Un juez ordenó el miércoles a la compañía Meta, matriz de Facebook, Instagram y Threads, a pagar $25,000 millones al estado de Nuevo México luego de que un jurado la declarara responsable de engañar a los usuarios sobre la privacidad en Facebook, lo que representa la multa más alta jamás impuesta al gigante tecnológico.

La conducta de Facebook fue intencional y sus ejecutivos engañaron sistemáticamente a los usuarios sobre el funcionamiento de la plataforma, escribió el juez del Tribunal de Distrito estatal, Francis J. Mathew, en su fallo.

“Facebook prometió a los usuarios que ellos (los usuarios) controlaban sus datos. Esto era falso”, afirmó.

El fiscal general del estado, Raúl Torrez, declaró en una conferencia de prensa que la indemnización debe considerarse una advertencia para las empresas tecnológicas de que Nuevo México las hará responsables.

“Este fallo debe ser una señal, un mensaje inequívoco, para Silicon Valley”, agregó.

Los representantes de Meta, que previamente habían anunciado su intención de apelar el veredicto de septiembre, no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el monto. La compañía, con sede en Menlo Park, California, tenía previsto presentar sus ganancias trimestrales el miércoles por la tarde y sus acciones subieron un 2% tras el anuncio de la multa.

En agosto, Meta llegó a un acuerdo con casi todos los estados y territorios —excepto Nuevo México y Florida— para pagar $18,000 millones e implementar medidas de seguridad infantil más estrictas en sus plataformas de Facebook e Instagram.

El acuerdo puso fin a un juicio sobre la adicción de los adolescentes a las redes sociales y resolvió un caso crucial que llevaba años gestándose y que buscaba responsabilizar al gigante tecnológico por el papel que desempeñaron sus plataformas en el deterioro de la salud mental de los niños. La demanda se centró en las funciones diseñadas para captar la atención de los jóvenes.

Nuevo México no formó parte del acuerdo interestatal porque estaba llevando su propio caso.

En septiembre, un jurado declaró a Meta responsable de más de 43 millones de infracciones a las leyes de protección al consumidor de Nuevo México, cuando la consultora política Cambridge Analytica recopiló datos de usuarios de Facebook para generar anuncios políticos segmentados para las elecciones de 2016.

Meta argumentó que el estado no logró probar declaraciones engañosas sobre la privacidad ni que la moderación de contenido perjudicara a los habitantes de Nuevo México. Los intereses sobre la multa se acumularían durante la apelación, pero el número de infracciones de las que se acusa a Meta podría reducirse.

El abogado de Meta, Matt Nicholson, argumentó ante el tribunal que una suma tan alta sería “impactante”, mientras que la abogada de Nuevo México, Randi McGinn, instó a hacer frente a los “gigantes tecnológicos que se creen intocables y que pueden hacer lo que quieran”. La cantidad otorgada en el caso supera con creces la multa de $5,000 millones que la Comisión Federal de Comercio impuso a Facebook en 2019.

Según la Constitución de Nuevo México, las multas por infracciones a las leyes de protección al consumidor se destinan al gasto estatal en educación. Torrez reconoció que el dinero quedaría inmovilizado mientras Meta apela.

Durante el juicio, el jurado evaluó si Facebook engañó a los usuarios sobre la privacidad y la moderación de contenido en 34 ocasiones distintas. Sin embargo, los fiscales estatales argumentaron que las declaraciones de Facebook engañaron a toda la población de Nuevo México y que el engaño se extendió más allá de los usuarios de redes sociales.

Finalmente, el jurado estuvo de acuerdo con esta premisa y declaró a Facebook responsable de 2.1 millones de infracciones en determinados cargos, lo que eleva el número total de infracciones a más de 43 millones. Los abogados de Facebook han argumentado, en escritos judiciales posteriores, que las leyes estatales de protección al consumidor no se aplican a las personas en Nuevo México que no utilizaban la plataforma en ese momento.

Tras conocerse el veredicto, Torrez declaró a los periodistas que todo el dinero obtenido se destinará a un fondo para el sistema educativo del estado. El estado también solicita una orden judicial para poner fin a prácticas similares.

Al apelar el veredicto del jurado, Meta podría lograr una reducción en el número de infracciones y, por consiguiente, en la sanción económica total. Los abogados de la empresa señalaron que resulta inédito que el estado calcule el número de infracciones basándose en cuántas personas pudieron haber visto o escuchado las declaraciones engañosas de la compañía, argumentando que no existen pruebas de que dichas declaraciones hayan perjudicado a nadie.

Durante los alegatos finales, los abogados de Facebook afirmaron que las pruebas presentadas por el estado estaban desactualizadas y que, a pesar de haber contado con cinco años para recopilar material, Nuevo México sólo halló un caso adicional de filtración de datos.

En uno de los pocos puntos a favor de la defensa, el jurado determinó que el estado no logró demostrar que Facebook hubiera hecho afirmaciones falsas sobre la eliminación de contenido perjudicial, incluida la desinformación relacionada con la pandemia de COVID-19.

El estado sostuvo que la empresa favorecía determinadas cuentas y permitía la proliferación de contenido violento o inexacto. En su alegato final, la abogada Randi McGinn, en representación del estado, afirmó que Facebook obtenía beneficios a partir de contenido perjudicial; una acusación que el director ejecutivo, Mark Zuckerberg, negó durante su declaración grabada en video. Zuckerberg señaló que la empresa debe encontrar un equilibrio cuidadoso entre la libertad de expresión y la moderación de contenidos.