Estados Unidos detuvo a varios sobrevivientes luego de que sus fuerzas armadas atacaran una embarcación que presuntamente transportaba narcóticos en el Caribe. Se trata del primer ataque que tiene sobrevivientes desde que el presidente Donald Trump comenzó a lanzar ataques letales en la región el mes pasado, según informaron el viernes un funcionario de defensa y otra persona familiarizada con el asunto.

Trump confirmó posteriormente el incidente.

“Atacamos un submarino, un submarino narcotraficante construido específicamente para el transporte de cantidades masivas de drogas”, declaró Trump durante su visita al presidente ucraniano a la Casa Blanca.

El secretario de Estado, Marco Rubio, no negó que hubiera sobrevivientes, pero reiteró que se darían más detalles próximamente.

El ataque del jueves elevó a al menos 28 el número de muertos por la acción militar de la administración Trump contra buques en la región.

Se cree que es, al menos, el sexto ataque en aguas venezolanas desde principios de septiembre, y el primero en el que hubo sobrevivientes rescatados por el Ejército de Estados Unidos.

No quedó claro, sin embargo, qué se haría con los sobrevivientes, quienes, según las fuentes, se encontraban retenidos en un buque de la Marina de Guerra de Estados Unidos.

Confirmaron el ataque y la captura de los sobrevivientes bajo condición de anonimato, ya que el ataque aún no había sido reconocido públicamente por la administración Trump.

El presidente ha justificado los ataques afirmando que Estados Unidos está involucrado en un “conflicto armado” con los cárteles de la droga, basándose en la misma autoridad legal utilizada por la administración Bush cuando declaró la guerra contra el terrorismo tras los atentados del 11 de septiembre. Esto incluye la capacidad de capturar y detener a combatientes y usar fuerza letal para eliminar a sus líderes.

Algunos expertos legales han cuestionado la legalidad de esta estrategia. El uso de una fuerza militar abrumadora por parte del presidente para combatir a los cárteles, junto con su autorización de acciones encubiertas dentro de Venezuela, posiblemente para derrocar al presidente Nicolás Maduro, traspasa los límites del derecho internacional, según afirmaron expertos legales esta semana.

El viernes, Trump pareció confirmar los informes de que Maduro ha ofrecido una participación en el petróleo y otros recursos minerales de Venezuela en los últimos meses para intentar contrarrestar la creciente presión de Estados Unidos. El New York Times fue el primero en informar sobre esta iniciativa del gobierno de Maduro la semana pasada.

Funcionarios del gobierno venezolano también han sugerido un plan según el cual Maduro eventualmente dejaría el cargo, según un exfuncionario de la administración Trump. Ese plan también fue rechazado por la Casa Blanca, informó AP.

Para los sobrevivientes del ataque del jueves, la saga no ha terminado. Ahora enfrentan un futuro y un panorama legal inciertos, incluyendo preguntas sobre si ahora se les considera prisioneros de guerra o acusados en un caso penal. La Casa Blanca no hizo comentarios sobre el ataque.

Reuters fue el primero en informar sobre el ataque el jueves por la noche. Los ataques en el Caribe han generado inquietud tanto entre demócratas como republicanos en el Capitolio, y algunos republicanos afirman no haber recibido suficiente información sobre cómo se están llevando a cabo. Una sesión informativa clasificada para senadores del Comité de las Fuerzas Armadas en el Senado, celebrada a principios de este mes, no incluyó a representantes de las agencias de inteligencia ni de la estructura de mando militar para Sudamérica y Centroamérica.

Sin embargo, la mayoría de los republicanos del Senado respaldaron a la administración la semana pasada cuando se planteó la votación sobre una Resolución de Poderes de Guerra, que habría requerido que la administración obtuviera la aprobación del Congreso antes de realizar más ataques.

Su disposición a respaldar a la administración se pondrá a prueba de nuevo. El senador demócrata Tim Kaine, de Virginia, junto con los senadores Adam Schiff, demócrata de California, y Rand Paul, republicano de Kentucky, presentan otra resolución que impediría que Trump ataque abiertamente a Venezuela sin la autorización del Congreso.