Washington— El Senado confirmó el martes al exabogado de Donald Trump, Emil Bove, por 50 votos a favor y 49 en contra, para un nombramiento vitalicio como juez de una corte federal de apelaciones, luego de que los republicanos desestimaran los señalamientos de denunciantes sobre su conducta en el Departamento de Justicia.

Exfiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Bove formó parte del equipo legal de Trump durante su juicio por sobornos en Nueva York y lo defendió en los dos casos penales federales. Formará parte del Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de Estados Unidos, que atiende casos de Delaware, Nueva Jersey y Pensilvania.

Los demócratas se han opuesto vehementemente a la nominación de Bove, citando su actual cargo como alto funcionario del Departamento de Justicia y su papel en la desestimación del caso de corrupción contra el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams. También han criticado sus esfuerzos por investigar a los funcionarios del departamento que participaron en el procesamiento de cientos de partidarios de Trump involucrados en el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Bove ha acusado a funcionarios del FBI de “insubordinación” por negarse a revelar los nombres de los agentes que investigaron el ataque y ordenaron el despido de un grupo de fiscales involucrados en esos casos penales del 6 de enero.

Los demócratas también han citado evidencia de denunciantes: un abogado del departamento despedido que declaró el mes pasado que Bove había sugerido que la administración Trump podría tener que ignorar las órdenes judiciales —una afirmación que Bove niega— y nueva evidencia de un denunciante que no hizo pública la información. Este denunciante proporcionó recientemente una grabación de audio de Bove que contradice parte de su testimonio en su audiencia de confirmación el mes pasado, según dos personas familiarizadas con la grabación.

El audio proviene de una videoconferencia privada en el Departamento de Justicia en febrero, en la que Bove, un alto funcionario del departamento, habló sobre su gestión del caso desestimado contra Adams, según citas transcritas del audio revisadas por The Associated Press.

Las personas hablaron bajo condición de anonimato porque el denunciante no ha hecho pública la grabación. Las afirmaciones del denunciante fueron reportadas inicialmente por el Washington Post.

Hasta ahora, ninguna de esas pruebas ha sido suficiente para influir en los republicanos del Senado: todos ellos, menos dos, votaron para confirmar a Bove, mientras que los senadores republicanos han dejado en manos de Trump prácticamente todas sus elecciones.

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, demócrata por Nueva York, afirmó que la confirmación de Bove es un “día sombrío” y que los republicanos solo lo apoyan por su lealtad al presidente.

“Es inconcebible que, poco más de cuatro años después de la insurrección en el Capitolio, cuando los alborotadores rompieron ventanas, saquearon oficinas y profanaron esta cámara, los republicanos del Senado estén voluntariamente colocando en el tribunal a alguien que protegió a estos alborotadores de enfrentar la justicia, que dijo que su procesamiento era una grave injusticia nacional”, declaró Schumer.

Las senadoras republicanas Susan Collins, de Maine, y Lisa Murkowski, de Alaska, votaron en contra de la confirmación de Bove. “No creo que alguien que ha aconsejado a otros abogados que se debe ignorar la ley, que se debe rechazar la ley, no creo que esa persona deba ser colocada en un cargo vitalicio”, declaró Murkowski el martes.

En su audiencia de confirmación el mes pasado, Bove abordó frontalmente las críticas a su gestión, declarando a los legisladores que comprende que algunas de sus decisiones “han generado controversia”. Sin embargo, Bove afirmó que se le ha retratado erróneamente como el “secuaz” y “ejecutor” de Trump en el departamento.

En la audiencia del Comité Judicial, los senadores preguntaron a Bove sobre la llamada del 14 de febrero con abogados de la Sección de Integridad Pública del Departamento de Justicia, que había recibido considerable atención pública debido a su inusual directiva de que los abogados tenían una hora para decidir entre ellos quién aceptaría presentar en nombre del departamento la moción de desestimación del caso contra Adams.

La llamada se convocó en medio de una importante turbulencia en el departamento, ya que los fiscales de Nueva York que habían llevado el asunto, así como algunos en Washington, renunciaron en lugar de aceptar prescindir del caso.

Según la transcripción de la llamada de febrero, Bove comentó casi al inicio que la fiscal federal interina de Manhattan, Danielle Sassoon, “renunció unos diez minutos antes de que fuéramos a suspenderla en espera de una investigación”. Pero cuando se le preguntó en la audiencia si había iniciado la reunión enfatizando que Sassoon y otro fiscal se habían negado a acatar las órdenes y que Sassoon sería reasignada antes de renunciar, Bove respondió con un simple “No”.

En otro momento, Bove afirmó no recordar haber dicho palabras que la transcripción de la llamada indica que dijo: que quienes firmaran la moción para desestimar el caso Adams se convertirían en líderes de la sección.

El presidente del Comité Judicial del Senado, Chuck Grassley, republicano por Iowa, declaró el martes que cree que Bove será un “jurista diligente, capaz e imparcial”.

Añadió que su personal había intentado investigar las denuncias, pero que los abogados de los denunciantes no les entregaron toda la documentación solicitada. La “retórica despiadada, las acusaciones injustas y los abusos dirigidos al Sr. Bove” han “cruzado los límites”, afirmó Grassley.

La primera denuncia de un denunciante contra Bove provino de un exabogado del Departamento de Justicia, quien fue despedido en abril tras admitir ante el tribunal que Kilmar Abrego García, un salvadoreño residente en Maryland, fue deportado por error a una prisión de El Salvador.

Ese abogado, Erez Reuveni, describió los esfuerzos de altos funcionarios del Departamento de Justicia en las semanas previas a su despido para obstruir y engañar a los jueces con el fin de llevar a cabo las deportaciones promovidas por la Casa Blanca.

Reuveni describió una reunión del Departamento de Justicia en marzo sobre los planes de Trump de invocar la Ley de Enemigos Extranjeros ante lo que el presidente afirmó que era una invasión de la pandilla venezolana Tren de Aragua. Reuveni afirmó que Bove planteó la posibilidad de que un tribunal bloqueara las deportaciones antes de que se llevaran a cabo. Reuveni afirma que Bove profirió un insulto al decir que el departamento debería considerar indicar a los tribunales qué hacer e “ignorar cualquier orden de ese tipo”, según declararon sus abogados en el documento.

Bove afirmó no recordar haber dicho nada parecido.