Pizá Batiz juró a la Junta de Gobierno de la AEE el lunes 4 de mayo. (GFR Media)
El director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, Joel Pizá Batiz. (GFR Media)

El director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos (AP), Joel Pizá, rechazó este viernes que el gobierno no haya ofrecido información a integrantes del sector turístico acerca de la Alianza Público Privada (APP) que contempla para los muelles de crucero en la bahía de San Juan.

También dejó entrever que si el sector hubiera interesado más información acerca de la transacción podía firmar un acuerdo de confidencialidad o “Non-Disclosure Agreement” (NDA, en inglés), un remedio provisto en la Ley 29, que fue enmendada bajo la administración de Ricardo Rosselló para flexibilizar los procesos de competencia en ese modelo de gestión pública.

“¿Quién gana con el estatus quo en el Puerto de San Juan? Tengan la seguridad que no es el pueblo de Puerto Rico o nuestro destino turístico de cara al futuro”, dijo Pizá en una declaración escrita.

Pizá indicó que “durante los pasados días se ha diseminado información incorrecta de los términos y condiciones de la transacción”, pero no hizo referencia específica qué sería incorrecto ni quién lo habría diseminado.

“Rechazamos categóricamente cualquier premisa de que el gobierno ha sido renuente en compartir información con la industria turística”, agregó el funcionario.

Según Pizá, desde el año 2019, se han celebrado múltiples reuniones con diversos sectores. Tan reciente como en el pasado mes de junio, el gobernador de Puerto Rico sostuvo una reunión con la Alianza Turística por Puerto Rico (ATPR)”, indico Pizá al asegurar que el gobierno contestó a la organización todas las preguntas que había hecho acerca de la transacción.

La firma del acuerdo de confidencialidad, sin embargo, hubiera silenciado a cualquier parte que lo firmara, incluyendo al operador seleccionado, a hacer expresiones públicas acerca de la transacción, según indicaron diversas fuentes a este diario.

De acuerdo con Pizá, en sus negociaciones con el operador, “el gobierno de Puerto Rico se ha asegurado de exigir inversión adecuada, buscar protecciones históricas laborales, garantizar peticiones hechas por las líneas de cruceros, entre otras”.

Lo que aspira el gobierno con la APP

El funcionario agregó que el objetivo de la APP es “reparar los muelles de cruceros existentes, construir nuevos terminales de cruceros con dimensiones que aseguren el atraque de los nuevos mega cruceros y tengan la capacidad de procesar miles de pasajeros y equipaje; un mantenimiento adecuado de las instalaciones portuarias durante las próximas décadas; un equipo gerencial con las conexiones globales para atraer nueva actividad comercial”.

Aunque el gobierno no ha revelado oficialmente el nombre del operador, para alcanzar tales objetivos, que requerirían cientos de millones de dólares de inversión, la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP) habría seleccionado como socio a Global Ports Holding (GPH), subsidiaria a su vez, de Global Investments Holding (cuyo nombre corporativo es Global Yatirim Holding o GLYHO). La empresa habría sido seleccionada en un proceso de competencia, pero en el 2018, se presentó una propuesta no solicitada para agenciarse el negocio en la isla.

En parte, como resultado de la pandemia del Covid-19, la posición financiera de GPH –que opera en Europa, Asia y más recientemente el Caribe- es precaria y su nivel de endeudamiento ronda los $598 millones, según los propios informes de la empresa.

Un análisis reciente de la Bolsa de Valores de Londres denota que, en el agregado, durante los pasados cinco años, la media de ingreso de GPH rondó unos $108 millones, pero su margen neto de beneficio, un indicador que ayuda a determinar si la empresa genera suficientes o tiene sus gastos bajo control para generar ganancias, era de -18.3%.

En el año 2019, el gobierno llegó a un acuerdo privado que permitió modificar y cancelar parte de la deuda pública que mantenía la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) asociada con la Autoridad de Puerto Rico. La transacción permitió modificar unos $190 millones en bonos, pagando a los bonistas con una combinación de unos $82.4 millones en efectivo y ciertos bonos de la Autoridad para la Recuperación de la Deuda del fallido Banco Gubernamental de Fomento (BGF), según los estados financieros auditados del gobierno.

Según los estados financieros auditados del gobierno más recientes, en el año fiscal 2019, la corporación pública que dirige Pizá encaraba un déficit de $552.4 millones.

El Nuevo Día reportó esta semana que si Puerto Rico otorga la APP a GPH, la transacción podría ser un salvavidas para la empresa con sede principal en Turquía, pues si el sector de cruceros se estabiliza y el territorio estadounidense recupera su volumen de pasajeros, GPH vería -de un plumazo- un alza de 20% en sus pasajeros y con ello, el beneficio monetario de esa actividad.

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