Legisladores demócratas y republicanos fallaron en alcanzar un acuerdo para financiar las políticas migratorias de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, a través del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que entró este sábado en un cierre administrativo parcial.

Esta paralización gubernamental es la tercera desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, aunque al contrario de las anteriores -la primera con un récord de 43 días entre octubre y noviembre, y la segunda de casi cuatro días a inicios de este mes-, solo afecta al DHS, del que dependen a su vez varias de las agencias clave del país.

El Senado estadounidense fracasó este jueves en su intento de aprobar un proyecto de ley republicano para financiar a la entidad hasta septiembre, después de que casi todos los demócratas bloquearan la medida al considerar que no incluía límites suficientes a las operaciones de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que han provocado protestas y se han saldado de momento con la muerte de dos estadounidenses en Minneapolis (Minnesota).

El receso programado en las dos cámaras del Congreso, controladas por republicanos, donde también existen diferencias sobre si impulsar una propuesta de financiamiento anual o una provisional, podría extender el cierre del DHS, que emplea a más de 270,000 personas, de las que más del 90 % seguirá activa durante este lapso.

Este cierre por falta de fondos no afectará al resto del Gobierno federal, cuyo presupuesto ya fue aprobado hasta el próximo septiembre.

Solo incluirá a las agencias bajo la sombrilla del DHS: el ICE, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), la Guardia Costera, el Servicio Secreto y la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA), entre otras.

La gran mayoría de estos empleados son considerados esenciales, por lo que deberán permanecer en sus puestos sin percibir salarios hasta que se resuelva el ‘impasse’.

Los controladores aéreos, cuyas ausencias en la prolongada paralización de fines del año pasado provocaron miles de cancelaciones de vuelos y abocaron una solución mediada al cierre, no se verán afectados en esta ocasión puesto que caen bajo la influencia del Departamento de Transporte.

El DHS ha asignado en los últimos años unos $10,000 millones (unos 8.400 millones de euros) anuales al ICE para su funcionamiento. Esta es la partida bloqueada actualmente en el Congreso.

El ICE ha sido la cara más visible de las duras políticas antimigratorias de Trump en su segundo mandato, y la entidad que ha llevado a cabo, junto al CBP, las redadas en ciudades de mayoría demócrata como Minneapolis (Minnesota), saldadas con la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes de Inmigración.

A pesar de que el enfrentamiento entre demócratas y republicanos tiene como centro esta agencia, la millonaria inyección de fondos a través de la ley presupuestaria y fiscal impulsada por el presidente estadounidense le da amplia libertad a la secretaria del DHS, Kristi Noem, para mover el dinero dedicado a garantizar las operaciones migratorias y pagar a los agentes, a diferencia de otras agencias.

La Guardia Costera y FEMA mantendrán las misiones críticas de rescate y respuesta a desastres, pero verán recortados entrenamientos, viajes oficiales y parte de sus operaciones rutinarias, y sus efectivos podrían pasar semanas sin cobrar si el cierre se prolonga.

Lo mismo pasará con los miembros del TSA, que por tercera vez en este mandato de Trump deberán trabajar sin seguridad salarial. A medida que pasen los días sin una resolución, el público estadounidense podría sentir los efectos del cierre ante posibles retrasos en los controles de seguridad en aeropuertos.