El Comité de Descolonización de las Naciones Unidas ha tenido bajo estudio el caso político de Puerto Rico durante las últimas cuatro décadas. (GFR Media)

Washington - El Grupo Harlan pro Derechos Civiles – una organización creada en la Isla-, ha pedido al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que denuncie la situación colonial y la falta de derechos políticos de Puerto Rico bajo la bandera estadounidense.

En una presentación sometida el jueves, el abogado de la organización, Orlando Vidal, propone al Consejo que declare que la falta de derechos políticos en Puerto Rico es ilegal bajo el derecho internacional y le requiera a Estados Unidos que tome las acciones adecuadas para eliminar los obstáculos que existen para la participación plena de los residentes de la isla en la elección del presidente y los miembros del Congreso federal.

También solicita que se reclame a Estados Unidos que otorgue a los residentes de Puerto Rico el mismo acceso a programas federales y fondos para atender desastres que tienen los ciudadanos de Estados Unidos que residen en el continente estadounidense.

Vidal también ha representado al exgobernador Pedro Rosselló González en el caso que se evaluó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en torno a la denuncia de que la falta de derechos políticos de la isla bajo el sistema estadounidense representaba una violación de los derechos civiles y humanos.

El caso ante la CIDH – un organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA)-, está aún pendiente de resolverse. Pero, cuando compareció en octubre de 2018 ante la CIDH, el gobierno de Estados Unidos rechazó la denuncia y dijo que los puertorriqueños que quieren votar en las elecciones de Estados Unidos pueden irse a vivir a un estado.

“En el fondo, el asunto es si un grupo sustancial de ciudadanos estadounidenses debe poder ejercer un derecho que Estados Unidos y la comunidad internacional están de acuerdo en que es un elemento fundamental de una sociedad libre: el derecho al voto”, indicó Vidal, del bufete Norton Rose Fulbright, con oficina en Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos.

El grupo que Vidal representa lleva como nombre, en inglés, Harlan Group for Civil Rights, en homenaje al juez John Marshall Harlan, del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que disintió de la doctrina de ‘separados pero iguales’ que estableció en 1896 el caso Plessy versus Ferguson. Entonces, el juez Harlan, en defensa de los derechos civiles, mantuvo que para respetar los derechos civiles todos los ciudadanos deben ser tratados con igualdad bajo la ley.

En su presentación, Vidal alude a la inequidad en el acceso a programas federales y los datos que demuestran la lenta e ineficiente respuesta del gobierno de Estados Unidos a la emergencia que generó en Puerto Rico el huracán María, en septiembre de 2017.

Menciona además la decisión del gobierno de Donald Trump de quitarle fondos a proyectos para la reconstrucción de instalaciones militares estadounidenses en Puerto Rico para destinarlos al esfuerzo para levantar nuevas verjas y barreras en la frontera con México.

Vidal indicó a El Nuevo Día que espera que el Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra (Suiza), examine su querella en algún momento entre mayo y septiembre de 2020.

El Comité de Descolonización de las Naciones Unidas ha tenido bajo estudio el caso político de Puerto Rico durante las últimas cuatro décadas y suele aprobar una resolución en apoyo a la libre determinación de independencia de la isla. En los últimos años, además, el Comité de Descolonización ha pedido que la Asamblea General de la ONU reabra la discusión sobre el caso colonial puertorriqueño.

Para el Consejo de Derechos Humanos - integrado por 47 países -, asumir jurisdicción sobre una denuncia, tiene que estar convencido de que no tiene “motivaciones manifiestamente políticas” y es compatible “con la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos aplicables en el campo de los derechos humanos”.


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