A casi 10 años de operación en Puerto Rico y en medio de los múltiples señalamientos por falta de mantenimiento, Aerostar Airport Holdings -el administrador privado del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín- busca una extensión del contrato de arrendamiento, que mantendría a la empresa al frente de la principal instalación portuaria de Puerto Rico por más de 40 años.

El director ejecutivo de Aerostar, Jorge Hernández, reconoció que ha sostenido “conversaciones” con el gobierno en dicha dirección, aún cuando faltan 30 años para que se venza el acuerdo en 2052.

Los contactos han sido con la Autoridad de los Puertos, cuyo director ejecutivo, Joel Pizá Batiz, confirmó a El Nuevo Día las charlas “informales” entre ambas partes, ya que, aseguró, Aerostar no ha sometido una solicitud formal. El contrato vigente vislumbra una extensión de 10 años, pero con el consentimiento del gobierno.

“Los proyectos de infraestructura trabajan en periodos más alargados de 40 años... Nosotros quisiéramos seguir trabajando en San Juan y mientras más tiempo tengamos mejor, para seguir trayendo nuevas ideas y conceptos al aeropuerto. Es parte del interés como parte de la industria tener más tiempo para trabajar con el activo”, expresó Hernández.

Cuestionado sobre si una extensión del contrato sería posible pese a las denuncias recientes en torno al estado del aeropuerto, Hernández aceptó que tienen que mejorar la experiencia del pasajero. La semana pasada, el gobernador Pedro Pierluisi dijo que “algunas de las facilidades dejan mucho que desear”.

Este medio había reportado en enero que el aeropuerto confrontaba problemas con la limpieza, particularmente en los baños. Sin embargo, pasajeros han recurrido a las redes sociales para denunciar otras situaciones, como goteos de agua, pasillos en mal estado y pobre señalización.

A pesar de este escenario, Hernández reclamó que la experiencia del pasajero es distinta a cuando la instalación era operada por Puertos. A su juicio, “no se puede comparar una cosa con la otra”.

“Este aeropuerto no tiene nada que envidiarle a ningún aeropuerto alrededor del mundo y creo que se refleja. Tienes el expertise de empresas (como Asur) que se dedican a hacer esto (administrar aeropuertos) alrededor del mundo y esas prácticas son las que se implementan en este aeropuerto”, sostuvo.

Datos de Aerostar apuntan a una inversión total de $296 millones en infraestructura por los pasados años, de los cuales $41 millones provinieron de fondos federales. La compañía, aseguró, ha invertido en mejorar los terminales, comprar equipos de seguridad, hacer mejoras en el estacionamiento y cambiar los puentes de abordaje.

¿Dónde queda la fiscalización?

Pizá Batiz defendió que Puertos mantiene un rol proactivo de fiscalización sobre el aeropuerto y justificó que antes de la pandemia Aerostar no había mostrado dificultades en su operación.

Cuestionado sobre los informes del estado del aeropuerto, que su entidad está obligada a presentar anualmente, reconoció que el informe de 2020 está atrasado por la pandemia. El funcionario, sin embargo, aseguró que Puertos visita semanal y mensualmente la instalación portuaria y que ya había señalado la falta de mantenimiento frente a Aerostar.

“Quizás la fiscalización no es muy visible, pero que no se interprete que nosotros no estamos allá afuera constatando. Al final del día es un ‘partner’ y tratarlo de esa manera (sin denuncias públicas) es mejor para no afectar las relaciones”, puntualizó Pizá Batiz.

La Ley 29 de 2009 también ordena a la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) a realizar un informe anual sobre el cumplimiento de los contratos vigentes, incluyendo el de Aerostar, pero el actual director ejecutivo de la entidad, Fermín Fontanés, reconoció que solo hay informes de cumplimiento de este contrato para el periodo de 2013 a 2017.

Los de 2018 a 2021 fueron encomendados a dos compañías de consultaría, Hage Consulting y Attentive Compliance Group, que en conjunto acumulan sobre $889,000 en contratos, según el portal de la Oficina del Contralor.

Aparte de este informe, la AAPP está obligada a realizar una auditoría del contrato cada cinco años, pero el documento del periodo 2013-2018 tampoco está completado. Hage Consulting también es la firma a cargo de esta auditoría.

Sobre si, entonces, la entidad pública no tiene visibilidad sobre el cumplimiento de Aerostar, el funcionario defendió su labor.

“Nosotros trabajamos en conjunto con la Autoridad de los Puertos y sí tenemos visibilidad de sus reportes. Nosotros tenemos una relación activa con Aerostar y sí estamos en contacto con ellos en relación a la operación”, respondió Fontanés.

Mientras los informes de Puertos y la AAPP no están al día, el senador Javier Aponte Dalmau radicó la Resolución del Senado 588 para realizar una “investigación exahustiva” sobre el contrato.

La medida persigue auscultar el cumplimiento de los términos contractuales del arrendamiento, fiscalizar la operación de Aerostar y examinar el beneficio que han tenido los ciudadanos.