Washington— En otro golpe al proyecto de ley de recorte de impuestos y gastos de los republicanos, el asesor parlamentario del Senado dictaminó que una propuesta para trasladar algunos costos de los cupones de alimentos del gobierno federal a los estados —una pieza central de los esfuerzos de ahorro del partido republicano— violaría las reglas de la cámara.

Si bien los fallos del asesor parlamentario son de carácter consultivo, rara vez, o nunca, se ignoran. El liderazgo republicano estaba trabajando arduamente el sábado, días antes de que se espere que comience la votación sobre el paquete del presidente Donald Trump que él quiere que se convierta en ley antes del 4 de julio.

Se espera que la pérdida sea costosa para los republicanos. Han estado contando con algunas decenas de miles de millones de dólares en ahorros potenciales del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido como SNAP, para ayudar a compensar los costos del plan de exenciones fiscales de $4.5 billones. El asesor parlamentario mantuvo por ahora una disposición que impondría nuevos requisitos de trabajo para los estadounidenses mayores, hasta los 65 años, para recibir ayuda de cupones de alimentos.

“Seguiremos luchando para proteger a las familias necesitadas”, dijo la senadora Amy Klobuchar, de Minnesota, la principal demócrata en el Comité de Agricultura, Nutrición y Silvicultura del Senado, que se encarga del programa SNAP.

“El asesor parlamentario ha dejado claro que los republicanos del Senado no pueden usar su presupuesto partidista para trasladar los principales costos de asistencia nutricional a los estados, lo que inevitablemente conduciría a importantes recortes”, dijo.

El presidente del comité, el senador John Boozman, republicano por Arkansas, dijo en un comunicado que su equipo está examinando opciones que cumplirían con las reglas del Senado para lograr ahorros y “para garantizar que SNAP sirva a quienes realmente lo necesitan, al mismo tiempo que es un administrador responsable del dinero de los contribuyentes”.

El fallo del asesor parlamentario es el último de una serie de reveses mientras el personal trabaja durante el fin de semana, a menudo hasta la medianoche, para evaluar la propuesta de 1,000 páginas. Todo apunta a serios problemas por delante para el proyecto de ley, que fue aprobado por la Cámara de Representantes con una votación partidista el mes pasado con la oposición unificada de los demócratas y ahora está siendo revisado en el Senado.

En esencia, el objetivo del paquete multimillonario es extender los recortes de impuestos del primer mandato de Trump que de otro modo expirarían si el Congreso no actúa. También agrega otros nuevos, incluyendo ningún impuesto sobre las propinas o el pago de horas extras. Para ayudar a compensar los costos de la pérdida de ingresos fiscales, los republicanos proponen recortes a los programas federales de Medicaid, atención médica y alimentos, por un valor de aproximadamente $1,000 millones. Además, el paquete aumenta el gasto en seguridad nacional en aproximadamente $350,000 millones, incluso para pagar las deportaciones masivas del presidente, que están provocando protestas en todo el país.

Trump ha implorado a los republicanos, que tienen la mayoría en el Congreso, que cumplan con su principal prioridad nacional, pero los detalles del paquete, con su mezcolanza de prioridades, están atrayendo un escrutinio más profundo.

En total, la Oficina de Presupuesto del Congreso no partidista estima que el paquete, tal como fue aprobado por la Cámara de Representantes, agregaría al menos $2.4 billones a los números rojos de la nación durante la década y dejaría a 10.9 millones más de personas sin cobertura de atención médica. Además, reduciría o eliminaría los cupones de alimentos para más de 3 millones de personas.

La oficina del asesor parlamentario tiene la tarea de examinar el proyecto de ley para garantizar que cumpla con la llamada Regla Byrd, que lleva el nombre del fallecido senador Robert C. Byrd, demócrata por Virginia Occidental, y prohíbe muchos asuntos de política en el proceso de conciliación presupuestaria que se está utilizando actualmente.

A última hora del viernes, el asesor parlamentario emitió sus últimos hallazgos, determinó que la propuesta del Comité de Agricultura, Nutrición y Silvicultura del Senado de que los estados asuman una mayor parte de la cuenta para cubrir los cupones de alimentos —lo que los republicanos llaman un nuevo acuerdo de reparto de costos— violaría la Regla Byrd.

Muchos legisladores dijeron que los estados no podrían absorber el nuevo requisito sobre la ayuda alimentaria, que durante mucho tiempo ha sido proporcionada por el gobierno federal. Advirtieron que muchos perderían el acceso a los beneficios de SNAP utilizados por más de 40 millones de personas.

Inicialmente, la CBO había estimado alrededor de $128,000 millones en ahorros bajo la propuesta de la Cámara de Representantes de trasladar los costos de la ayuda alimentaria de SNAP a los estados. Las estimaciones de costos para la versión del Senado, que realizó cambios al enfoque de la Cámara baja, aún no se han hecho públicas.

Los fallos de la oficina del asesor parlamentario dejan a los líderes del partido republicano con varias opciones. Pueden revisar las propuestas para tratar de cumplir con las reglas del Senado o eliminarlas del paquete por completo. También pueden arriesgarse a un desafío durante la votación en el pleno, lo que requeriría el umbral de 60 votos para superar. Eso sería poco probable en la cámara dividida con los demócratas oponiéndose al paquete general.

El último consejo del asesor parlamentario también dijo que la disposición del comité para hacer que ciertos inmigrantes no sean elegibles para los cupones de alimentos violaría la regla. Encontró que varias disposiciones del Comité de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado, que está dirigido por el senador Ted Cruz, republicano por Texas, están en violación. Incluyen una para proporcionar $250 millones a las estaciones de la Guardia Costera dañadas por el fuego en 2025, a saber, una en South Padre Island en Texas.

Aún están por venir algunos de los fallos más importantes del asesor parlamentario. Uno evaluará el enfoque del partido republicano que se basa en la “política actual” en lugar de la “ley actual” como la base para determinar si el proyecto de ley aumentará los déficits de la nación.

Ya, el asesor parlamentario asestó un duro golpe el jueves, al encontrar que el plan del partido republicano para desmantelar la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, que era una propuesta central del Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado, violaría la Regla Byrd.

El asesor parlamentario también ha advertido sobre violaciones sobre las disposiciones del Comité de Medio Ambiente y Obras Públicas del Senado que revertirían los estándares de emisiones de la Agencia de Protección Ambiental en ciertos vehículos y del Comité de Servicios Armados del Senado para exigir al secretario de defensa que proporcione un plan sobre cómo el Pentágono tiene la intención de gastar las decenas de miles de millones de dólares en nuevos fondos.

Los nuevos requisitos de trabajo en el paquete requerirían que muchos de los que reciben beneficios de SNAP o Medicaid trabajen 80 horas al mes o participen en otros servicios comunitarios o educativos.