

25 de junio de 2025 - 1:57 PM
Baltimore— La administración de Donald Trump ha presentado una demanda contra jueces federales en Maryland por una orden que bloquea la expulsión inmediata de cualquier inmigrante detenido que solicite una audiencia judicial.
La inusual demanda, presentada el martes contra el juez presidente del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Maryland y los demás jueces del tribunal, subraya el enfoque de la administración en el cumplimiento de las leyes de inmigración y aumenta su lucha con el poder judicial.
En cuestión está una orden firmada por el juez presidente George L. Russell III y presentada en mayo que impide a la administración expulsar inmediatamente de los Estados Unidos a cualquier inmigrante que presente documentación ante el tribunal de distrito de Maryland solicitando una revisión de su detención. La orden bloquea la expulsión hasta las 4:00 p.m. del segundo día hábil después de que se presente la petición de hábeas corpus.
En su demanda, la administración de Trump dice que tal pausa automática en las expulsiones viola un fallo deel Tribunal Supremo e impide la autoridad del presidente para hacer cumplir las leyes de inmigración.
“La orden judicial automática de los demandados se emite independientemente de si el extranjero necesita o busca una reparación de emergencia, independientemente de si el tribunal tiene jurisdicción sobre las reclamaciones del extranjero y sin importar cuán frívolas puedan ser las reclamaciones del extranjero”, dice la demanda. “Y lo hace en el contexto de la inmigración, lo que invade los poderes centrales del Poder Ejecutivo”.
La demanda nombra a los Estados Unidos y al Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos como demandantes.
El tribunal de distrito de Maryland no hizo comentarios, dijo el secretario adjunto principal David Ciambruschini en un correo electrónico.
“La autoridad ejecutiva del presidente Trump ha sido socavada desde las primeras horas de su presidencia por una avalancha interminable de mandatos judiciales diseñados para detener su agenda”, dijo la fiscal general Pamela Bondi en un comunicado.
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