Los fiscales generales de más de 20 estados y Washington, D.C., presentaron el martes una demanda federal que impugna billones de dólares en recortes de fondos realizados por la administración de Donald Trump que financiarían desde la prevención del delito hasta la seguridad alimentaria y la investigación científica.

La demanda presentada en Boston solicita a un juez que limite a la administración de Trump de recurrir a una cláusula oscura en la regulación federal para recortar subvenciones que no se alinean con sus prioridades.

Desde enero, la demanda argumenta que la administración ha utilizado esa cláusula para cancelar programas completos y miles de subvenciones que habían sido previamente otorgadas a estados y beneficiarios.

“La decisión de los demandados de invocar la Cláusula para rescindir las subvenciones basadas en las prioridades cambiadas de la agencia es ilegal varias veces”, argumentaron los demandantes. “El historial de reglamentación de la Cláusula deja claro que la (Oficina de Administración y Presupuesto) tenía la intención de que la Cláusula permitiera las rescisiones solo en circunstancias limitadas y no proporciona apoyo para un poder amplio para rescindir las subvenciones por capricho basado en las prioridades de la agencia recién identificadas”.

La demanda argumenta que la administración de Trump ha utilizado la cláusula como base de una “campaña de recortes drásticos” para recortar las subvenciones federales.

“Los demandados han rescindido miles de adjudicaciones de subvenciones hechas a los demandantes, quitándoles el apoyo a los estados y quitándoles fondos federales críticos en los que los estados y sus residentes confían para programas esenciales”, agregó la demanda.

El fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, dijo que esta demanda era solo una de varias que la coalición de estados mayoritariamente demócratas ha presentado por los recortes de fondos. En su mayor parte, han tenido un gran éxito en una serie de victorias legales para detener temporalmente los recortes.

Este, sin embargo, puede ser el desafío más amplio a esos recortes de fondos.

“No es ningún secreto que este Presidente ha hecho todo lo posible para interceptar fondos federales a los estados, pero lo que puede ser menos conocido es cómo la Administración de Trump está intentando justificar sus acciones ilegales”, dijo Neronha en un comunicado. “Casi todas las demandas que esta coalición de fiscales generales demócratas ha presentado contra la Administración están relacionadas con sus intentos ilegales y flagrantes de robar a los estadounidenses programas y servicios básicos en los que confían. Muy a menudo, esto viene en forma de recortes ilegales de fondos federales, que la Administración intenta justificar a través de la llamada ‘cláusula de prioridades de la agencia’.

El fiscal general de Connecticut, William Tong, dijo que la demanda tenía como objetivo detener los recortes de fondos que describió como indiscriminados e ilegales.

“No existe una cláusula de desfinanciamiento de ‘porque no me gustas’ o ‘porque ya no me apetece’ en la ley federal que permita al Presidente eludir al Congreso por capricho”, dijo William Tong en un comunicado. “Desde sus primeros minutos en el cargo, Trump ha desfinanciado unilateralmente a nuestra policía, nuestras escuelas, nuestra atención médica y más. No puede hacer eso, y es por eso que una y otra vez lo hemos bloqueado en la corte y recuperado nuestros fondos”.

En Massachusetts, la fiscal general Andrea Campbell dijo que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos rescindió un acuerdo de $11 millones con el Departamento de Recursos Agrícolas del estado que conectaba a cientos de agricultores con cientos de sitios de distribución de alimentos, mientras que la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos rescindió una subvención de $1 millón al Departamento de Salud Pública del estado para reducir los factores desencadenantes del asma en las comunidades de bajos ingresos.

“No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras este Presidente continúa lanzando ataques sin precedentes e ilegales contra los residentes, las instituciones y la economía de Massachusetts”, dijo Andrea Campbell en un comunicado.

La demanda argumenta que la OMB promulgó el uso de la cláusula en cuestión para justificar los recortes. La cláusula en cuestión, según la demanda, se refiere a cinco palabras que dicen que los agentes federales pueden rescindir las subvenciones si la adjudicación “ya no efectúa los objetivos del programa o las prioridades de la agencia”.

“La Administración de Trump ha afirmado que cinco palabras en esta Cláusula: ‘ya no efectúa... las prioridades de la agencia’ proporcionan a las agencias federales una autoridad virtualmente ilimitada para retener fondos federales cada vez que ya no deseen apoyar los programas para los cuales el Congreso ha asignado fondos”, dijo la demanda.