Una jueza federal el viernes rechazó la solicitud de la administración Trump para que suspendiera su fallo del 19 de mayo que devolvió el control del Instituto de Paz de Estados Unidos a su presidente interino y junta directiva.

En una decisión de siete páginas, la jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Beryl A. Howell, dijo que el gobierno no cumplió con ninguno de los cuatro requisitos para una suspensión, incluida una “fuerte demostración” de si su solicitud podría tener éxito en cuanto a sus méritos.

Howell reiteró su hallazgo de que el Instituto no es parte del poder ejecutivo y, por lo tanto, está más allá de la autoridad del presidente Donald Trump para despedir a su junta directiva. Agregó que los despidos tampoco cumplieron con la ley sobre cómo un miembro de la junta del Instituto podría ser removido por el presidente.

La mayor parte de la junta fue despedida en marzo durante una toma de posesión del Instituto por parte del Departamento de Eficiencia Gubernamental. Esa acción provocó el despido de su presidente interino, el exembajador George Moose, y posteriormente la mayoría del personal. La sede de la organización, financiada en parte por donantes, fue entregada a la Administración de Servicios Generales.

En su fallo del 19 de mayo, Howell concluyó que la junta fue despedida ilegalmente y que todas las acciones que siguieron a eso fueron, por lo tanto, “nulas y sin efecto”.

En la decisión del viernes, Howell también rechazó el argumento del gobierno de que la organización tenía que caer en una de las tres ramas del gobierno y, dado que no legisla ni es parte del poder judicial, debe ser parte del poder ejecutivo. “Como el Tribunal ha señalado anteriormente, otras entidades también quedan fuera de esta estructura tripartita”, escribió.

Howell también dijo que el gobierno no “describió ningún daño reconocible que experimentará sin una suspensión, y mucho menos uno irreparable”. Sin embargo, “como explican los demandantes, cada día que pasa sin el alivio que ordenó este Tribunal, la tarea de volver a armar (USIP) al volver a contratar empleados y detener la disipación de la buena voluntad y la reputación de independencia de USIP se volverá mucho más difícil”.

Moose regresó a la sede el miércoles sin incidentes junto con el abogado externo de la organización, George Foote.

La Casa Blanca no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios. Al solicitar la suspensión, el gobierno también solicitó una suspensión de dos días hábiles para permitir una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia. Howell negó esa solicitud.