El Departamento de Justicia no logró obtener una nueva acusación contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James, después de que un juez desestimara el procesamiento previo por fraude hipotecario promovido por el presidente Donald Trump. Así lo indicó una persona familiarizada con el asunto que habló bajo condición de anonimato.

Los fiscales regresaron a un gran jurado en Virginia tras el fallo del juez que detuvo el procesamiento de James y de otro viejo adversario de Trump, el exdirector del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) James Comey, alegando que el fiscal federal que presentó los casos había sido designado de manera ilegal.

El Departamento de Justicia podría regresar al gran jurado para intentar nuevamente.

James fue acusada inicialmente en octubre por la Fiscalía federal instalada por la administración Trump para reemplazar al fiscal que renunció bajo presión para presentar casos criminales contra Comey y James.

James negó haber cometido irregularidades y acusó a la administración de utilizar el sistema de justicia para buscar venganza contra los oponentes políticos de Trump.

Las acusaciones estaban relacionadas con la compra que hizo James de una casa modesta en Norfolk, donde tiene familia. Durante la venta, firmó un documento estándar llamado second home rider en el que aceptaba mantener la propiedad principalmente para su “uso y disfrute personal durante al menos un año”, a menos que el prestamista acordara lo contrario.

En lugar de usar la casa como segunda residencia, James la alquiló a una familia de tres personas, lo que le permitió obtener condiciones de préstamo favorables que no estaban disponibles para propiedades de inversión, según alegaron los fiscales.

Incluso si los cargos son reactivados, el Departamento de Justicia podría enfrentar obstáculos para lograr una condena contra James.

Los abogados de James argumentaron por separado que el caso constituía un procesamiento vengativo destinado a castigar a la crítica de Trump que pasó años investigando y demandando al presidente republicano, y que ganó un fallo contundente en una demanda que alegaba que él engañó a los bancos al inflar el valor de sus propiedades en sus estados financieros. La multa fue posteriormente anulada por un tribunal superior, pero ambas partes están apelando.

La defensa también alegó “conducta gubernamental escandalosa” antes de la acusación formal, lo que, según argumentaron, justificaba la desestimación del caso. El juez no había fallado sobre esos argumentos antes de desestimar el caso el mes pasado debido al nombramiento de Lindsey Halligan como fiscal federal.

La jueza de distrito Cameron McGowan Currie cuestionó el mecanismo utilizado por la administración Trump para nombrar a Halligan —una exasesora de la Casa Blanca sin experiencia previa como fiscal— para dirigir una de las oficinas más importantes y de mayor élite del Departamento de Justicia.

Halligan fue nombrada para reemplazar a Erik Siebert, un fiscal veterano de la oficina y fiscal federal interino que renunció en septiembre en medio de la presión de la administración Trump para presentar cargos contra Comey y James. Se apartó después de que Trump dijera a los reporteros que quería a Siebert “fuera”.

La noche siguiente, Trump dijo que nominaría a Halligan para el cargo de fiscal federal interino e instó públicamente a la fiscal general Pam Bondi a tomar medidas contra sus oponentes políticos, diciendo en una publicación en Truth Social que “no podemos seguir retrasándolo, está matando nuestra reputación y credibilidad” y que “¡LA JUSTICIA DEBE SERVIRSE YA!”

Comey fue acusado tres días después de que Bondi juramentara a Halligan, y James fue encausada dos semanas más tarde.

El Departamento de Justicia defendió el nombramiento de Halligan, pero también reveló que Bondi le había otorgado a Halligan un cargo adicional de “Fiscal Especial”, presumiblemente para proteger las acusaciones de un posible colapso. Pero Currie afirmó que dicha designación retroactiva no podía salvar los casos.

Aunque los acusados solicitaron que los casos se desestimaran con perjuicio —lo que impediría al Departamento de Justicia volver a presentar los cargos—, Currie los desestimó sin perjuicio, dejando abierta la posibilidad de que los fiscales intenten presentar los cargos nuevamente.