El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva este miércoles para imponer los aranceles del 50% con los que había amenazado a Brasil, estableciendo una justificación legal de que las políticas del gobierno brasileño y el enjuiciamiento penal del expresidente Jair Bolsonaro constituyen una emergencia económica con base en una ley de 1977.

Trump había amenazado con los aranceles el 9 de julio en una carta al presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Sin embargo, el fundamento jurídico de esa amenaza era una orden ejecutiva anterior que se basaba en que los desequilibrios comerciales entre ambos países representaban una amenaza para la economía estadounidense. Pero Estados Unidos tuvo un superávit comercial de $6,800 millones el año pasado con Brasil, según la Oficina del Censo.

En un comunicado, la Casa Blanca indicó que el poder judicial de Brasil había intentado coaccionar a las empresas de redes sociales y bloquear a sus usuarios, aunque no nombró a las empresas involucradas, X y Rumble.

Trump parece identificarse con Bolsonaro, quien intentó revertir los resultados de su derrota en 2022 ante Lula. De manera similar, Trump fue enjuiciado en 2023 por sus intentos para revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.

Lula abandonó un evento sobre derechos de los animales el miércoles temprano tras la medida de Trump, diciendo que necesitaba defender “la soberanía del pueblo brasileño a la luz de las medidas anunciadas por el presidente de Estados Unidos”.

La orden aplicaría un arancel adicional del 40% sobre el arancel base del 10% que ya estaba siendo impuesto por Trump. Pero no todos los bienes importados de Brasil enfrentarían el arancel del 40%: aeronaves civiles y partes de repuesto, aluminio, estaño, pulpa de madera, productos energéticos y fertilizantes están entre los productos excluidos.

La orden decía que los aranceles entrarían en vigor siete días después de su firma el miércoles.

Por otro lado, el Departamento del Tesoro anunció el miércoles sanciones contra el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, que supervisa el caso contra Bolsonaro. El gobierno de Trump acusa a De Moraes de suprimir la libertad de expresión.

Bolsonaro está acusado de orquestar un complot para permanecer en el poder a pesar de su derrota en 2022.

El 18 de julio, el Departamento de Estado estadounidense anunció restricciones de visa para funcionarios judiciales brasileños, incluido De Moraes.