se desprende de una notificación de esta semana en el expediente electrónico del tribunal federal.

Sin embargo, un calendario ordenado por la jueza Camille Vélez Rivé informa que se extenderá hasta el próximo año, pues incluye fechas límites hasta abril de 2025 para la radicación de mociones.

No obstante, las partes presentaron a finales de marzo una divulgación inicial con sus respectivos argumentos.

Ghaffar sostuvo que Paulson lo “indujo” a invertir $17 millones en una empresa de autos de lujo en Puerto Rico, con la representación de que iba a recibir un 10% de las ganancias de F40LLC y un 50% de las ganancias anuales después de descontar el 10%, además de que recibiría una participación del 50% en una entidad conocida como V12 Land.

Alegó que la representación que recibió fue “falsa y fraudulenta”, y que al momento no ha recibido ningún pago.

Por su parte, la defensa de Paulson negó en el mismo documento que haya violado algún acuerdo.

“Específicamente, Paulson y Ghaffar simplemente llegaron a un entendimiento general de que Ghaffar recibiría una participación del 50% en F40 y V12, sujeto a un acuerdo formal por escrito que detallara cómo se lograría esto, que debía ser negociado, acordado y firmado para efectuar la transacción. De hecho, Ghaffar sólo introdujo el concepto de realizar esta transacción a través de un billete convertible una vez se dio cuenta de que los fabricantes de automóviles de lujo no aprobarían a Ghaffar como propietario del F40″.

Añadió que “en un intento de buena fe por efectuar esta transacción, los demandados (Paulson) entregaron repetidamente el pagaré convertible a Ghaffar para su revisión; mientras tanto, proporcionó a Ghaffar los beneficios económicos de ser miembro del 50% del F40 en espera de la calificación formal de Ghaffar para su admisión en la estructura de propiedad del F40, lo cual no ha ocurrido; y proporcionó a Ghaffar una participación del 50% en V12. Sin embargo, Ghaffar obstaculizó la transacción rechazando repetidamente el pagaré convertible y exigiendo condiciones nuevas y diferentes”.

Según el memorando judicial, las partes esperan que declaren como testigos Ghaffar, Paulson, Stuart Merzer, Lebin Matthew, Pedro Notario Toll, Fernando Rovira Rullán, Diana Acevedo Franqui, Víctor M. Gómez y un representante de Better Puerto Rico LLC.

De otra parte, la segunda demanda federal de Ghaffar, radicada en octubre de 2023, no ha tenido mucho movimiento desde diciembre y enero pasados.

La notificación más reciente, del pasado lunes, es para avisar que al equipo legal de Paulson se unió como abogado Víctor Acevedo, quien hasta hace unas semanas litigó durante años en la Fiscalía federal en Puerto Rico, donde trabajó en casos de alto perfil, como el juicio por el asesinato del banquero Maurice Spagnoletti. El equipo legal de Paulson también cuenta con la exfiscal federal María Domínguez.