La Corte Suprema aceptó el viernes analizar la constitucionalidad de la orden del presidente Donald Trump sobre la ciudadanía por nacimiento, que declara que los niños nacidos de padres que se encuentran ilegalmente o de manera temporal en Estados Unidos no son ciudadanos estadounidenses.

Los jueces escucharán la apelación de Trump a un fallo de un tribunal inferior que anuló las restricciones de ciudadanía. Estas no han entrado en vigor en ninguna parte del país.

El caso se debatirá en la primavera. Se espera una decisión definitiva para comienzos del verano.

La orden sobre ciudadanía por nacimiento, que Trump firmó el 20 de enero, el primer día de su segundo mandato, forma parte de la amplia ofensiva de su administración republicana contra la inmigración. Otras acciones incluyen operativos reforzados de control migratorio en varias ciudades y la primera invocación en tiempos de paz de la Ley de Enemigos Extranjeros del siglo XVIII.

La administración enfrenta múltiples impugnaciones en los tribunales, y la Corte Suprema ha enviado señales mixtas en órdenes de emergencia que ha emitido. Los jueces detuvieron efectivamente el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar rápidamente a presuntos miembros de pandillas venezolanas sin audiencias judiciales. Pero la Corte permitió que se reanudaran amplios operativos de detenciones migratorias en el área de Los Ángeles después de que un tribunal inferior bloqueara la práctica de detener personas únicamente por su raza, idioma, empleo o ubicación.

Los jueces también están evaluando la apelación de emergencia de la administración para permitir el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en el área de Chicago para acciones de control migratorio. Un tribunal inferior ha impedido el despliegue de manera indefinida.

La ciudadanía por nacimiento es la primera política migratoria de Trump que llega a la Corte para un fallo final. Su orden trastocaría más de 125 años de entendimiento de que la 14.ª Enmienda de la Constitución otorga ciudadanía a toda persona nacida en territorio estadounidense, con excepciones limitadas para hijos de diplomáticos extranjeros o de fuerzas de ocupación extranjeras.

En una serie de decisiones, los tribunales inferiores han anulado la orden ejecutiva por inconstitucional, o probablemente inconstitucional, incluso después de un fallo de la Corte Suprema a finales de junio que restringió el uso de órdenes judiciales de alcance nacional.

Sin embargo, la Corte Suprema no descartó otras órdenes judiciales que podrían tener efectos nacionales, como en demandas colectivas o aquellas presentadas por estados. En ese momento, los jueces no decidieron si la orden de ciudadanía en sí misma era constitucional.

Todos los tribunales inferiores que han examinado el asunto han concluido que la orden de Trump viola, o probablemente viola, la 14.ª Enmienda, la cual fue concebida para garantizar la ciudadanía a las personas negras, incluidos los antiguos esclavos. La ciudadanía por nacimiento otorga automáticamente la ciudadanía estadounidense a cualquiera que nazca en Estados Unidos, incluidos los hijos de madres que se encuentran ilegalmente en el país, según reglas vigentes desde hace mucho tiempo.

El caso bajo revisión proviene de New Hampshire. Un juez federal bloqueó la orden de ciudadanía en julio, en el contexto de una demanda colectiva que incluye a todos los niños que se verían afectados.

La administración también había pedido a los jueces revisar un fallo del Tribunal de Apelaciones del 9.º Circuito en San Francisco. Ese tribunal, también en julio, determinó que un grupo de estados gobernados por demócratas que demandó la orden de Trump necesitaba una orden judicial de alcance nacional para evitar los problemas que surgirían si la ciudadanía por nacimiento estuviera vigente en algunos estados y en otros no. La Corte Suprema no tomó acción en el caso del 9.º Circuito.

La administración ha argumentado que los hijos de no ciudadanos no están “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos y, por lo tanto, no tienen derecho a la ciudadanía.

“El Artículo de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda fue adoptado para otorgar ciudadanía a los esclavos recién liberados y a sus hijos —no… a los hijos de extranjeros en Estados Unidos de manera ilegal o temporal”, escribió D. John Sauer, principal abogado de la administración ante la Corte Suprema, al solicitar la revisión del alto tribunal.

Veinticuatro estados gobernados por republicanos y 27 legisladores republicanos, incluidos los senadores Ted Cruz de Texas y Lindsey Graham de Carolina del Sur, respaldan a la administración.