La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) retiró el viernes a uno de los mayores distribuidores de fármacos del país su licencia para vender analgésicos altamente adictivos tras determinar que no había señalado miles de pedidos sospechosos en plena crisis de los opiáceos.

La medida contra la mayorista farmacéutica Morris & Dickson Co., que amenaza con llevarla a la quiebra, se tomó dos días después de que The Associated Press publicara un reportaje de investigación que describió cómo la DEA permitió que la compañía siguiera distribuyendo medicamentos durante casi cuatro años después de que un juez recomendara aplicarle la pena más severa por su “indiferencia negligente” hacia las reglas destinadas a prevenir el abuso de opioides.

La DEA reconoció que el tiempo que tardó en emitir su decisión final fue “más largo de lo normal para la agencia”, pero culpó en parte a Morris & Dickson por retrasar el proceso al buscar demoras debido a la pandemia de COVID-19 y su larga búsqueda de un acuerdo que la agencia dijo que había contemplado. La orden entrará en vigor en 90 días, lo que permitirá más tiempo para negociar un acuerdo.

La directora de la DEA, Anne Milgram, escribió en la orden de 68 páginas que Morris & Dickson no aceptó la responsabilidad total por sus acciones pasadas, que incluyeron el envío de 12,000 pedidos inusualmente grandes de opioides a farmacias y hospitales entre 2014 y 2018. Durante este tiempo, la compañía solo reportó a la DEA tres pedidos sospechosos.

Milgram citó específicamente el testimonio del entonces presidente de la compañía en 2019, Paul Dickson Sr., de que el programa de cumplimiento era “muy bueno” y que no creía que “una sola persona haya resultado dañada por (sus) fármacos”.

“Esas declaraciones del presidente de una empresa operada por una familia propietaria pierden el sentido de los requisitos de un solicitante de registro de la DEA”, escribió. “Su aceptación de responsabilidad no mostró que ni él ni sus directores entendieran el alcance total de su conducta indebida... y el daño potencial que causó”.

Morris & Dickson, con sede en Shreveport, Luisiana, tiene sus raíces en 1840, cuando su fundador homónimo llegó de Gales y puso un anuncio de venta de medicamentos en un periódico local. Desde entonces se ha convertido en el cuarto distribuidor mayorista de medicamentos del país, con unos ingresos anuales de $4,000 millones y casi 600 empleados que atienden a farmacias y hospitales de 29 estados.

En un comunicado, la empresa señaló que ha invertido millones de dólares en los últimos años para modernizar sus sistemas de cumplimiento y parece albergar esperanzas de llegar a un acuerdo.

“Morris & Dickson agradece al administrador de la DEA que haya retrasado la entrada en vigor de la orden para dar tiempo a resolver estos antiguos problemas”, afirmó. “Seguimos confiando en que podemos lograr un resultado que salvaguarde la cadena de suministro para todos nuestros socios sanitarios y las comunidades a las que sirven”.

Los competidores mucho mayores de Morris & Dickson, un trío de distribuidores farmacéuticos conocidos como los Tres Grandes, ya han acordado pagar al gobierno federal más de $1,000 millones en multas y sanciones para resolver infracciones similares. Cardinal Health, AmerisourceBergen y McKesson también acordaron pagar $21,000 millones en 18 años para resolver reclamos como parte de un acuerdo a escala nacional.

Aunque Morris & Dickson no fue el único distribuidor de fármacos al que la DEA acusó de alimentar la crisis de los opioides, sí fue único en su voluntad de impugnar esas acusaciones ante el tribunal administrativo de la DEA.