Washington— La administración del presidente Donald Trump restringirá el que los inmigrantes que están en Estados Unidos sin autorización se inscriban en Head Start, un programa preescolar financiado por el gobierno federal, anunció el jueves el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, en inglés).

La medida forma parte de una iniciativa amplia para limitar el acceso a prestaciones federales por parte de inmigrantes que carecen de estatus legal.

Las personas que se encuentran en el país sin autorización son en gran medida inelegibles para recibir prestaciones públicas federales, tales como cupones de alimentos, préstamos estudiantiles y ayuda financiera para educación superior. Pero durante décadas han podido acceder a algunos programas a nivel comunitario como Head Start y centros de salud comunitarios.

El HHS indicó que reclasificará esos programas y ahora los considerará prestaciones públicas federales, lo cual les impide a los inmigrantes no autorizados el acceder a ellos. El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., dijo que los cambios forman parte de una iniciativa de mayor envergadura para proteger los intereses de los ciudadanos estadounidenses.

“Durante demasiado tiempo, el gobierno ha desviado los dólares de impuestos de los estadounidenses que laboran duro para incentivar la inmigración ilegal”, expresó Kennedy en un comunicado. “La acción de hoy cambia eso: restablece la integridad de los programas sociales federales, hace cumplir el estado de derecho, y protege recursos vitales para el pueblo estadounidense”.

Un portavoz de la Administración para Niños y Familias, que administra Head Start, indicó que la elegibilidad se determinará en función del estatus migratorio del niño.

El requerir presentar una prueba del estatus migratorio probablemente generará miedo y confusión entre las familias que intentan inscribir a sus hijos, señaló Yasmina Vinci, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Head Start.

“Esta decisión socava el compromiso fundamental que el país ha hecho con los niños y desestima décadas de evidencia de que Head Start es esencial para nuestro futuro colectivo”, expresó Vinci.

Los cambios forman parte de un anuncio que abarca varias agencias, el cual revoca una interpretación de la ley federal efectuada durante el gobierno del expresidente Bill Clinton, la cual había permitido que los inmigrantes no autorizados tuvieran acceso a algunos programas. El Departamento de Educación, el Departamento de Agricultura y el Departamento del Trabajo anunciaron cambios similares que afectan a diversos programas de fuerza laboral y educación para adultos.

Los cambios afectarán a los centros de salud comunitarios, de los que dependen los inmigrantes para una amplia gama de servicios, señaló Shelby Gonzales, vicepresidenta de política de inmigración en el “Center on Budget and Policy Priorities”, un centro de investigación.

“La gente depende de esos servicios para recibir tratamiento contra el cáncer, para obtener mantenimiento continuo en diversas necesidades de salud”, comentó.

Los estudiantes que están en el país sin autorización ya no serán elegibles para participar en programas de educación técnica y profesional posteriores a la secundaria, ni en programas de educación para adultos, anunció el Departamento de Educación. El departamento también emitió un aviso a los beneficiarios de subvenciones con el fin de asegurar que los programas que reciben fondos federales no proporcionen servicios a inmigrantes que carecen de estatus legal.

Defensores de la educación advirtieron que la decisión perjudicará a los jóvenes que han crecido en el país. Augustus Mays, vicepresidente de EdTrust —un organismo activista que promueve incrementar el gasto en la educación—, señaló que la intención parece ser crear miedo entre las comunidades inmigrantes.

“Políticas como esta no existen en un vacío”, apuntó Mays. “Están arraigadas en un proyecto político que culpa a los inmigrantes y utiliza el miedo para despojar de derechos y recursos a los más vulnerables entre nosotros”.

Head Start fue lanzado hace seis décadas, parte de la Guerra contra la Pobreza del presidente demócrata Lyndon B. Johnson. Opera en los 50 estados, ayudando a familias que están sin hogar o en situación de pobreza.