Miami — Un juez federal escuchará los argumentos el lunes sobre si a los detenidos en un centro de detención temporal de inmigrantes en los Everglades de Florida se les han negado sus derechos legales.

En la segunda de dos demandas que impugnan las prácticas en la instalación conocida como ‘Alligator Alcatraz’, los abogados de derechos civiles buscan una orden judicial preliminar para garantizar que los detenidos en la instalación tengan acceso confidencial a sus abogados, lo que, según dicen, no ha sucedido. Los funcionarios de Florida disputan esa afirmación.

Los abogados de derechos civiles también quieren que el juez de distrito de Estados Unidos, Rodolfo Ruiz, identifique un tribunal de inmigración que tenga jurisdicción sobre el centro de detención para que se puedan presentar peticiones para la fianza o la liberación de los detenidos. Los abogados dicen que los jueces de los tribunales federales de inmigración de Florida han cancelado rutinariamente las audiencias de sus casos porque dicen que no tienen jurisdicción sobre los detenidos en los Everglades.

‘La situación en ‘Alligator Alcatraz’ es tan anómala con respecto a lo que normalmente se concede en otras instalaciones de inmigración’, dijo el jueves Eunice Cho, abogada de la American Civil Liberties Union Foundation, durante una reunión virtual para preparar la audiencia del lunes en Miami.

Pero antes de profundizar en las cuestiones centrales de los derechos de los detenidos, Ruiz ha dicho que quiere saber si la demanda se presentó en la jurisdicción adecuada en Miami. Los acusados estatales y federales han argumentado que, aunque la aislada pista de aterrizaje donde se construyó la instalación es propiedad del condado de Miami-Dade, el distrito sur de Florida es el lugar equivocado ya que el centro de detención está ubicado en el vecino condado de Collier, que se encuentra en el distrito central del estado.

El juez ha insinuado que algunos asuntos pueden pertenecer a un distrito y otros asuntos al otro distrito, pero dijo que decidiría después de la audiencia del lunes.

‘Creo que todos deberíamos estar preparados para que, antes de entrar en cualquier argumento real sobre medidas cautelares preliminares, dediquemos al menos algún tiempo a resolver los problemas del lugar’, dijo Ruiz el jueves.

La audiencia sobre el acceso legal se produce mientras otro juez federal en Miami considera si la construcción y las operaciones en la instalación deben detenerse indefinidamente porque no se siguieron las normas ambientales federales. La jueza de distrito de Estados Unidos, Kathleen Williams, ordenó el 7 de agosto una suspensión de 14 días de la construcción adicional en el sitio mientras los testigos testificaban en una audiencia que concluyó la semana pasada. Ella ha dicho que planea emitir un fallo antes de que la orden expire a finales de esta semana.

Mientras tanto, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció la semana pasada que su administración se estaba preparando para abrir un segundo centro de detención de inmigrantes denominado ‘Deportation Depot’ en una prisión estatal en el norte de Florida. DeSantis justificó la construcción del segundo centro de detención diciendo que la administración del presidente Donald Trump necesita la capacidad adicional para detener y deportar a más inmigrantes.

El estado de Florida ha negado las afirmaciones de que los detenidos de ‘Alligator Alcatraz’ no han podido reunirse con sus abogados. Los abogados del estado dijeron que desde el 15 de julio, cuando comenzaron las videoconferencias en la instalación, el estado ha concedido todas las solicitudes de un detenido para reunirse con un abogado, y las reuniones en persona comenzaron el 28 de julio. Los primeros detenidos llegaron a principios de julio.

Pero los abogados de derechos civiles dijeron que incluso si los abogados han sido programados para reunirse con sus clientes en el centro de detención, no ha sido en privado o confidencial, y es más restrictivo que en otras instalaciones de detención de inmigrantes. Dijeron que los retrasos en la programación y un requisito irrazonable de notificación anticipada han obstaculizado su capacidad para reunirse con los detenidos, violando así sus derechos constitucionales.

Los abogados de derechos civiles dijeron que los oficiales están yendo de celda en celda para presionar a los detenidos para que firmen órdenes de expulsión voluntaria antes de que se les permita consultar a sus abogados, y algunos detenidos han sido deportados a pesar de que no tenían órdenes de expulsión definitivas. Junto con la propagación de una infección respiratoria y las inundaciones de agua de lluvia en sus tiendas de campaña, las circunstancias han alimentado un sentimiento de desesperación entre los detenidos, escribieron los abogados en un expediente judicial.

‘A un detenido con discapacidad intelectual se le dijo que firmara un papel a cambio de una manta, pero luego fue deportado sujeto a expulsión voluntaria después de que firmó, sin la posibilidad de hablar con su abogado’, decía el expediente.

El juez ha prometido una decisión rápida una vez que la audiencia haya terminado.