Washington- El Senado de Estados Unidos se acerca el miércoles a la aprobación final de un proyecto de ley anual de política militar que autorizará $901,000 millones en programas de defensa, al tiempo que presiona al secretario de Defensa, Pete Hegseth, para que facilite a los legisladores el vídeo de los ataques a supuestos barcos de narcotraficantes en aguas internacionales cerca de Venezuela.

La Ley anual de Autorización de la Defensa Nacional, que aumentaría el sueldo de las tropas en un 3.8%, obtuvo el respaldo bipartidista a medida que avanzaba en el Senado, y la Casa Blanca ha indicado que está en consonancia con las prioridades de seguridad nacional del presidente Donald Trump. Sin embargo, la legislación, de más de 3,000 páginas, reveló algunos puntos de fricción entre el Congreso y el Pentágono a medida que la administración Trump reorienta su enfoque lejos de la seguridad en Europa y hacia América Central y del Sur.

El proyecto de ley rechaza las recientes medidas del Pentágono. Exige más información sobre los ataques con barcos en el Caribe, exige que Estados Unidos mantenga el nivel actual de tropas en Europa y envía ayuda militar a Ucrania.

Pero en general, el proyecto de ley representa un compromiso entre los partidos. Implementa muchas de las órdenes ejecutivas y propuestas de Trump sobre la eliminación de los esfuerzos de diversidad e inclusión en el ejército y otorga poderes militares de emergencia en la frontera de Estados Unidos con México. También mejora la supervisión del Departamento de Defensa por parte del Congreso y deroga varias autorizaciones de guerra de hace años.

El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, dijo que formaba parte de la “inversión que debemos hacer para garantizar que en un mundo peligroso estamos preparados para defender a Estados Unidos y los intereses estadounidenses”.

Aun así, el extenso proyecto de ley se enfrentó a las objeciones de los líderes demócratas y republicanos de la Comisión de Comercio del Senado. Esto se debe a que la legislación permite a los aviones militares obtener una exención para operar sin transmitir su ubicación exacta, como había hecho un helicóptero del Ejército antes de una colisión en pleno vuelo con un avión de pasajeros en Washington, D.C. en enero que mató a 67 personas.

“La excepción especial fue exactamente lo que causó el accidente del 29 de enero que se cobró 67 vidas”, dijo el senador Ted Cruz, presidente republicano de la Comisión de Comercio del Senado, en una conferencia de prensa esta semana.

Cruz dijo que buscaba una votación sobre la legislación bipartidista en el próximo mes que obligaría a los aviones militares a utilizar una herramienta precisa para compartir la ubicación y mejorar la coordinación entre las aeronaves comerciales y militares en las zonas de mucho tráfico.

Republicanos y demócratas acordaron incluir en el proyecto de ley de defensa una cláusula que amenaza con retener una cuarta parte del presupuesto para viajes de Hegseth hasta que éste proporcione a las Comisiones de Servicios Armados de la Cámara de Representantes y del Senado un vídeo sin editar de los ataques, así como las órdenes que los autorizan.

Hegseth estuvo en el Capitolio el martes, antes de la aprobación de la ley, para informar a los legisladores sobre la campaña militar estadounidense en aguas internacionales cercanas a Venezuela. La sesión informativa suscitó respuestas contrapuestas por parte de muchos legisladores: los republicanos respaldaron mayoritariamente la campaña y los demócratas expresaron su preocupación al respecto y afirmaron no haber recibido suficiente información.

Los comités están investigando el ataque del 2 de septiembre -el primero de la campaña- en el que murieron dos personas que habían sobrevivido a un ataque inicial a su embarcación. El almirante de la Armada que ordenó el ataque “doble”, el almirante Frank “Mitch” Bradley, también comparecerá ante los comités el miércoles en una sesión informativa clasificada que también incluirá un vídeo del ataque en cuestión.

Los legisladores han sido sorprendidos por la administración Trump varias veces en el último año, incluyendo una medida para poner en pausa el intercambio de inteligencia con Ucrania y una decisión de reducir la presencia de tropas estadounidenses en los países de la OTAN en Europa del Este. La legislación de defensa exige que se mantenga informado al Congreso sobre decisiones como esas en el futuro, así como cuando se destituya a altos mandos militares.

El Pentágono también está obligado, en virtud de la legislación, a mantener al menos 76,000 soldados y equipos importantes estacionados en Europa, a menos que se consulte a los aliados de la OTAN y se determine que dicha retirada redunda en interés de Estados Unidos. En suelo europeo suele haber entre 80,000 y 100,000 soldados estadounidenses. Un requisito similar mantiene también en 28,500 el número de tropas estadounidenses estacionadas en Corea del Sur.

Los legisladores también están haciendo retroceder algunas decisiones del Pentágono al autorizar $400 millones para cada uno de los dos próximos años para fabricar armas que se enviarán a Ucrania.

Trump y Hegseth han convertido en una prioridad la purga en el ejército de material y programas que aborden cuestiones de diversidad, antirracismo o género, y el proyecto de ley de defensa codificaría muchos de esos cambios. Derogará las oficinas y los cursos de formación sobre diversidad, equidad e inclusión, incluido el puesto de jefe de diversidad. Estos recortes ahorrarían al Pentágono unos $40 millones, según el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, controlado por los republicanos.

El ejército estadounidense considera desde hace tiempo que el cambio climático es una amenaza para su seguridad nacional, ya que las catástrofes meteorológicas pueden destruir bases y equipos militares. Pero el proyecto de ley hace recortes de $1,600 millones al eliminar programas relacionados con el cambio climático en el Pentágono.

El Congreso está escribiendo el capítulo final de la guerra de Irak con la derogación de la autorización de la invasión de 2003. Ahora que Irak es un socio estratégico de Estados Unidos, los legisladores que apoyan la disposición afirman que la derogación es crucial para evitar futuros abusos. El proyecto de ley también deroga la autorización de 1991 que sancionó la Guerra del Golfo dirigida por Estados Unidos.

Los raros movimientos bipartidistas para derogar las justificaciones legales de los conflictos señalaron un potencial apetito entre los legisladores para reclamar algunos de los poderes de guerra del Congreso.