Washington — Una nueva ronda de despidos en el Departamento de Educación está mermando una agencia que se vio muy afectada en los despidos masivos anteriores de la administración de Donald Trump, lo que amenaza con una nueva interrupción para los estudiantes y las escuelas del país en áreas que van desde la educación especial hasta el cumplimiento de los derechos civiles y los programas extracurriculares.

La administración de Donald Trump comenzó a despedir a 466 empleados del Departamento de Educación el viernes en medio de despidos masivos en todo el gobierno destinados a presionar a los legisladores demócratas por el cierre del gobierno federal. Los despidos reducirían la fuerza laboral de la agencia en casi una quinta parte y la dejarían reducida a más de la mitad de su tamaño cuando el presidente Donald Trump asumió el cargo el 20 de enero.

Los recortes encajan en el plan más amplio de Donald Trump de cerrar el Departamento de Educación y transferir sus operaciones a otras agencias. Durante el verano, el departamento comenzó a transferir sus programas de educación de adultos y fuerza laboral al Departamento de Trabajo, y anteriormente dijo que estaba negociando un acuerdo para transferir su cartera de préstamos estudiantiles de $1.6 billones al Departamento del Tesoro.

Los funcionarios del departamento no han publicado detalles sobre los despidos y no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios. AFGE Local 252, un sindicato que representa a más de 2,700 trabajadores del departamento, dijo que la información de los empleados indica que los recortes diezmarán varias oficinas dentro de la agencia.

Todos los trabajadores, excepto un pequeño número de altos funcionarios, están siendo despedidos en la oficina que implementa la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades, una ley federal que garantiza que millones de estudiantes con discapacidades reciban apoyo de sus escuelas, dijo el sindicato. Se está despidiendo a un número desconocido en la Oficina de Derechos Civiles, que investiga las denuncias de discriminación en las escuelas y universidades del país.

Los despidos eliminarían o agotarían en gran medida los equipos que supervisan el flujo de fondos de subvenciones a las escuelas de todo el país, dijo el sindicato. Afecta a la oficina que supervisa la financiación del Título I para las escuelas de bajos ingresos del país junto con el equipo que gestiona los Centros de Aprendizaje Comunitario del Siglo XXI, la principal fuente de financiación federal para los programas de aprendizaje extraescolares y de verano.

También afectará a una oficina que supervisa TRIO, un conjunto de programas que ayudan a los estudiantes de bajos ingresos a acceder a la universidad, y a otra que supervisa la financiación federal para las universidades y colegios históricamente negros.

En un comunicado, la presidenta del sindicato, Rachel Gittleman, dijo que las nuevas reducciones, además de los despidos anteriores, “redoblarán el daño a los estudiantes de K-12, los estudiantes con discapacidades, los estudiantes universitarios de primera generación, los estudiantes de bajos ingresos, los maestros y las juntas de educación locales”.

El Departamento de Educación tenía alrededor de 4,100 empleados cuando Donald Trump asumió el cargo. Después de los nuevos despidos, se reduciría a menos de 2,000. Los despidos anteriores en marzo habían reducido aproximadamente a la mitad el departamento, pero algunos empleados fueron contratados nuevamente después de que los funcionarios decidieron que habían recortado demasiado.

Los nuevos despidos provocaron la condena de una variedad de organizaciones educativas.

Aunque los estados diseñan sus propias competiciones para distribuir la financiación federal para los Centros de Aprendizaje Comunitario del Siglo XXI, el pequeño equipo de funcionarios federales proporcionó orientación y apoyo “que es absolutamente esencial”, dijo Jodi Grant, directora ejecutiva de Afterschool Alliance.

“Despedir a ese equipo es impactante, devastador, totalmente sin ninguna base y amenaza con causar un daño duradero”, dijo Grant en un comunicado.

Los últimos despidos del gobierno están siendo impugnados en los tribunales por la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno y otros sindicatos laborales nacionales. Su demanda, presentada en San Francisco, dijo que las oficinas de presupuesto y personal del gobierno se extralimitaron en su autoridad al ordenar a las agencias que llevaran a cabo despidos en respuesta al cierre.

En una presentación judicial, la administración de Donald Trump dijo que el poder ejecutivo tiene amplia discreción para reducir la fuerza laboral federal. Dijo que los sindicatos no podían probar que fueron perjudicados por los despidos porque los empleados en realidad no serían separados hasta 30 a 60 días después de recibir el aviso.