La promesa suena irresistible: cheques de $2,000 directo al bolsillo de los ciudadanos, financiados, según el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el dinero recaudado por los aranceles.

El republicano volvió a poner la idea sobre la mesa, desatando entusiasmo entre algunos y fuertes cuestionamientos entre expertos, que advierten sobre serias dudas legales y de financiamiento.

En una entrevista concedida a The New York Times el pasado 7 de enero, Trump afirmó que los pagos podrían entregarse “hacia fin de año”, argumentando que los ingresos generados por los aranceles serían “tan sustanciales” como para financiar el desembolso.

La transcripción completa de la entrevista, que duró unas dos horas, fue publicada el 11 de enero, reavivando el debate sobre la esperada propuesta.

Aunque inicialmente dijo no recordar la propuesta, luego expresó: “el dinero que ingresa por los aranceles es tan sustancial que podré pagar los $2,000 en algún momento. Diría que hacia fin de año”.

Aunque no dio una fecha precisa ni realizó un anuncio concreto sobre la medida, con estas expresiones Trump remarcó que el tema sigue en agenda. Según sus palabras, los ciudadanos pueden esperar el pago de estímulo antes de que termine el 2026.

A la pregunta de si necesitaría la aprobación del Congreso federal para poder hacer el desembolso de fondos, respondió: “No, no creo que lo necesitemos. Tenemos ingresos provenientes de otras fuentes”.

No obstante, el poder constitucional de asignar fondos públicos recae sobre el Congreso federal, como ocurrió con los cheques de estímulo durante la pandemia de COVID-19, que fueron aprobados por la Legislatura.

“Tenemos un crecimiento tremendo en el país. Tenemos ingresos por aranceles, que son tremendos. Nos han dado una seguridad nacional tremenda”, sostuvo.

No obstante, expertos entrevistados por medios estadounidenses ponen el freno al entusiasmo.

Si los cheques se distribuyeran bajo criterios similares a los estímulos económicos aprobados durante la pandemia de COVID-19, una sola ronda podría costar hasta $600,000 millones, el doble de los aproximadamente $300,000 millones que se estima recaudarían anualmente los aranceles.

Asimismo, hay que tomar en cuenta que la proyección depende de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos no invalide los amplios aranceles globales impuestos durante la administración de Trump.