La ejecución de deportaciones masivas fue un grito de guerra clave durante la campaña presidencial de Donald Trump. Desde el día en que juró su cargo, su administración se ha centrado en cómo hacer realidad ese grito de guerra.

Han promocionado su política de ir tras “los peores de los peores” (personas que han cometido crímenes en Estados Unidos) mientras se apoyan en algunas naciones para recibir a los migrantes que Estados Unidos tiene dificultades para deportar a sus propios países.

Han eliminado las protecciones de cientos de miles de personas que la administración del expresidente Joe Biden admitió de manera temporal en el país con el objetivo de eventualmente hacerlas deportables.

Aquí hay un vistazo a las estrategias que la administración Trump está utilizando, cómo están apuntando a las personas para la deportación y algunos de los desafíos que están enfrentando:

Los funcionarios de aplicación de la ley de inmigración han descrito repetidamente sus esfuerzos iniciales como ir tras personas que describen como ‘los peores de los peores’. Esas son personas que representan amenazas a la seguridad pública o nacional, personas que han sido arrestadas o condenadas por cometer crímenes en Estados Unidos o que el ICE determina que son miembros de pandillas.

En sus redes sociales, publicaron un flujo constante de fotos de personas arrestadas por el ICE y los crímenes que supuestamente han cometido.

Las administraciones anteriores también han priorizado a las personas que se consideran amenazas a la seguridad pública, por lo que esa estrategia no es necesariamente nueva.

Lo que es diferente bajo la administración Trump es que los agentes del ICE ahora tienen autoridad para arrestar a otras personas que encuentran con violaciones de inmigración cuando van tras ‘los peores de los peores’. Estos se llaman ‘arrestos colaterales’ y no estaban permitidos bajo la administración Biden. Como lo describió un agente del ICE: ‘Nadie tiene un pase libre más’.

Los funcionarios de aplicación de la ley de inmigración se han quejado durante mucho tiempo de los países que no reciben a sus ciudadanos cuando Estados Unidos ha determinado que pueden ser deportados.

Algunos países no reciben a ninguno de sus ciudadanos. Otros son selectivos, especialmente cuando se trata de personas con condenas penales o que han cometido crímenes particularmente atroces. Y de acuerdo con un fallo de la Corte Suprema de 2001, el ICE no puede retener a alguien por más de seis meses si no hay una posibilidad razonable de esperar que pueda ser enviado de regreso a su país de origen.

Históricamente, eso ha significado que los funcionarios de aplicación de la ley de inmigración han tenido que liberar a personas en Estados Unidos que quieren deportar pero no pueden.

Para evitar este problema, la administración Trump se ha apoyado en otros países para aceptar personas que no son sus propios ciudadanos. El más destacado de estos acuerdos fue anunciado en febrero por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante un viaje a El Salvador. Ese país ha recibido a venezolanos que Estados Unidos alega que son miembros de pandillas y los está reteniendo en una prisión notoria.

Costa Rica y Panamá también han recibido ciudadanos que no son los suyos, aunque no fueron encarcelados. Muchos de ellos han regresado a casa o se han mudado a terceros países.

Fuera de esas tres naciones centroamericanas, la administración Trump ha dicho que está explorando otros terceros países para las deportaciones. Más recientemente, ha habido indicios de que Estados Unidos puede estar tratando de enviar personas a Libia o Sudán del Sur.

La administración Trump está tratando de quitar las protecciones a cientos de miles de personas admitidas en Estados Unidos de manera temporal durante la administración Biden. Esto podría eventualmente hacer que esas personas estén sujetas a la deportación.

La administración del presidente demócrata admitió a casi 1.5 millones de personas a través de dos programas clave que utilizan una herramienta legal conocida como libertad condicional humanitaria para admitir personas en el país.

Por separado, la administración Biden también amplió drásticamente el número de personas que estaban protegidas de la deportación por el Estatus de Protección Temporal. Esa es una designación que permite a las personas que ya viven en Estados Unidos permanecer y trabajar legalmente por hasta 18 meses si sus países de origen son inseguros debido a disturbios civiles o desastres naturales.

La administración Trump se está moviendo agresivamente para eliminar o terminar todas esas protecciones. Si tiene éxito, y gran parte de estos esfuerzos están siendo litigados, podría potencialmente abrir a cientos de miles de personas a ser removidas.

Hay millones de personas en el país ilegalmente, incluidos alrededor de 1.1 millones con órdenes finales de expulsión, pero solo alrededor de 6,000 oficiales de deportación. Esos son los oficiales encargados de encontrar, arrestar y remover a las personas que no tienen derecho a estar en el país.

Entonces, además de intentar activamente encontrar y remover personas, la administración Trump quiere que las personas se vayan voluntariamente.

A través de agresivas campañas en redes sociales y televisión, están animando a las personas que están en el país ilegalmente a regresar a casa, diciendo que de lo contrario podrían enfrentar multas y nunca se les permitiría volver a ingresar a Estados Unidos.

También están ofreciendo $1,000 y pasaje aéreo a las personas que se autodeportan.

A principios de esta semana, el Departamento de Seguridad Nacional promocionó el primer vuelo de personas que aceptaron esa oferta para regresar a Honduras.