“Las green cards y visas son un privilegio, no un derecho. Todos deberían estar alerta”. En los últimos días, la administración de Donald Trump lanzó varias advertencias a los extranjeros que tienen la tarjeta que habilita a trabajar y vivir en forma permanente en Estados Unidos, con consejos sobre su comportamiento ante el riesgo de ser expulsados, lo que aumentó la preocupación entre millones de residentes legales en medio de la intensificación de las medidas de control de la inmigración.

Los mensajes del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) elevaron los temores en aeropuertos internacionales, pasos fronterizos y otros puertos de entrada al país, donde muchos titulares de visados e incluso green cards están preocupados por la posibilidad de ser detenidos o deportados.

Hay varios reportes de residentes legales permanentes que enfrentaron esa situación, como el caso del argentino Agustín Gentile, de 31 años, arrestado por ICE tras regresar de un viaje al exterior.

En el aeropuerto de Los Ángeles las autoridades detectaron que Gentile tenía antecedentes legales y comenzó un proceso que derivó en la posibilidad de que sea deportado del país donde vive desde hace 18 años, según publicó el diario The Atlanta Journal Constitution.

LA NACION pudo confirmar que el consulado argentino en Atlanta está al tanto desde el pasado 21 de abril de la situación de Gentile, que tiene dos hijos estadounidenses, de seis y ocho años, y vive en Raleigh, Carolina del Norte. Su familia –el padre, Martín Verdi, y la madre, Débora Rey- ha recibido asistencia y seguimiento desde entonces.

Las advertencias del USCIS subrayan el enfoque ampliado de la administración Trump en la aplicación de las leyes de inmigración, dirigidas cada vez más no solo a los indocumentados, sino también a los residentes legales. En el centro de este cambio se encuentra una política cada vez más centrada en la vigilancia de las redes sociales y el escrutinio ideológico, advierten organizaciones de defensa de derechos civiles.

“TODOS deberían estar alerta. Si eres un visitante en nuestro país, compórtate como tal. Nuestro sólido programa de verificación de redes sociales para identificar riesgos para la seguridad nacional y pública es ininterrumpido. El Uscis está alerta para detectar cualquier contenido online que represente una amenaza para nuestra nación y nuestro estilo de vida”, publicó el organismo en sus redes sociales el 29 de abril.

“Venir a Estados Unidos y recibir una visa o green card es un privilegio. Nuestras leyes y valores deben respetarse. Si incita a la violencia, respalda o apoya actividades terroristas, o anima a otros a hacerlo, ya no podrá permanecer en Estados Unidos”, añadió el Uscis un día después.

En marzo pasado, el USCIS había anunciado que pronto requeriría que los solicitantes de green cards revelen todas sus direcciones de redes sociales, parte de un esfuerzo de investigación más amplio que la agencia señala que es esencial para la seguridad nacional. La información se utilizaría para “verificación de identidad, investigación y evaluación de seguridad nacional”, y podría afectar a más de 2.5 millones de solicitantes. Los críticos de la medida advierten que su alcance y subjetividad podrían socavar la libertad de expresión.

El Departamento de Seguridad Nacional anunció en abril que examinaría las redes sociales de los migrantes en busca de indicios de antisemitismo, lo que dijo que sería motivo para “denegar las solicitudes de prestaciones de inmigración”. El análisis busca pruebas de “apoyo, apología, promoción o respaldo del terrorismo antisemita”, según el comunicado.

La green card, conocida oficialmente como Tarjeta de Residente Permanente, es una autorización legal para vivir y trabajar en Estados Unidos sin restricciones temporales. En el pasado, quienes tenían una green card entraban y salían del país con menos preocupaciones que otros extranjeros, pero a medida que el gobierno de Trump adoptó este año un enfoque de mayor control en las fronteras la situación cambió. Según datos de la Oficina de Estadísticas de Seguridad Nacional, unos 12.8 millones de personas tenían la Tarjeta de Residencia Permanente en Estados Unidos al 1 de enero de 2024, lo que supone un aumento de 70,000 personas respecto al año anterior.

“Las green cards y las visas serán revocadas si un extranjero infringe la ley, apoya el terrorismo, excede el tiempo de visita permitido, realiza un trabajo ilegal o cualquier otra cosa que viole los términos en los que le otorgamos este privilegio o comprometa la seguridad de nuestros compatriotas estadounidenses“, advirtió el lunes pasado el USCIS.

Trump ha hecho del combate a la migración ilegal una prioridad de su segunda administración, con promesas de reforzar la seguridad fronteriza, llevar a cabo deportaciones masivas y poner fin a los beneficios federales para las personas que entran en el país.

Michael Wildes, abogado de migración y profesor de Derecho en Nueva York, señaló al diario The New York Times que tanto ciudadanos como residentes legales permanentes se han puesto en contacto con él desde la asunción de Trump para consultarle por sus servicios en caso de ser detenidos en la frontera. Los titulares de la green card deben llevarla consigo en todo momento, resalta.

A cualquier residente legal permanente que cometa un delito se le puede denegar la entrada en Estados Unidos o deportarlo, pero el gobierno no suele dirigirse a esas personas a menos que hayan cometido delitos graves, según expertos jurídicos. Los poseedores de una green card también deben facilitar información coherente en todos los formularios de viaje.

Aunque los residentes legales permanentes pueden pasar hasta 365 días consecutivos fuera de Estados Unidos, cualquier estancia superior a seis meses puede “levantar sospechas”, señaló Wildes a The New York Times. Pasar más de seis meses fuera del país también puede poner a cero el número de años necesarios para poder solicitar la ciudadanía.

El experto dijo que todo titular de una green card que quiera viajar fuera de Estados Unidos durante seis meses o más debe solicitar un permiso de reingreso, que permite a los residentes legales permanentes volver a entrar después de haber estado en el extranjero durante un máximo de dos años. El permiso sirve como prueba de que el residente no tiene intención de abandonar su situación legal.

En febrero pasado, Gentile regresó de un viaje al exterior al aeropuerto internacional de Los Ángeles, donde, al pasar por migraciones, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional le confiscaron su green card y su pasaporte argentino, según reconstruyó The Atlanta Journal Constitution.

Desde el aeropuerto, Gentile fue derivado a una oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en Raleigh, Carolina del Norte. El 14 de abril lo detuvieron y lo enviaron a una cárcel local. Dos días después, lo trasladaron al centro de detención Stewart, en Georgia.

Débora Rey y Martín Verdi están en Georgia a la espera de novedades, mientras el argentino detenido lucha por permanecer en Estados Unidos junto a su familia. Ambos dijeron que estaban de acuerdo con la propuesta de Trump de “mano dura con los inmigrantes ilegales” y que, en las elecciones de noviembre pasado, lo votaron convencidos. Cuando el líder republicano ganó las elecciones, celebraron. Pero la situación cambió. “Nos sentimos traicionados”, aseguraron, a raíz de la detención de su hijo.