El juez Enrique Lamoutte Inclán ordenó ayer, miércoles, a Instituto Médico del Norte Inc., matriz del hospital Wilma N. Vázquez a justificar por qué mantiene dos casos activos bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras federal.

La institución se acogió a la bancarrota por cuarta ocasión a finales del mes pasado, al reportar acreencias por $7.3 millones.

Previo a ello, el hospital se acogió a la bancarrota en 2013. El caso se cerró en 2016 y fue reabierto en 2021 hasta el presente. La primera quiebra de la institución hospitalaria fue en 1987.

El juez reconoció tener preocupaciones “respecto a tener dos casos activos y cómo ello podría afectar los intereses de los acreedores en cada caso”.

Las preocupaciones fueron reforzadas por los argumentos que el representante del Síndico de Estados Unidos presentó en relación a las cuentas bancarias previo a la petición de quiebra y las cuentas de deudor en posesión.

“Particularmente, debido a que en este momento el Plan confirmado del Capítulo 11 en el Caso Núm. 13-08961 (el caso de 2013) podría no poder modificarse”, reza la orden del juez.

En concreto, el tribunal ordenó al deudor presentar, dentro de 21 días, un informe detallado explicando quién representa legalmente a la entidad; si las entidades de ambos casos son distintas, qué cuentas bancarias utilizan, cómo se afectan los acreedores y cuáles son las circunstancias que cambiaron y que justificarían la nueva radicación.

Entre los principales acreedores no asegurados del hospital, figuran suplidores clave de servicios y equipos médicos, entre ellos Rhombus Construction LLC, Precise Radiology PSC y Medimax RSI Corporation.

Sin embargo, Luma Energy es el principal acreedor del hospital, con una deuda de $2.4 millones. La institución también adeuda sobre $683,000 a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado.

Al momento de radicar la quiebra, Jesús Batista Sánchez, abogado del hospital, indicó que “el hospital también enfrenta retos diversos”.

“Sin embargo, contrario a lo que ha ocurrido con otras facilidades de servicios de salud que se han visto obligadas a cerrar, con la radicación de la petición de reorganización financiera, el Wilma N. Vázquez ha tomado medidas responsables para preservar la operación y asegurar el cumplimiento de sus obligaciones económicas, entre estas, con empleados, médicos y suplidores”, reclamó.

No obstante, este diario ha reportado en múltiples ocasiones que el hospital ha incumplido con el pago del salario de sus trabajadores y contratistas en más de una ocasión.

Desde marzo pasado, el hospital está bajo investigación del Departamento de Salud y tenía hasta ayer martes para entregar una información requerida por la agencia.