La primera etapa de un caso del inversionista Fahad Ghaffar contra su exsocio John Paulson, que se ventila mediante arbitraje en Nueva York, fue reabierta luego de que la jueza Carolyn E. Demarest, árbitra de la controversia, identificara posibles errores en la prueba presentada por los demandados.

Inicialmente, Demarest falló contra Ghaffar y le ordenó pagar casi $50 millones a Paulson. La determinación, empero, no era definitiva.

Previamente, la jueza -consignó Paulson en una moción presentada ante el Tribunal de distrito federal en San Juan-, determinó que el despido de Ghaffar de las empresas de Paulson hace unos tres años fue justificado y que el inversionista no tenía derecho a participar en las ganancias de los negocios de Paulson en Puerto Rico tras su salida de la empresa.

Según la moción, Demarest decidió que Ghaffar incurrió en fraude, fraude de valores y violaciones fiduciarias y contractuales relacionadas con una inversión de $12.2 millones realizada por Paulson en la empresa Innoveo Inc., una compañía de software que, según el presidente de Paulson Puerto Rico, Ghaffar y su hermano, Amir, utilizaron para estafarle.

Asimismo, la árbitra concluyó que Ghaffar retuvo indebidamente puntos de recompensas de American Express derivados de gastos corporativos por un valor de $112,936, cantidad que también debía reembolsar a Paulson, a tenor con el documento judicial.

Sin embargo, una resolución de la árbitro a la que este medio tuvo acceso, reza que “como se ha señalado repetidamente, el Laudo Interino de la Fase I no es definitivo respecto de los asuntos planteados en este arbitraje”.

“Dado el error en la prueba de los posibles daños a John Paulson como resultado de su inversión en Innoveo y el posible error de derecho revelado por prueba no divulgada anteriormente, existe justa causa para reabrir la Vista de la Fase I”, agrega el documento con fecha del 4 de agosto pasado.

A juicio de José Andreu Fuentes, representante legal de Ghaffar, la determinación de la árbitra “confirma la seriedad de lo que el señor Ghaffar ha venido planteando. La propia árbitra reconoció que Paulson ocultó evidencia, que de tenerla ante sí hubiera resuelto a favor del señor Ghaffar”.

“Esta omisión de Paulson la indujo a error, por lo que sus conclusiones anteriores fueron incorrectas. Por tal razón, (Demarest) ordenó reabrir la primera fase del caso bajo arbitraje. Estas acciones levantan serios cuestionamientos sobre la manera en que las entidades Paulson han conducido este proceso, en el que el señor Ghaffar ha prevalecido consistentemente”, agregó.

Andreu Fuentes continuó indicando que Ghaffar ”ha comparecido y continuará compareciendo de buena fe, exponiendo sus planteamientos y su evidencia ante los foros correspondientes. Confiamos en que, una vez se evalúe el expediente completo, los hechos hablarán por sí solos”.

Mientras, María Domínguez, parte del equipo legal de Paulson, señaló que la determinación de la árbitro solo significa que es necesario “llevar a cabo cierto descubrimiento de prueba adicional para finalizar su determinación sobre ciertos aspectos de la conducta indebida de Ghaffar”

“Al mismo tiempo, mantuvo intactas las conclusiones más significativas del árbitro respecto a las violaciones a sus deberes de fiducia por parte de Ghaffar. La interpretación errónea que hace Ghaffar queda refutada en la propia decisión”, apuntó Domínguez.

Mientras el caso de arbitraje permanece activo en Nueva York, Ghaffar y Paulson reactivaron sus respectivas alegaciones de fraude en los tribunales.

En junio pasado, Ghaffar presentó en el Tribunal Primera Instancia de San Juan una nueva demanda contra Paulson, alegando un ardid contributivo que habría transferido obligaciones fiscales multimillonarias a Better Puerto Rico LLC. Se alega que el inversionista residente destinó casi $17 millones a F40 LLC, dueña de los concesionarios ahora conocidos como Gómez Hermanos Paulson.

Mientras, en julio pasado, Paulson demandó a Ghaffar por incumplimiento de contrato y reclamó $200 millones en daños. Concretamente, el empresario señaló que su antiguo socio violó un acuerdo en el que se comprometió a no incoar pleitos legales relacionados con la sociedad que tenían.