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(GFR Media)

Washington - Por dictamen federal, para la Navidad de 2019, las peleas de gallos quedarían prohibidas en Puerto Rico, lo que las autoridades temen que abra paso a un nuevo negocio  clandestino.

Horas después de que se divulgara el acuerdo de un comité de conferencia del Congreso sobre la reautorización de la Ley Agrícola, que extiende a Puerto Rico y los demás territorios la prohibición que existe en los estados sobre las peleas de gallos, el Senado de EE.UU. aprobó esta tarde (87-13) el informe que contiene la legislación.

El informe –producto de un consenso y que no puede ser enmendado– pasa ahora a la consideración de la Cámara de Representantes, donde se quiere llevar a votación mañana.

Según el acuerdo del comité de conferencia, como adelantó El Nuevo Día, las autoridades de Puerto Rico tendrán un año para poner fin la industria de las peleas de gallos, que el gobierno considera un deporte y que  tiene un impacto de $18 millones anuales en la economía.

“Será devastador para la economía de Puerto Rico”, indicó la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, al señalar que se propone presentar legislación a principios de 2019 para presionar a favor de revertir la decisión que parece inminente que el Congreso ratifique esta semana.

Aunque la medida avanzó ya en el Senado, el gobernador Ricardo Rosselló dijo que llegará mañana a Washington para, entre otras cosas, presionar en contra de la prohibición.  “Vamos a ir como parte de una agenda más abarcadora”, dijo el mandatario.

El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) Urayoán Hernández Alvarado indicó también que viajará a Washington “próximamente”.

El acuerdo del comité de conferencia del Congreso incorporó la enmienda del republicano Peter Roskam (Illinois) –quien perdió su reelección en noviembre– que había sido aprobada en mayo en la Cámara baja, con apoyo bipartidista (359-51).

La versión de consenso hace efectiva la prohibición en Puerto Rico y los demás territorios un año después de que la reautorización de la Ley Agrícola se convierta en ley. Las asignaciones de la Ley Agrícola –que regula programas de asistencia a agricultores y de nutrición– tendrán una vigencia de cinco años.

La enmienda ha sido impulsada por años por la organización Humane Society, que considera que se trata de una industria que da un trato cruel a los gallos.

González indicó que Humane Society invirtió “millones de dólares” en cabildeo para prohibir una actividad que ella se propone “seguir patrocinando”.

La comisionada González sostuvo que a menos que haya una sorpresa de última hora, el informe del comité de conferencia debe ser aprobado en la Cámara baja. Pero, indicó que prevé  presentar legislación en  2019 para tratar de revertir la decisión que se tome en los próximos días.

“Van a convertir las peleas de gallos, un deporte de caballeros,  en una industria clandestina. He estado (en  galleras). Conozco a muchos de los criadores. Los gallos seguirán peleándose”, dijo González.

Junto con delegados de territorios, González reclamó  sin éxito desde la pasada primavera que el asunto fuese considerado independientemente y llevado a audiencias públicas para que se entendiera cuan regulada esta la industria.

También ha considerado un ejercicio colonial la intención del Congreso de pasar por encima del apoyo que tiene la industria en los territorios. “No nos dieron la oportunidad de una audiencia para que conocieran el efecto de la decisión y la historia”, dijo.

En una audiencia reciente sobre otro asunto, la delegada de Islas Vírgenes, Stacey Plaskett, sostuvo que es toda una contradicción que el Congreso  esté atento a las peleas de gallos pero no se interese de la misma forma en atender la inequidad en el acceso de los territorios a fondos de Medicaid.

Los demócratas boricuas del Congreso se dividieron en torno a este asunto cuando se presentó la enmienda de Roskam. José Serrano (Nueva York) y Darren Soto (Florida) votaron a favor de prohibir las peleas de gallos en Puerto Rico, mientras que Nydia Velázquez (Nueva York) y Luis Gutiérrez (Illinois) rechazaron la enmienda.

“Es el imperio diciendo ‘te vamos a imponer esto sin tu consentimiento’”, indicó ayer el congresista Gutiérrez, quien se retira del Congreso en unos días.

Habla la industria

Para la industria de gallos, el Congreso va a crear un juego clandestino en la isla.

“Hay un montón de empleos, hay generaciones que viven de este deporte…  Esto atenta contra la economía. Esto es una cosa autóctona. Tenemos más de 700 años. George Washington, John Adams y Abraham Lincoln, y si sigo por ahí la lista es larga, esa gente peleaba gallos”, declaró  el presidente de la Junta de Directores del Club Gallístico, Graciani Miranda Tristani.

Sobre la amenaza de clandestinidad que pesa sobre el sector en caso de una prohibición, Miranda Tristani indicó que “lamentablemente, si se ilegaliza, eso abre la posibilidad de las peleas clandestinas, mucha gente me ha manifestado eso”.

Otros asuntos

Como parte de los acuerdos referentes a la Ley Agrícola, el comité de conferencia eliminó de la legislación una propuesta que había aprobado la Cámara baja para estudiar cuánto dinero recibiría Puerto Rico si estuviera acogido al Programa Suplementario de Asistencia Nutricional (SNAP), que es el que funciona en los estados. El estudio más reciente tuvo lugar en 2010 y determinó que bajo el SNAP, habría un aumento de 15.3% en los hogares elegibles para asistencia alimentaria.

El informe también excluyó una propuesta de la comisionada González para llevar a cabo un estudio sobre la posibilidad de que Puerto Rico tenga su propio plan económico de alimentación (Thrifty Food Plan) del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), lo que significaría poder tener un mejor cálculo de los beneficios.

Sin embargo, incluyó lenguaje que permitirá incluir a Puerto Rico en un programa piloto de cultivo de cannabis industrial. “Permite a las universidades participar en la investigación del uso de cannabis industrial en la isla”, dijo  González.

El acuerdo permite además incentivar la compra de frutas y vegetales bajo el programa de concesiones para la seguridad nutricional (Food Insecurity Nutrition Incentive Grant Program).

Los periodistas Ricardo Cortés Chico y Antonio Gómez colaboraron con este reportaje.


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