La Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico (AAPP) y la Oficina del zar de Energía refirieron este jueves al Departamento de Justicia, y a las autoridades federales correspondientes las alegaciones de irregularidades relacionadas al contrato de suplido de energía temporera otorgado al consorcio liderado por Power Expectations.

Los señalamientos objeto de los referidos surgen del alegado uso no autorizado del nombre y de una firma correspondiente a Enchanted Rock, LLC, entidad que había sido presentada como integrante del consorcio junto a sus socios Power Expectations y Reyes Contractor Group durante el proceso competitivo.

La firma atribuida a Enchanted Rock corresponde a Jhoby Weaks, identificado como jefe de Operaciones del Caribe, nombre que la empresa aseguró no reconocer entre sus ejecutivos, informó la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) la semana pasada.

Los referidos fueron realizados por el Bufete O’Neill & Borges, también representantes de la Junta Fiscal, como representantes de Enchanted Rock, el 16 de junio de 2026, según las declaraciones de Josué A. Colón Ortiz, zar de Energía y director ejecutivo de la AAPP.

El contrato para el suministro de energía temporera con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), según el documento registrado en la Oficina del Contralor de Puerto Rico, fue valorado en casi $5,887 millones, con vigencia de 10 años, y se concretó el pasado 10 de junio de 2026.

El contrato también está bajo amenaza de cancelación por parte de la JSF.

El proceso competitivo fue administrado por la Oficina Independiente de Adquisiciones (3PPO, en inglés), función desempeñada por la compañía privada Regulatory Compliance Services Corp. (ReComS), contratada por la AAPP desde 2023 mediante un proceso competitivo para administrar determinados procesos de contratación relacionados con el sistema eléctrico.

“Desde el primer momento nuestra posición ha sido clara: cualquier alegación de fraude, falsificación, utilización no autorizada de una firma o cualquier otra posible irregularidad relacionada con un proceso de contratación pública tiene que investigarse con seriedad y hasta sus últimas consecuencias”, expresó Colón Ortiz.

El Nuevo Día intentó obtener una reacción de parte de Justicia, pero al momento de esta publicación no hubo respuesta.

“No vamos a prejuzgar a ninguna persona o entidad, pero tampoco vamos a ignorar una alegación de esta naturaleza. Por esa razón, hemos puesto la información en manos de las autoridades estatales y federales para que cada una pueda realizar la evaluación que corresponda dentro de su jurisdicción”, continuó el ingeniero en declaraciones escritas.

Colón Ortiz explicó que la intervención del 3PPO en los procesos responde a las disposiciones de los manuales y procedimientos de compras y contratación para atender potenciales conflictos de interés derivados de los contratos suscritos con LUMA Energy y Genera PR, incluyendo aquellos relacionados con sus respectivas empresas matrices o afiliadas, conforme al marco establecido por la Ley 120-2018 (Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico).

Los presuntos incumplimientos por parte del consorcio fueron revelados por la JSF en una misiva dirigida al 3PPO.

Sin embargo, Colón Ortiz aseguró que la AAPP ya había referido el asunto a Osvaldo Carlo, principal oficial del 3PPO, para una investigación que incluyera la revisión del expediente del proceso competitivo, el “fact-finding” necesario y la preparación de hallazgos, conclusiones y recomendaciones.

Carlo atribuyó la controversia a cambios en la estructura corporativa de Enchanted Rock, hoy subsidiaria de ERock Inc., que comenzó a cotizar en bolsa el mismo día en que se firmó el contrato.

Pese a la magnitud del contrato, la información financiera de Enchanted no da cuenta de que realice negocios en Puerto Rico.

El Nuevo Día intentó obtener un reacción de Carlo, pero al momento no hubo respuesta.

Confirmó, además, que la AEE autorizó a Power Expectations a sustituir a Enchanted Rock por Flotek Industries en el consorcio.

En tanto, la AAPP y el zar de Energía enfatizaron que los referidos no constituyen una determinación de que se haya cometido delito alguno ni una imputación de conducta criminal contra persona o entidad alguna. Corresponderá a las autoridades competentes evaluar la evidencia y determinar las actuaciones que procedan, se indicó.