El caso contra Edwin Yadiel Flores Tavárez —el único en el Tribunal federal en Puerto Rico en el que se contempla la pena de muerte por los crímenes de dos menores en Piñones, el 25 de julio de 2023— podría llegar a juicio entre octubre de 2027 y marzo de 2028.

Así consta en los calendarios propuestos por la Fiscalía federal y la abogada defensora Lydia Lizarríbar Masini, a solicitud de la jueza de distrito federal Camille L. Vélez Rivé, quien requirió a las partes presentar un calendario conjunto de fechas para el juicio.

En los documentos disponibles en el expediente electrónico del caso consta que las partes no llegaron a un acuerdo para señalar el día en que iniciaría el juicio por los asesinatos de Tanaisha Michelle de Jesús Curet, de 15 años, y Nahia Paola Ramos López, de 13.

Por estos hechos, Flores Tavárez enfrenta desde el 17 de julio de 2025 una acusación enmendada en la que se le imputa el delito de secuestro con resultado de muerte, un cargo que lo hace elegible para la pena de muerte bajo el Código de los Estados Unidos.

En mociones separadas, el fiscal federal Julian N. Radzinschi sugirió como fecha de inicio del juicio el 4 de octubre de 2027. Por su parte, Lizarríbar Masini, representante legal del acusado, propuso que la selección del jurado comience el 6 de marzo de 2028.

En el documento de 14 páginas presentado el 30 de abril, que era cuando vencía el término para entregar las fechas propuestas por la jueza, Radzinschi indicó que, aunque las partes han dialogado en múltiples ocasiones y de buena fe, no fue posible llegar a un acuerdo.

“El gobierno entiende que la defensa desea una fecha de juicio posterior a la propuesta por el gobierno. Por ello, el gobierno presenta esta moción para una orden de calendario y para fijar fecha de juicio, junto con su propuesta de orden de calendario”, dijo el fiscal.

Precisó que la fecha de juicio propuesta por la Fiscalía -el 4 de octubre de 2027- respeta los derechos constitucionales, “ya que evita demoras indebidas y reconoce el interés de las víctimas, sus familias y la comunidad en la pronta resolución del caso”.

Asimismo, Radzinschi planteó que la fecha propuesta de juicio “es razonable, especialmente considerando el volumen de descubrimiento de prueba que ya ha sido producido por el gobierno (federal)”.

En el calendario propuesto por la Fiscalía federal llama la atención que “la fase de pena de muerte, si fuera necesaria, comenzará aproximadamente una semana o menos después del veredicto de culpabilidad”, en caso de que el jurado hallara culpable al acusado.

Por su parte, Lizarríbar Masini señaló el 30 de abril en una moción de nueve páginas que, en efecto, las partes trabajaron de “buena fe” en la elaboración de un calendario, e incluso indicó que entendía que la propuesta sería presentada de forma conjunta.

“A última hora de esta tarde, el fiscal nos informó que su Departamento no aceptaría nada distinto a su propuesta más agresiva. Posteriormente, presentó su propia moción solicitando que el Tribunal adopte dicho calendario. Debido a que entendíamos que existía un acuerdo, no estábamos preparados para presentar una moción hoy (30 de abril)”, comentó la licenciada.

Añadió que “este es un caso grave: una rara ocasión en la que los Estados Unidos de América buscan imponer la pena de muerte contra un hombre joven”.

“La defensa necesita tiempo suficiente para realizar una investigación de mitigación con el fin de prepararse para la fase de penalidad del juicio y para preparar mociones sustanciales”, abundó.

A tales fines, Lizarríbar Masini adjuntó la propuesta que, según afirma, fue elaborada de forma conjunta y que, a su juicio, presenta un calendario razonable en atención a la gravedad y complejidad de este caso.

“Si el Tribunal no se inclina a adoptar el calendario propuesto por la defensa, respetuosamente solicitamos hasta el 8 de mayo para presentar una oposición formal a la inesperada moción presentada por el gobierno más temprano hoy”, puntualizó.

Atendiendo la controversia planteada por la defensa, la jueza dejó en suspenso ambas mociones y acogió la solicitud de Lizarríbar Masini, quien tendrá ahora hasta el 8 de mayo de 2026 para presentar una oposición formal a la propuesta de la Fiscalía federal.

Actualmente, este es el único caso activo en Puerto Rico en el que se contempla la pena de muerte. Ello ocurre luego de que la Fiscalía federal optara por no solicitarla en otros dos casos de alto perfil: el del exponente de música urbana Luis N. Isaac Sánchez, conocido como CDobleta, y el del acusado por narcotráfico y presunto líder de la ganga “La Lorenzana”, Nelson Torres Delgado, alias “El Burro”.

Respecto al caso de Flores Tavárez, fue el 14 de noviembre de 2025 que la Fiscalía informó su intención de solicitar la pena de muerte contra el acusado mediante una notificación en la que advertía que “los Estados Unidos entienden que las circunstancias del delito imputado en el cargo uno de la acusación sustitutiva son de tal naturaleza que, de recaer una convicción, procede la pena de muerte”.

A Flores Tavárez se le atribuyen los asesinatos de dos adolescentes en Piñones, cuyos hechos fueron reportados el 25 de julio de 2023.

La Policía informó ese momento que tanto José Martínez Serrano como Flores Tavárez habrían secuestrado a las menores y les dispararon, provocándoles la muerte.

Las adolescentes fueron baleadas dentro de una guagua Toyota Tacoma del año 2018, color anaranjado, que había sido robada mediante un “carjacking” a un comerciante en Ponce.

Luego, el 6 de enero de 2025, la Fiscalía federal comunicó que no procuraría la pena de muerte contra Martínez Serrano. Sin embargo, no se ofrecerieron detalles sobre las razones de esa determinación.