Washington - Un juez federal bloqueó el jueves la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para desmantelar el Departamento de Educación y ordenó a la agencia reincorporar a los empleados que fueron despedidos en despidos masivos. La administración dijo que apelará la decisión.

El juez de distrito Myong Joun, con sede en Boston, concedió una orden judicial preliminar que detiene los planes de la administración Trump anunciados en marzo, dirigidos a avanzar en la promesa de campaña del expresidente republicano de cerrar el Departamento de Educación. El fallo representa un revés para esa iniciativa.

La decisión se produjo en respuesta a dos demandas consolidadas que alegaban que el plan de Trump equivalía a un cierre ilegal del Departamento.

Una de las demandas fue presentada por los distritos escolares de Somerville y Easthampton, en Massachusetts, junto con la Federación Estadounidense de Maestros (AFT) y otros grupos educativos. La otra fue interpuesta por una coalición de 21 fiscales generales demócratas.

Las demandas argumentaban que los despidos habían dejado al departamento incapaz de cumplir con funciones requeridas por el Congreso, incluyendo el apoyo a la educación especial, la distribución de ayudas financieras y la aplicación de leyes de derechos civiles.

En su orden, el juez Joun afirmó que los demandantes presentaron un “panorama grave del daño irreparable que resultará de la incertidumbre financiera, el retraso, el acceso limitado al conocimiento vital para estudiantes y educadores, y la pérdida de servicios esenciales para las poblaciones estudiantiles más vulnerables de Estados Unidos”.

Los despidos a esa escala, añadió, "probablemente paralizarán al Departamento. La idea de que las acciones de los demandados son simplemente una ‘reorganización’ es claramente falsa".

El Departamento de Educación prometió impugnar la orden.

“Una vez más, un juez de extrema izquierda ha sobrepasado dramáticamente su autoridad, basándose en una queja de demandantes sesgados, y ha emitido una orden judicial contra los esfuerzos, claramente legales, de hacer que el Departamento de Educación sea más eficiente y funcional para el pueblo estadounidense”, dijo la portavoz Madi Biedermann en un comunicado.

Joun ordenó al Departamento de Educación reintegrar a los trabajadores federales que fueron despedidos como parte del anuncio de despido del 11 de marzo.

Ese anuncio llevó al despido de aproximadamente 1,300 personas. Algunos empleados también se fueron mediante ofertas de retiro voluntario y despidos de empleados en período de prueba, lo que ha reducido el personal a cerca de la mitad de los 4,100 empleados que tenía el departamento cuando Trump asumió la presidencia.

“La orden de hoy significa que los despidos masivos desastrosos de la administración Trump quedan bloqueados mientras se litiga esta acción gubernamental tan disruptiva e ilegal”, dijo Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, que representa a los demandantes en el caso de Somerville.

Randi Weingarten, presidenta de la Federación Estadounidense de Maestros, calificó la decisión como “un primer paso para revertir esta guerra contra el conocimiento y el socavamiento de oportunidades para todos”.

La administración ha dicho que los despidos buscan eficiencia, no el cierre del departamento. Trump ha pedido su cierre, pero reconoce que esto solo puede realizarlo el Congreso, según explicó el gobierno.

La administración admitió que la reestructuración “podría afectar ciertos servicios hasta que se complete”, pero asegura estar comprometida a cumplir con sus obligaciones legales.