Antes de cerrar operaciones, el parque gastronómico Lote 23 adeudaba $42,714 a la Administración de Terrenos (AT) correspondiente al canon de arrendamiento establecido por espacio de 10 meses, informó este jueves Sebastián Negrón Reichard, secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).

La dueña del concepto, Cristina Sumaza, tenía un contrato de arrendamiento del terreno público con la AT hasta abril de este año.

Aunque el canon era de $4,250 mensuales, según consta en una comunicación a la que El Nuevo Día tuvo acceso, Sumaza propuso a la AT reducir el pago de alquiler a $500 al mes, cediendo el 75% del terreno, luego la propuesta aumentó a $1,000 al mes.

Dado que AT denegó la propuesta, la dueña de Lote 23 advirtió en diciembre de 2025 que si no se le reducía el alquiler “no podríamos continuar operando y estaríamos entregando el parque”.

Tras el cobro por parte de la AT, Sumaza optó por entregar la parcela antes del tiempo establecido en el contrato, desembocando en el cierre del parque gastronómico.

Ante el impacto económico que tendría el repentino cierre para las siete pequeñas empresas que operando en Lote 23, el secretario del DDEC se reunió con los empresarios y acordó, junto con la AT, que aquellos que quieran continuar operando en el lugar lo puedan hacer hasta abril próximo.

Esto serviría para comprar tiempo en lo que la agencia identifica otras opciones para relocalizar a estos emprendedores.

“Vamos a apoyar a todos los empresarios a buscar un plan de transición para que puedan salir aún más exitosos de esta situación. Anoche (miércoles) nos reunimos con los empresarios, en Ciudadela. Hoy (jueves) nos reunimos nuevamente con el equipo de desarrollo de negocios, capital semilla, Rones de Puerto Rico y traje la visita especial de Antonio Aguilar que es un empresario que está ayudando con todo lo que es el casco urbano de Río Piedras”, dijo Negrón Reichard.

Por su parte, Rayeliz Vicente Torres, dueña del negocio de comida criolla La Sobrina, que operaba en Lote 23, explicó a este diario que la administración del parque estará a cargo de Terrenos hasta el próximo 30 de abril. La agencia ya puso los servicios de agua, luz y gas a su nombre, así como la coordinación del recogido de basura.

“Hasta el momento, la Administración (de Terrenos) se va a encargar. Ellos no nos van a cobrar renta, solo las utilidades -agua, luz y gas-”, explicó Vicente Torres.

El parque gastronómico cerró el pasado martes de manera sorpresiva no solo para los consumidores, sino también para las pequeñas empresas puertorriqueñas que operaban en la parcela y quienes alegan que se incumplió con sus contratos y se quedaron con deudas por pagar.

La dueña de Lote 23, Cristina Sumaza comunicó a la prensa que el cierre respondió a cambios estructurales y a la realidad económica, como altos costos.

Sin embargo, una de las comerciantes explicó a El Nuevo Día, que los problemas iniciaron el pasado año cuando se notificó que no tendrían los fondos del Programa de Subvenciones en Bloque para el Desarrollo de Comunidades (CDBG, en inglés) para continuar financiando el proyecto de incubación empresarial.

A pesar de que el grupo de comerciantes llegó a un acuerdo para financiar con fondos propios su operación, según Vicente Torres. Meses más tarde la Autoridad de Tierras, dueña de los terrenos, notificó que por espacio de 10 meses no se pagó el arrendamiento.

Sin embargo, mientras se anunciaba el súbito cierre del parque gastronómico se estaban cuajando otros planes para la parcela.

Juan Carlos Suárez y Fernando Sumaza, esposo y hermano de la dueña de Lote 23, LLC, respectivamente, a través de la corporación Jueyes, LLC, obtuvieron en 2025 los permisos para construir un hotel de 150 habitaciones con estacionamiento y espacios comerciales. Todavía falta el permiso de construcción consolidado.

¿Existe alguna solicitud de decreto de Jueyes, LLC o los socios Juan Carlos Suárez y Fernando Sumaza?, preguntó El Nuevo Día.

“Realmente, al momento, no tengo esa información”, respondió Negrón Reichard, quien evadió otra pregunta de seguimiento de la prensa relacionada con el próximo proyecto que ocupará los terrenos de dominio público.

El titular del DDEC insistió en que la prioridad de la agencia es atender a los empresarios. “Para mí qué viene después o si hay créditos envueltos no viene al caso”, sostuvo Negrón Reichard.

Luego de que la dueña de Lote 23 incumpliera con el pago de arrendamiento y con el término fijado en el contrato, el secretario insistió en que la AT llevaría el caso como cualquier otro contrato moroso.

“Creo que eso… los próximos pasos entre la empresa Lote 23 y Terrenos es algo que se va a tener que atender en el debido proceso en el que se atiende un contrato moroso, no es diferente a cosas que pasan todo el tiempo con inquilinos. En ese sentido, lo correrá Terrenos en su proceso”, dijo Negrón Reichard.

Cabe destacar, que el secretario del DDEC es el presidente de la junta de directores de la Administración de Terrenos, de acuerdo con el Portal Oficial del Gobierno de Puerto Rico.

Como parte de las estrategias que evalúa el DDEC para mantener la operación de los empresarios figuran identificar incentivos y localidades donde puedan ser transferidos, una de ellas sería en el casco urbano de Río Piedras.

“Estamos en una idea, pero lo que queda claro es el compromiso de que nosotros nos queremos asegurar de que estos comerciantes no se queden solos, sea Río Piedras o en algún otro lugar de San Juan, en Bayamón, en Carolina… Algunos han tenido conversaciones”, adelantó Negrón Reichard.

Al momento del cierre operaban ocho pequeños negocios: La Sobrina, Misoki, Pazalsear, La Paz Pizza, Kory, Salitre, Craft Beer y Arepon. De estos, solo La Sobrina, Misoki, Pazalsear y Arepon permanecerían en lo que fue Lote 23 hasta el 30 de abril, precisó Vicente Torres.

Este año se cumplía una década desde que Lote 23 comenzó operaciones, con el fin de servir como una plataforma clave de incubación y desarrollo empresarial. El concepto llegó a apoyar a más de 90 negocios, según sus propulsores.