Una apelación contra un centro de detención de inmigrantes construido a toda prisa en los Everglades de la Florida fue presentada en el lugar equivocado, argumentaron el miércoles los abogados del gobierno en la primera de dos audiencias sobre la legalidad del “Alcatraz de los Caimanes” en una demanda interpuesta por grupos ambientalistas.

Aunque la propiedad es del condado Miami-Dade, el distrito sur de Florida es el lugar incorrecto para la demanda federal de los grupos ambientalistas, ya que el centro de detención está ubicado en el condado vecino de Collier, el cual pertenece al distrito medio del estado, según argumentó el gobierno durante la audiencia del miércoles en el tribunal federal en Miami.

“Todo está sucediendo fuera del distrito sur, ya sea en el condado de Collier, Tallahassee o en el Distrito de Columbia”, dijo el abogado Jesse Panuccio, quien representó al estado de Florida.

El abogado de Friends of the Everglades, Paul Schwiep, coincidió en que la demanda podría haberse presentado en varios distritos, incluido el distrito medio de Florida, pero la instalación temporal podría tener impactos significativos en las ciudades, el medio ambiente y el agua potable del condado de Miami-Dade, lo que hace que el distrito sur sea un lugar apropiado.

Schwiep también señaló que el estado únicamente presentó su queja después de que un juez designado por el presidente George W. Bush se recusó del caso a principios de este mes, y la demanda fue reasignada a la jueza federal Kathleen Williams. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, y otros republicanos se han referido a Williams como una “jueza activista” después de que encontró en desacato de la corte al fiscal general de Florida, James Uthmeier, por ignorar sus órdenes en otro caso.

Panuccio negó cualquier intento de “seleccionar jueces” y aseguró que el estado buscaría cambiar el lugar de cualquier caso relacionado con el centro de detención que sea presentado en el distrito sur.

Williams no tomó una decisión sobre sobre la impugnación del juzgado el miércoles. Cualquier dictamen sobre la posibilidad de trasladar el caso también podría influir en otra demanda presentada por defensores de los derechos civiles que afirman que a los detenidos en el “Alcatraz de los Caimanes” se les ha negado el acceso a abogados y tribunales de inmigración.

Los demandados del gobierno federal y estatal en el caso de derechos civiles también argumentan que la denuncia fue presentada en el lugar equivocado. A petición de un juez, los grupos de derechos civiles presentaron el martes una nueva demanda colectiva argumentando que se violaban los derechos constitucionales de los detenidos.

“Los demandados no han desarrollado en absoluto ninguna política o proceso para que los detenidos tengan acceso a asesoría legal en las instalaciones”, escribieron en un nuevo documento en el que solicitan el estatus de demanda colectiva. “Los abogados no han podido descubrir ningún proceso operativo para organizar llamadas, por teléfono o en video, con sus clientes o posibles clientes”.

Los grupos ambientalistas presentaron su demanda contra funcionarios federales y estatales en el distrito sur de Florida el mes pasado, solicitando que se detenga el proyecto que se construye en una pista de aterrizaje en el corazón de los Everglades porque el proceso no siguió las leyes ambientales estatales y federales. Además de la audiencia del miércoles sobre la ubicación, se ha programado una segunda audiencia para la próxima semana sobre la solicitud de los grupos ambientalistas de un requerimiento judicial temporal.

Los primeros de cientos de detenidos llegaron pocos días después de que se presentó la demanda, y la instalación tiene la capacidad para albergar a 3,000 personas.

El centro de detención fue inaugurado por funcionarios de Florida, pero los críticos dijeron que no está claro si los funcionarios federales de inmigración o los funcionarios estatales están tomando las decisiones. Los funcionarios de Florida apodaron la instalación en honor a la prisión insular que operó en el pasado frente a la Bahía de San Francisco para resaltar su lejanía y dificultad para escapar, pero un borrador del plan de evacuación de emergencia hecho público el miércoles se refirió oficialmente a ella como la Instalación de Detención del Sur de Florida. El plan decía que la instalación temporal podría operar durante un año o más.

Los vuelos de deportación desde el “Alcatraz de los Caimanes” comenzaron la semana pasada.

Williams ordenó el lunes que se presenten en el tribunal todos los acuerdos entre el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y el Departamento de Manejo de Emergencias de Florida, una acción que podría arrojar algo de luz sobre la relación entre las agencias federales y estatales en la gestión de la instalación.

Los críticos han dicho que la instalación es cruel e inhumana, además de una amenaza para los humedales, mientras que el gobernador Ron DeSantis y otros funcionarios estatales republicanos la han defendido como parte del impulso agresivo del estado para apoyar las acciones del presidente Donald Trump contra la inmigración ilegal.