Kilmar Abrego García enfrenta un futuro incierto. La administración de Donald Trump quiere deportarlo a la nación africana de Esuatini. Abrego García quiere solicitar asilo para permanecer en Estados Unidos. Cualquiera de los caminos podría comenzar con un largo viaje a través del sistema legal.

Abrego García, de 30 años, se convirtió en un punto álgido sobre la ofensiva de inmigración del presidente Trump cuando fue deportado erróneamente a su natal El Salvador. La administración de Trump afirmó que era miembro de la pandilla MS-13, una acusación que Abrego García niega y por la cual no fue acusado.

La administración regresó a Abrego García a Estados Unidos en junio, pero solo para enfrentar cargos de contrabando de personas. Los abogados de Abrego García han calificado el caso de absurdo y vengativo. Abrego García fue liberado de una cárcel de Tennessee para esperar su juicio el mes pasado. Fue puesto bajo custodia de inmigración tres días después y permanece en un centro de detención de Virginia.

Aquí hay un vistazo a lo que podría suceder después:

La administración de Trump ha propuesto enviar a Abrego García a Esuatini porque legalmente no puede enviarlo a El Salvador.

Abrego García huyó de El Salvador alrededor de 2011 porque una pandilla local lo había extorsionado y aterrorizado a él y a su familia, según documentos judiciales. Abrego García se había establecido en Maryland sin documentación para unirse a su hermano mayor, que se había convertido en ciudadano de Estados Unidos.

Un día de 2019, Abrego García buscó trabajo como jornalero afuera de una tienda Home Depot. Un informante confidencial le dijo a la policía que Abrego García y otros hombres afuera de la tienda estaban en la MS-13 debido a su ropa y tatuajes, según documentos judiciales.

Abrego García nunca fue acusado, pero fue entregado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés). Solicitó asilo, pero fue denegado porque su solicitud llegó más de un año después de que ingresó a Estados Unidos.

Sin embargo, un juez de inmigración le otorgó protección para no ser deportado a El Salvador después de que Abrego García demostró que tenía un temor fundado de persecución pandillera allí.

Seis años después, en los primeros días de la segunda administración de Trump, ICE deportó a Abrego García a una notoria prisión de El Salvador, violando la orden del juez de inmigración. Tras una orden de la Corte Suprema, la administración de Trump lo regresó a Estados Unidos, pero solo para enfrentar cargos de contrabando de personas.

La administración de Trump dijo el mes pasado que tenía la intención de deportarlo al país africano de Uganda. Abrego García notificó al gobierno de Estados Unidos que teme ser enviado allí por temor a ser perseguido o ser enviado a El Salvador.

El viernes pasado, la administración de Trump dijo que ahora tiene la intención de deportarlo a Esuatini.

Una carta de ICE decía que sus temores son “difíciles de tomar en serio, especialmente dado que usted ha afirmado (a través de sus abogados) que teme persecución o tortura en al menos 22 países diferentes”.

Se supone que Estados Unidos debe seguir un proceso de varios pasos para deportar a alguien a una nación que no es su país de origen, según los abogados de inmigración.

Por ejemplo, se supone que un oficial de inmigración debe llevar a cabo una entrevista de temor razonable, durante la cual Abrego García puede plantear preocupaciones sobre persecución y tortura. Si el oficial no está de acuerdo, Abrego García puede pedirle a un juez de inmigración que revise la decisión. A partir de ahí, Abrego García puede ir a la Junta de Apelaciones de Inmigración.

Los jueces de inmigración son parte del Departamento de Justicia y están bajo la autoridad de la administración de Trump. Trump ha estado despidiendo a jueces de inmigración, muchos nombrados por el expresidente Joe Biden, como parte de su ofensiva de inmigración.

Sin embargo, Abrego García puede impugnar una decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración en los tribunales federales, que son parte del poder judicial independiente de la nación.

Incluso si Abrego García frustra la deportación a Esuatini, es probable que enfrente intentos de trasladarlo a otro país y luego a otro, según el abogado de inmigración Andrew Rankin, con sede en Memphis.

“Por la ley de los promedios, no se puede ganar todos los casos”, dijo.

El asilo, sin embargo, podría volver a centrarse únicamente en El Salvador, donde Abrego García ha demostrado previamente un temor creíble de persecución pandillera.

Abrego García ha presentado una moción para reabrir su caso de inmigración de 2019 y solicitar asilo. Es probable que sus abogados argumenten que es elegible porque ha estado en Estados Unidos menos de un año, dijo Rankin.

El asilo podría proporcionar una tarjeta verde y un camino hacia la ciudadanía. Pero está corriendo un riesgo, dijo Rankin. Si Abrego García pierde su oferta, un juez de inmigración podría eliminar su protección para ser devuelto a El Salvador.

La moción de Abrego García para reabrir su caso de inmigración aún está pendiente. Si se niega, puede apelar a la Junta de Apelaciones de Inmigración. A partir de ahí, puede ir al Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito de Estados Unidos en Richmond, Virginia.

Si se le permite solicitar asilo, tendrá una audiencia. Sus abogados y el gobierno pueden presentar pruebas y llamar a testigos.

“Un dicho muy famoso sobre el tribunal de inmigración es ‘el tribunal de inmigración tiene consecuencias de pena de muerte en un entorno de tribunal de tráfico’”, dijo Rankin, el abogado.

Por ejemplo, los jueces de inmigración tienen una discreción mucho más amplia sobre la programación, la admisión de pruebas y la emisión de juicios, dijo Rankin. Puede haber poca coherencia entre los tribunales de inmigración individuales.

“En el tribunal de tráfico, está decidiendo una multa por exceso de velocidad, que como máximo afecta los propósitos del seguro”, dijo Rankin. “Mientras que en el tribunal de inmigración, está decidiendo en este caso particular si alguien va a irse a casa a morir. O si se van a quedar en Estados Unidos”.

El fiscal general podría decidir. La fiscal general Pam Bondi tiene la autoridad para decidir el caso de inmigración de Abrego García como jefa del Departamento de Justicia, dicen los expertos en inmigración. Tales decisiones son raras, pero la administración de Trump ha mostrado una voluntad de romper con el precedente.

Los abogados de Abrego García en su caso penal de Tennessee han criticado a Bondi por lo que dicen que son declaraciones perjudiciales, alegando que no puede obtener un juicio penal justo.

César Cuauhtémoc García Hernández, profesor de derecho de la Universidad Estatal de Ohio, dijo que una decisión hipotética de Bondi probablemente sería apelada ante el Cuarto Circuito.

Lo más inteligente que puede hacer Bondi, dijo el profesor, es “trabajar con un buen grupo de abogados del Departamento de Justicia que van a explicar la base fáctica de su conclusión”.

Rankin, el abogado en Memphis, dijo que los abogados de Abrego García probablemente atacarían cualquier decisión tomada por Bondi de deportarlo como “un golpe político”.

“Destruiría cualquier credibilidad de que esta es una acusación para el pueblo estadounidense y no una acusación para Trump”, dijo Rankin.