Un juez federal de Miami desestimó parte de una demanda según la cual a los internos del centro de detención de inmigrantes en los Everglades de Florida, conocido como el “Alcatraz de los caimanes”, se les negaba el acceso al sistema legal, y luego trasladó a otro tribunal las acusaciones restantes del caso.

Las afirmaciones de que a los detenidos se les negaron audiencias en el tribunal de inmigración quedaron sin efecto cuando el gobierno del presidente Donald Trump designó el fin de semana pasado el Centro de Procesamiento Krome North cerca de Miami como el lugar para que se tramiten sus casos, dijo el juez federal de distrito, Rodolfo Ruiz, en un fallo de 47 páginas emitido el lunes por la noche, en el que desestima una acusación relacionada con la Quinta Enmienda.

El juez aprobó la moción de cambio de jurisdicción de los demandados estatales al Distrito Central de Florida, donde se abordarán las reclamaciones restantes sobre violaciones de la Primera Enmienda. Entre ellas hay acusaciones de retrasos en la programación de reuniones entre los detenidos y sus abogados y la imposibilidad de que éstos hablen en privado con sus clientes por teléfono o videoconferencia en la instalación, cuyo nombre oficial es Instalación de Detención del Sur.

La abogada de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), Eunice Cho, defensora principal de los detenidos, dijo que el gobierno federal cambió de rumbo apenas el fin de semana pasado y permitió que los detenidos presentaran una petición en un tribunal de inmigración debido a la demanda.

“No debería ser necesaria una demanda para obligar al gobierno a cumplir con la ley y la Constitución”, dijo Cho. “Esperamos continuar la lucha”.

El magistrado escuchó los argumentos de ambas partes en una audiencia celebrada la mañana del lunes en Miami. Los abogados de derechos civiles pedían una orden judicial preliminar para garantizar que los detenidos en el centro tengan acceso a sus abogados y puedan obtener una audiencia.

Hace dos meses, la administración del gobernador republicano Ron DeSantis trabajó a marchas forzadas para construir la instalación en una pista de aterrizaje aislada y rodeada de pantanos para colaborar en los esfuerzos del presidente por deportar a personas que están ilegalmente en Estados Unidos. El gobernador ha dicho que la ubicación en los rudos y remotos Everglades estaba destinada a ser un elemento disuasorio contra la fuga, al igual que la prisión insular de California en la que los republicanos se basaron para nombrar a la nueva instalación. Se calcula que el centro de detención tiene un costo anual de 450 millones de dólares.

El estado y el gobierno federal habían argumentado que, aunque la aislada pista de aterrizaje donde se encuentra la instalación es propiedad del condado de Miami-Dade, el distrito sur de Florida no era la jurisdicción adecuada ya que el centro de detención está ubicado en el vecino condado de Collier, que pertenece al distrito central del estado.

El juez Ruiz insinuó la semana pasada, durante una audiencia, que tenía algunas dudas sobre cuál era la jurisdicción adecuada. Los abogados de los detenidos han argumentado que el tribunal de Ruiz era el apropiado, ya que los detenidos estaban bajo la supervisión de funcionarios federales de la oficina regional de Miami. Cualquier traslado a otro lugar retrasaría una decisión judicial.

Ruiz señaló que los factores del caso cambiaron el sábado, cuando el gobierno de Trump designó la instalación de Krome como el tribunal de inmigración con jurisdicción sobre todos los detenidos en el centro.

Ruiz escribió que el caso tiene “una tortuosa historia procesal” desde que se presentó el 16 de julio, semanas después de que el primer grupo de detenidos llegara a la instalación.

“Casi todos los aspectos de la acción civil de los demandantes —sus causas de acción, sus hechos en apoyo, sus teorías de lugar, sus argumentos sobre el fondo y sus solicitudes de alivio— han cambiado con cada presentación”, escribió el juez.

Los abogados estatales y del gobierno federal presentaron un argumento idéntico la semana pasada sobre la jurisdicción en una segunda reclamación, en la que grupos ambientalistas y la tribu miccosukee exigen detener la construcción y operaciones adicionales en el centro de los Everglades hasta que cumpla con las leyes ambientales federales.

La jueza federal de distrito, Kathleen Williams, en Miami, ordenó el 7 de agosto una pausa de 14 días en las obras adicionales en el sitio mientras los testigos declaraban en una audiencia que concluyó la semana pasada. Dijo que planea emitir un fallo antes de que la orden expire en los siguientes días. Aún no se ha pronunciado sobre la cuestión de la jurisdicción.

Los detenidos en la instalación han dicho que aparecen gusanos en la comida, los inodoros no funcionan e inundan los pisos con desechos fecales, y que hay mosquitos y otros insectos por todas partes.

Los abogados de derechos civiles también dijeron que los agentes iban de celda en celda para presionar a los detenidos para firmar órdenes de expulsión voluntaria antes de que se les permitiera consultar a sus abogados, y algunos de ellos habían sido deportados, aunque no tenían órdenes de expulsión definitivas. Junto con la propagación de una infección respiratoria y la inundación de agua de lluvia en las tiendas de campaña, las circunstancias alimentaron un sentimiento de desesperación entre los detenidos, escribieron los abogados en una presentación judicial.