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En la foto el Capitolio de Estados Unidos. (EFE)

Washington - El Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha solicitado al Departamento de Justicia federal que excluya el actual status territorial de cualquier certificación de alternativas de status para un próximo referéndum en Puerto Rico.

En su informe sobre el proyecto que propone el presupuesto 2020 para el Departamento de Justicia federal, la comisión sostuvo que para cumplir con el propósito de una ley federal de 2014, que impulsa asistir a Puerto Rico con la convocatoria a una consulta de status, se deben validar alternativas que permitan “resolver” el status político de la isla.

También ha pedido que el Departamento de Justicia federal presente, 45 días después de que la medida se convierta en ley, un informe en torno a “los formatos de la papeleta electoral, los materiales de educación a los electores y materiales relacionados que permitirían” a esa oficina ayudar a financiar una próxima consulta en la isla.

La legislación ha sido tramitada por el subcomité de Asignaciones  de Comercio, Justicia y Ciencias, que preside el congresista demócrata boricua José Serrano (Nueva York).

Serrano – junto al entonces comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi-, promovió el pasado cuatrienio ante el presidente Barack Obama, el lenguaje que luego se convirtió en ley que permite al Secretario de Justicia de EE.UU. certificar las alternativas de status y la campaña educativa de un próximo referéndum de status en la isla, a cambio de $2.5 millones que se le entregarían a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

Aunque el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares comenzó las gestiones con Justicia federal de cara al plebiscito del 11 de junio de 2017, no esperó por el análisis final de la oficina del entonces secretario Jeff Sessions.

La consulta- en la que la estadidad obtuvo el 97% de los votos-, se celebró sin el aval del Departamento de Justicia federal, en medio un boicot de la oposición y tuvo la más baja participación (23%) de la historia para un referéndum destatus en Puerto Rico.

“El Comité considera que el Departamento (de Justicia) tiene la responsabilidad de atender asuntos de representación democrática e igualdad en Puerto Rico y otros territorios de Estados Unidos, incluido atender el debate sobre el status político. Por lo tanto, el Comité instruye al Departamento a actuar de forma expedita sobre cualquier solicitud de financiamiento de parte de la CEE, y notificar al Comité sobre cualquier solicitud relacionada a este financiamiento”, agrega el informe del proyecto de asignaciones a Justicia federal.

Aunque el directorio del Partido Nuevo Progresista acogió en febrero la idea de convocar en o antes de las elecciones de 2020 a un referéndum estadidad sí o no, que pudiera tratar otra vez de hacer uso de la ley federal de 2014, el gobierno de Rosselló Nevares no ha hecho gestiones concretas con la oficina del Secretario de Justicia de EE.UU..

En 2017, cuando Rosselló Nevares intentó legislar un plebiscito estadidad versus soberanía política (libre asociación o independencia), el Departamento de Justicia de Estados Unidos advirtió que cualquier consulta debería incluir el status territorial, para cumplir, como requiere la ley de enero de 2014, con las normas constitucionales, legales y de política pública del gobierno federal.


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