Puerto Rico recibirá al menos $124.7 millones como parte de un acuerdo multiestatal con Meta Platforms, matriz de Instagram y Facebook, que además obligará a la compañía a modificar el diseño y funcionamiento de sus plataformas para los usuarios menores de edad.

El Departamento de Justicia anunció este miércoles que Puerto Rico se unió a la transacción, cuyo valor a nivel de Estados Unidos y sus territorios podría alcanzar los $19,000 millones y que pone fin, en el caso de la isla, a una demanda presentada en diciembre de 2024.

Justicia había alegado en el pleito que Meta diseñó Instagram y Facebook con características dirigidas a generar un uso adictivo entre menores y que engañó al público sobre los posibles efectos de sus plataformas en la salud mental de niños y adolescentes.

Como parte del acuerdo, los $124.7 millones correspondientes a Puerto Rico se pagarán en 10 plazos. La isla podría recibir otros $53.7 millones si TikTok, YouTube y Snapchat adoptan protecciones equivalentes a las acordadas con Meta.

Al menos la mitad del dinero deberá utilizarse para atender los daños alegados sobre la niñez y juventud puertorriqueña, en coordinación con los departamentos de Salud y Educación y la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca).

“Este es un hito judicial para Puerto Rico”, sostuvo la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, quien indicó que la demanda estimaba que alrededor del 76% de los menores en Puerto Rico utilizan Instagram y que más de dos millones de residentes usan alguna plataforma de Meta.

Más allá del pago económico, el acuerdo contempla cambios en la experiencia que Instagram y Facebook ofrecen a los menores, cuyo cumplimiento estará sujeto durante cinco años a la evaluación de un auditor independiente.

Entre las medidas figura un nuevo sistema de verificación de edad, dirigido tanto a identificar usuarios adolescentes como a detectar menores de 13 años.

Meta también deberá establecer un límite de dos horas diarias de consumo de contenido a través de sus plataformas, además de pausas obligatorias luego de 15 minutos de uso continuo y cuando los usuarios alcancen 60 y 90 minutos de utilización acumulada.

El acuerdo contempla, además, restricciones de acceso durante la noche y un modo escolar que bloqueará notificaciones durante el horario de clases.

Los usuarios menores también deberán tener acceso a una opción de contenido que no esté personalizada mediante algoritmos y sin reproducción automática.

Se añaden medidas para detectar cuentas secundarias, ampliar la supervisión parental y reducir la exposición a determinados contenidos y experiencias consideradas perjudiciales.

El límite de uso podría reducirse a una hora diaria por plataforma si otras compañías de redes sociales adoptan los mismos términos.

Gómez Torres sostuvo que las prácticas cuestionadas responden a modelos de negocio dirigidos a aumentar el uso de las plataformas y, con ello, sus beneficios económicos.

“Si bien existe una responsabilidad individual, lo cierto es que el uso desmedido de estas plataformas responde a prácticas de negocios diseñadas para generar beneficio económico”, expresó.

Para la licenciada Julizziette Colón Bilbraut, especializada en derecho digital, el alcance del acuerdo trasciende el pago y las protecciones dirigidas a los menores, debido a las implicaciones que un litigio llevado hasta sus últimas consecuencias podía representar para el modelo de negocio de Meta y otras compañías tecnológicas.

Explicó que los algoritmos de recomendación identifican los intereses y patrones de consumo de los usuarios para mostrarles continuamente contenido relacionado. Esa dinámica, dijo, contribuye a aumentar el tiempo que las personas permanecen en las plataformas, una métrica estrechamente vinculada al negocio publicitario de estas empresas.

“El problema es el algoritmo. Lo que hizo Meta fue proteger su algoritmo, que es su activo de negocio más importante en este momento”, sostuvo la abogada.

Según explicó, una decisión judicial que delimitara hasta dónde puede llegar la responsabilidad de una compañía por las características de diseño de sus plataformas podía tener consecuencias que trascendieran a Meta.

“Ya tú no encuentras contenido. El contenido te encuentra a ti gracias al algoritmo”, resumió.

Mencionó que el debate se produce mientras los tribunales estadounidenses continúan enfrentándose a controversias sobre el alcance de la sección 230 de la Communications Decency Act, una disposición federal que limita la responsabilidad de las plataformas por contenido publicado por terceros.

La abogada detalló que esa protección surgió durante la década de 1990, cuando Estados Unidos buscaba incentivar el desarrollo de internet, pero su alcance ha sido cuestionado a medida que las plataformas y sus modelos de negocio han evolucionado.

En este caso, las reclamaciones se concentraron en alegadas prácticas y características desarrolladas por las propias compañías y sus posibles efectos sobre menores.

Aunque la magnitud del acuerdo podría tener consecuencias para la industria, la abogada advirtió que no constituye un precedente judicial, ya que las reclamaciones no fueron finalmente adjudicadas por un tribunal.

“Legalmente hablando, no crea ningún precedente, pero sí lo crea a nivel de industria”, afirmó.

A su juicio, la decisión de Meta de transar podría modificar la evaluación de riesgo que realicen otras compañías que enfrentan reclamaciones similares como TikTok y Snapchat.

“En términos del ambiente de negocios, lo que ha hecho Meta hoy va a afectar a compañías similares”, sostuvo la abogada.

La transacción fue negociada por una coalición de más de 47 jurisdicciones y resuelve litigios presentados tanto en tribunales estatales como dentro de un litigio multidistrital federal en California.

Puerto Rico presentó su propia demanda ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan el 19 de diciembre de 2024, a través de la Oficina de Asuntos Monopolísticos de Justicia.

Como parte del acuerdo, Meta no admite responsabilidad por las alegaciones formuladas en los casos.

Justicia informó que someterá en los próximos días una sentencia por consentimiento ante el Tribunal de Primera Instancia para formalizar el acuerdo.

La agencia indicó, además, que continúa evaluando las prácticas de otras plataformas de redes sociales relacionadas con los menores en Puerto Rico.