Washington — Con cada día que pasa del cierre del gobierno, cientos de miles de empleados federales, ya sea que estén de licencia sin goce de sueldo o trabajando sin paga, enfrentan una creciente tensión financiera. Y ahora se enfrentan a una nueva incertidumbre con los despidos prometidos por la administración de Donald Trump.

Se han hecho pocos progresos para poner fin al cierre, que entra en su tercera semana, con republicanos y demócratas atrincherados y convencidos de que su mensaje está resonando entre los votantes. El destino de los trabajadores federales es uno de los varios puntos de presión que podrían eventualmente empujar a las partes a acordar resolver el estancamiento.

“Afortunadamente, pude pagar el alquiler este mes”, dijo Peter Farruggia, un trabajador federal de licencia sin goce de sueldo. “Pero seguro que voy a tener facturas que no voy a poder pagar este mes, y realmente no tengo muchas opciones”.

El cierre tiene un aire familiar para muchos empleados federales que soportaron estancamientos pasados, incluso durante el primer mandato del presidente Donald Trump, pero esta vez, lo que está en juego es mayor. La Casa Blanca republicana está utilizando los empleos de los trabajadores federales para presionar a los demócratas para que suavicen sus demandas.

El cierre comenzó el 1 de octubre después de que los demócratas rechazaron una solución de financiación a corto plazo y exigieron que el proyecto de ley incluyera una extensión de los subsidios federales para el seguro de salud bajo la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio. Donald Trump y otros líderes republicanos han dicho que el gobierno debe reabrir antes de que negocien con los demócratas sobre los subsidios de salud.

Farruggia es el jefe del sindicato American Federation of Government Employees local que representa a los empleados de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, una agencia que enfrentó una ola de despidos durante el fin de semana. Al igual que otros 8,000 empleados de los CDC que han sido suspendidos de la agencia, él ya vivía al día, y el pago parcial que llegó el viernes fue el último hasta que el gobierno vuelva a estar en línea.

Con el liderazgo de la agencia en crisis y aún conmocionado por un tiroteo, el cierre y los nuevos despidos significan que “la gente está asustada, nerviosa, ansiosa, pero también realmente exasperada”, dijo Farruggia.

Después de que Russ Vought, el director de la Oficina de Administración y Presupuesto, dijera la semana pasada en las redes sociales que los “RIF han comenzado”, refiriéndose a los planes de reducción de personal destinados a reducir el tamaño del gobierno federal, el vicepresidente JD Vance redobló la amenaza el domingo, diciendo que “cuanto más tiempo pase esto, más profundos serán los recortes”.

Los despidos han comenzado en todas las agencias federales. Los sindicatos ya han presentado una demanda para detener la medida de la oficina de presupuesto de Donald Trump.

En una presentación judicial el viernes, la Oficina de Administración y Presupuesto dijo que más de 4,000 empleados federales de ocho departamentos y agencias serían despedidos en relación con el cierre.

Jessica Sweet, una especialista en reclamos de la Seguridad Social de Albany, Nueva York, que es delegada sindical de AFGE Local 3343 en Nueva York, dijo: “Yo misma tengo un plan de respaldo” en caso de que sea despedida durante el cierre, “pero sé que la mayoría de la gente no lo tiene”.

Ella dice que la Administración del Seguro Social ya está tan corta de personal debido a los despidos a principios de este año provocados por el Departamento de Eficiencia del Gobierno, que no teme un despido masivo durante el cierre.

“Lo único que esta administración me ha enseñado es que nada es seguro, incluso si está codificado en la ley”, dijo.

Después de haber recibido un pago parcial en su último cheque de pago, Sweet ha comenzado a comunicarse con sus compañías eléctricas locales para solicitar que no se le cobren cargos por pago atrasado, ya que “mis facturas no esperarán a que me paguen eventualmente”.

Para algunos trabajadores federales, este no es su primer cierre: el último, durante el primer mandato de Donald Trump en 2019, se extendió un récord de 34 días. Pero esta vez, los empleados federales están siendo utilizados más directamente como palanca en la lucha política por la financiación del gobierno.

La administración republicana advirtió la semana pasada que no habría pago retroactivo garantizado para los trabajadores federales durante un cierre, una reversión de la política de larga data que afecta a aproximadamente 750,000 empleados suspendidos, según un memorando de la Casa Blanca. La medida, que Donald Trump luego revirtió, fue ampliamente vista como una táctica de mano dura.

Adam Pelletier, un examinador de campo de la Junta Nacional de Relaciones Laborales cuya agencia suspendió a casi toda su fuerza laboral el 1 de octubre, pasando de aproximadamente 1,100 trabajadores a menos de una docena de personas, dijo que no le importaría si el cierre continuara si significaba un progreso significativo para obtener protecciones de atención médica para los estadounidenses en todo el país, una demanda clave de los demócratas para poner fin al estancamiento.

Pelletier, un líder sindical de NLRB local 3, dijo que “en este momento, no se está investigando nada en la NLRB. No hay elecciones para sindicatos o elecciones para des certificaciones. Básicamente no está pasando nada”.

En cuanto a la tensión financiera en los trabajadores, dijo que los trabajadores ni siquiera pueden encontrar un empleo alternativo para capear el cierre porque “la oficina de ética que aprobaría esas solicitudes no tiene personal ahora”.

La presidenta del Sindicato Nacional de Empleados del Tesoro, Doreen Greenwald, que representa a trabajadores en docenas de agencias federales, dijo que varios de los miembros del sindicato habían sido despedidos hasta el viernes. El Departamento del Tesoro perdería 1,446 trabajadores, según la presentación.

Greenwald dijo que era desafortunado que la administración de Donald Trump estuviera utilizando “a los empleados federales como peones políticos al suspenderlos y proponer despedirlos a todos para tratar de causar presión en un juego político de gallina”.

“Esto no se trata de un partido u otro. Se trata de personas reales”, dijo Everett Kelley, presidente de la Federación Americana de Empleados del Gobierno.

“El oficial de corrección preocupado por su próximo cheque de pago. El oficial de la TSA que todavía se presenta a trabajar porque ama a su país, aunque no le paguen. Ningún estadounidense debería tener que elegir entre servir a su país y alimentar a su familia”, dijo Kelley.

Kelley y otros líderes sindicales de trabajadores federales importantes se reunieron a pocas cuadras del Capitolio la semana pasada, instando a los líderes del Congreso a encontrar una solución y poner “a las personas por encima de la política”. El evento se volvió emotivo a veces, con los jefes sindicales describiendo las dificultades que enfrentan sus miembros y lo que está en juego crece diariamente.

Randy Erwin, presidente de la Federación Nacional de Empleados Federales, que representa a 110,000 trabajadores en todo el país, pidió a ambos lados del Congreso que encuentren una resolución. Dijo que Donald Trump parecía tener como objetivo “degradar, asustar, antagonizar a los empleados federales que trabajan duro”.

Chris Bartley, coordinador del programa político de la Asociación Internacional de Bomberos, dijo que miles de bomberos se presentaban a trabajar sin paga por un sentido de devoción, pero enfatizó que eso podría tener consecuencias más amplias.

“Las familias se quedan sin ingresos”, dijo Bartley. “La moral y la retención sufren. La seguridad pública se ve comprometida”.