Miles de afganos en Estados Unidos ya no están protegidos contra la deportación después de que un tribunal federal de apelaciones se negara a posponer la decisión de la administración de Donald Trump de poner fin a su estatus legal.

Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito de Estados Unidos en Virginia dijo en un fallo el lunes por la noche que había “pruebas insuficientes para justificar el remedio extraordinario de una postergación” de la decisión de la administración de no extender el Estatus de Protección Temporal para personas de Afganistán y Camerún.

El TPS para los afganos terminó el 14 de julio, pero fue extendido brevemente por el tribunal de apelaciones hasta el 21 de julio mientras consideraba una solicitud de emergencia para una postergación más larga.

El Departamento de Seguridad Nacional en mayo dijo que estaba terminando el Estatus de Protección Temporal para 11,700 personas de Afganistán en 60 días. Ese estatus, vigente desde 2022, les había permitido trabajar y significaba que el gobierno no podía deportarlos.

CASA, un grupo de defensa de los inmigrantes sin fines de lucro, demandó a la administración por la revocación del TPS para los afganos, así como para las personas de Camerún (que expira el 4 de agosto), diciendo que las decisiones tenían motivaciones raciales. Un juez federal permitió que la demanda siguiera adelante, pero no concedió la solicitud de CASA de mantener las protecciones vigentes mientras se desarrolla la demanda.

Un mensaje telefónico para CASA el martes no fue devuelto de inmediato. Sin una extensión, los titulares de TPS enfrentan una “elección devastadora: abandonar sus hogares, renunciar a su empleo y desarraigar sus vidas para regresar a un país donde enfrentan la amenaza de graves daños físicos o incluso la muerte, o permanecer en Estados Unidos en un estado de incertidumbre legal mientras esperan que se desarrollen otros procesos de inmigración”, advirtió CASA en documentos judiciales.

En su decisión del lunes, el tribunal de apelaciones dijo que CASA había presentado una demanda legal “plausible” contra la administración y instó al tribunal inferior a avanzar en el caso de manera expedita.

También dijo que muchos de los titulares de TPS de los dos países pueden ser elegibles para otras protecciones legales que siguen estando disponibles para ellos.

El Estatus de Protección Temporal puede ser otorgado por el secretario de Seguridad Nacional a personas que enfrentan problemas de seguridad en sus países de origen debido a conflictos armados, desastres ambientales u otras condiciones. No pueden ser deportados y pueden trabajar legalmente en Estados Unidos, pero no tienen un camino hacia la ciudadanía.

El estatus, sin embargo, es inherentemente precario porque depende del secretario de Seguridad Nacional renovar las protecciones regularmente, generalmente cada 18 meses. La administración de Trump ha presionado para eliminar el Estatus de Protección Temporal de personas de siete países, con Venezuela y Haití representando la mayor parte de los cientos de miles de personas afectadas.

En el momento en que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, terminó el estatus de protección temporal para los afganos, el departamento escribió en la decisión que la situación en su país de origen estaba mejorando.